La rendición de cuentas y sus conflictos de intereses.

Pensamiento lateral

La rendición de cuentas y sus conflictos de intereses.

Por: Miguel Á. Martínez Castillo (*)

Es más fácil engañar a la gente, que convencerlos que han sido engañados.

Mark Twain (1835-1910). Escritor norteamericano.

A propósito de que el Congreso del estado de Quintana Roo, en apego al calendario que le establece la normatividad local, dio inicio a la revisión de las cuentas públicas estatal y municipales del ejercicio 2013.  En breve y sin menoscabo, aprobó mandar a revisión y deslindar responsabilidades las cuentas de 8 municipios: Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Tulum, Cozumel, Isla Mujeres, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos.  Salvo excepción de Benito Juárez, las observaciones generadas en los 7 municipios alcanzan los 50 millones de pesos aproximadamente, siendo Lázaro Cárdenas quien concentra poco más de 35 millones, siguiendo Tulum con 5 millones, Othón P. Blanco con aproximadamente 4 millones, Felipe Carrillo Puerto con casi 3 millones, Isla Mujeres con poco más de 3 millones, José María Morelos con casi 1 millón y Cozumel con apenas 152 mil pesos.

En el caso de Benito Juárez, el cabildo solicitó una reapertura de la cuenta pública puesto que no se han podido sustentar ciertos gastos de la pasada administración municipal.

Existen muchos mensajes que entrelíneas pueden leerse claramente.  En primer lugar, de los 8 municipios bajo revisión, 5 de ellos estuvieron bajo la administración de la oposición, pues se trata del ejercicio fiscal 2012.  Prácticamente todos los municipios que se ganaron en 2010 fueron sometidos a la observación del Órgano Superior de Fiscalización estatal. 

Podrá resultar extraño, de primera vista, que hay tres administraciones vinculadas al PRI en el grupo de municipios, pero –y por eso reitero la lectura entrelíneas- ello responde a diferencias en el mismo grupo político de dicho partido.  Edith Mendoza, quien incluso sigue encarcelada por supuesta malversación de recursos, así como Carlos Mario Villanueva, el cual sostiene una confrontación directa con grupos políticos que hoy dirigen el estado y, Aurelio Joaquín, de quien se puede pensar que sea más por el apellido que lleva, pero que la observación en términos reales es insignificante, puesto que no hubo transparencia de varios hechos realizados en su gobierno, particularmente en los empréstitos y la concesión de ciertos servicios públicos.

Más allá de los revanchismos políticos y las presiones que se pueden generar con la fiscalización de los recursos públicos, se puede deducir que esta dinámica congenia con aquel juego perverso en donde para mis amigos la justicia y para mis enemigos la ley, y al mismo tiempo limita y contamina el sistema de rendición de cuentas.  No justifico ni defiendo el hecho de que en los gobiernos de oposición –por así llamarlos en el contexto local- hayan generado desvíos de recursos y más aún si fueron gobiernos de coalición.  Lo cierto de todo esto es que una democracia no puede funcionar si no existe un eficiente sistema de rendición de cuentas por parte del gobernante.  El llegar al poder mediante un proceso de elección donde una mayoría haya depositado su confianza no es mérito para después no informar en qué gasta el presupuesto público.

Es conocido que a nivel federal el sistema de transparencia funciona regularmente, mientras que en las entidades prácticamente está acotado o restringido y, en la gran mayoría de las veces, el ciudadano tiene que acudir a la instancia federal para que la entidad gubernamental local entregue la información que se le ha solicitado.

Uno de los grandes efectos negativos que genera un sistema de transparencia limitado, es que las entidades tienen la oportunidad de incrementan sus deudas.  En anteriores columnas señalé el ascenso acelerado de varias entidades en sus deudas públicas.  En una información publicada en el diario nacional El Financiero (http://www.elfinanciero.com.mx/economia/deuda-de-estados-sube-10-en-un-ano.html), indicó que los estados y municipios incrementaron en un 10.3% el monto de su deuda en el último año, alcanzando la cifra de 481 mil 79 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal.

Chihuahua es la entidad que no solo tiene una de las mayores deudas sino la que más creció en el último año, con un 61% en relación a su economía.  En cuanto al PIB, su deuda equivale a un 8.9%, siguiéndole detrás Coahuila, que significa el 7.1% y Quintana Roo con el 6.9%.  Más preocupante es aún que dichos boquetes financieros se han visto incrementados en las deudas de corto plazo, que se usan mayormente para gastos de operación y no de infraestructura y obra pública.  Pero no se soslaya el impacto de las deudas de largo plazo puesto que comprometen a gobiernos futuros cuando se acuerdan pagarse a plazos de 20 años o más.

Quintana Roo, por su parte, presenta un preocupante panorama económico: ocupa el tercer lugar nacional en deuda poniendo como garantía sus participaciones federales, el segundo con relación a su PIB y el noveno en cuanto a deuda en términos monetarios. 

Deuda de las entidades federativa al primer trimestre de 2014.

             Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/deuda-de-estados-sube-10-en-un-ano.html

Pero la gran pregunta es: ¿por qué los estados optan por endeudarse cada vez más y, al no registrar resultados satisfactorios, la autoridad competente no los sancione?  La respuesta tiene diversas vertientes.  En primer lugar, el destino de mayores recursos por parte de la federación en los últimos 10 años sin contar con mecanismos eficientes de control y rendición de cuentas fue un primer factor.  Ello permitió tener mayores accesos a créditos financieros, comprometiendo sus ingresos futuros.  De hecho, existen entidades que aún no han ejercido el recurso federal que se les ha transferido, lo que prueba los débiles esquemas de revisión de sus cuentas.

Una segunda vertiente ha sido el frágil sistema de transparencia que hay en los estados.  Al tener el control de los congresos locales, los gobernadores colocan a discreción a los encargados de los institutos de transparencia, ya que dicha facultad recae en los diputados locales, lo que nos lleva al primer supuesto.  De esa manera, los institutos son simplemente monolitos sin función y meros espectadores.  Hoy por hoy, por ejemplo, en muchas entidades del país está vetado conocer cuánto se gasta un gobernador en medios de transporte al año.

Una tercera vertiente que encuentro es consecuencia de nuestra propia democracia.  No es un misterio que, al término de sus gestiones, los presidentes municipales optan por un espacio en el congreso de su entidad, para así posteriormente regresar, por segunda ocasión, a sus municipios y así sucesivamente.  Este círculo recurrente de varios gobernantes tiene una razón en particular, además de continuar vigentes en la política: la protección de sus actos y omisiones.  Al hacerse de un espacio en el congreso, en automático se convierten en juez y parte del proceso de revisión de las cuentas públicas, puesto que los últimos años de sus administraciones son precisamente los ex presidentes, convertidos en diputados, quienes se encargan de aprobarlas, impidiendo así un ejercicio objetivo de las finanzas públicas.  Se privilegia entonces la negociación de una cuenta por otra, en detrimento de un ejercicio transparente del gasto público.

Es evidente que hay un conflicto de intereses en la rendición de cuentas puesto que, de cierta manera, son los propios ex alcaldes quienes se encargan de revisar, discutir y aprobar sus ejercicios fiscales.  Al mismo tiempo, esto puede conllevar a que algún diputado acceda a presiones de otra índole con tal de evitar ser sancionado, aumentando así el círculo vicioso.  De esa manera, pueden seguir endeudando y generando desvíos financieros sin que exista autoridad que los sancione, puesto que la autoridad son ellos mismos.

El tintero.

Una noticia cimbró en la comunidad internacional al escuchar por parte del Rey Juan Carlos de España, su abdicación al trono.  El proceso de sucesión, que será ocupado por su hijo, el príncipe Felipe VI, se da en medio de escándalos que han empañado la imagen de la corona española: los amoríos recurrentes, su afición a la caza de elefantes y los actos de corrupción que envolvieron a la familia real, han generado la suficiente presión sobre el Rey que concluyen con su declinación.  Mientras, los españoles cuestionan el hecho de desaparecer la monarquía y establecer una República.  Gran reto tendrá el próximo Rey de España para mantener la corona en su lugar.

Parece que el mundial que está por empezar en Brasil está evocando los grandes males que tiene actualmente la región latinoamericana.  Una encuesta realizada por el Pew Research Center, con sede en Washington, arrojó que el 72% de los brasileños no están de acuerdo con el mundial de fútbol.  En lugar de gastar miles de millones de dólares en el evento, se podría destinar a combatir la pobreza, mejorar el servicio de salud y el transporte.  Mientras, en México, nos pondremos a aprobar leyes secundarias en materia energética en pleno juego mundialista sin desgastarnos en lo que cuesta mandar a la selección a Brasil.

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/