Inseguridad y pobreza (primera parte).

Pensamiento lateral.

Inseguridad y pobreza (primera parte).

Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)

La desconfianza es madre de la seguridad. 

Aristófanes (444-385 AC) Dramaturgo griego.

México atraviesa por una crisis que no sólo abarca lo político, sino social y principalmente económico.   Hoy existen dos elementos que se encuentran asociados indiscutiblemente y que están afectando severamente no sólo la calidad de vida de los mexicanos sino su propio desarrollo como nación.  Dado lo extensivo de la información, dividiré en dos partes para abarcar el mayor contenido y haces un análisis más claro.

La inseguridad y la pobreza representan signos de preocupación para la opinión pública y no es para menos.  La asociación de la pobreza con la inseguridad radica que, a falta de empleo y opciones de un ingreso mayor, se recurre a actos de robo, principalmente a casa-habitación y otros que están vinculados. 

Según un estudio presentado por la organización Causa en Común, denominado ¿tenemos la policía que merecemos?, ofrece datos que no sólo son dignos de un buen análisis sino preocupantes para los habitantes.  La situación de los cuerpos de seguridad locales –estatales y municipales- luego de la aplicación de los exámenes y filtros de confianza está, en resumen, así: 

Fuente: elaboración propia con datos del estudio ¿Tenemos la policía que merecemos? El documento puede verse en: http://aristeguinoticias.com/2807/mexico/policias-en-mexico-con-bajo-salario-escasa-seguridad-y-sin-capacitacion-causa-en-comun/

De acuerdo con el estudio, del total de elementos locales existentes en el país que ya fueron evaluados -332,928 entre estatales y municipales- hay un 20% que obtuvo su certificación pero ésta necesita ser renovada.  Es decir, al día de hoy, 64,000 elementos requieren volver a presentar sus evaluaciones para continuar, en teoría, ejerciendo su función.

Apenas en noviembre pasado, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública detalló que se había logrado evaluar al total de los policías del país, el cual tuvo un retraso de 4 años para cumplirse. Sin embargo, el círculo no fue cerrado puesto que hacía falta depurar al sector.  Únicamente, 6 entidades lograron esa meta –Campeche, Coahuila, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tamaulipas- las restantes no y otras más, como Quintana Roo, ni siquiera ofrecieron información.

Lo anterior llama la atención puesto que de las entidades más inseguras del país, únicamente Tamaulipas aparece en la lista de los que cumplieron con depurar sus elementos policíacos.  Otras como Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Guerrero, donde los niveles de inseguridad son muy altos, no se hicieron.  Pero también surge una interrogante: ¿qué se hará con los policías que sean dados de baja por no aprobar los exámenes? Aquí hay dos vertientes: una, que de no ofrecerles alternativas, paradójicamente se estaría robusteciendo el sector de la informalidad y, por ende, de la inseguridad.  La otra, de mantenerlos a pesar de no haber aprobado, lo que representa también un riesgo para los habitantes.  Un ejemplo de esto último es Veracruz, que cuenta no sólo con el mayor número de policías no aptos, luego de habérseles aplicado la evaluación, sino también con el menor número de elementos depurados.  Según el estudio, 41% de los elementos que reprobaron las evaluaciones aún siguen en activo, es decir, unos 4,907 policías (estatales y municipales). 

Al esquema de policías no aptos le sigue Sinaloa, que tiene a un 34.4% de sus elementos que no aprobaron y siguen en las calles.  Baja California Sur es tercero con 34.3% y de ahí se contabilizan a Nayarit, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo, que cuentan con un 20%.  Lo anterior ocasiona otro problema relacionado al porcentaje de elementos con respecto al número de habitantes.  De acuerdo a la ONU, se debe contar con por lo menos 2.8 agentes por cada 1,000 habitantes.  En México el promedio es de 2.2 por cada 1,000 habitantes, es decir, que existen en nuestro país alrededor de 267,853 policías -132,715 estatales y 135,138 municipales- para salvaguardar a los poco más de 119 millones de habitantes.

Solamente hay 3 entidades que superan la media nacional: Chihuahua con 10.36 agentes, Morelos con 4.98 y el Distrito Federal con 4.88, mientras que en el otro extremo se encuentran Colima, que cuenta con apenas 0.45 agentes, Coahuila con 0.63 y Tamaulipas con 0.89.  Éstas últimas obedecen al proceso de depuración pero en otros casos, como Veracruz que ocupa el cuarto lugar con apenas 1 policía por cada mil habitantes, no puede afirmarse que sea por esa razón dado que es la entidad que menos limpieza ha hecho de sus elementos.

Para cerrar el círculo de las grandes limitaciones que tienen los cuerpos policíacos en México, están las condiciones laborales.  Actualmente, sólo en 7 entidades se han ajustado los salarios.  A nivel regional, los estados del norte del país son lo que mejor pagan a sus policías: Baja California, por ejemplo, paga alrededor de 19 mil pesos mensuales a sus elementos y ocupa el primer lugar nacional.  En el sur del país, por el contrario, se encuentran los salarios más bajos: Chiapas es la entidad que menos paga a sus policías con 4,473.12 pesos mensuales.  Le siguen Puebla, con 7,200 pesos y; Yucatán, con 8,105 pesos; Oaxaca y Tlaxcala con 8,400 pesos.  A ello agreguémosle las jornadas laborales, donde en por lo menos 12 entidades –entre ellas el Distrito Federal- persisten los horarios de 24 horas de servicio por 24 de descanso.  Solamente Baja California, Baja California Sur y Querétaro respetan la jornada de 8 horas.  Las demás entidades manejan otros sistemas.

Finalmente, existen pocas entidades que ofrecen oportunidades de superación y crecimiento al interior de las corporaciones, es decir, de un servicio profesional para la policía.  Guanajuato, Nuevo León y Querétaro son los únicos que ofrecen un sistema profesional para los elemento de seguridad pública.

¿Qué es lo que nos explica esta situación interna que viven hoy los policías?  En primer lugar, permite identificar un primer problema: si bien se busca evaluar y depurar las fuerzas de seguridad pública locales, no se contempla un plan alternativo que resuelva otro problema: ¿qué hacer con los policías reprobados? No es casual encontrar, en consecuencia, ex policías involucrados en el crimen organizado.  Se atiende un problema pero paradójicamente genera otro que no se resuelve.

Aunado a lo anterior, no es suficiente con evaluar sino dar seguimiento.  La calidad es sinónimo de mejora continua.  Hoy el 20% de los aprobados no han sido evaluados nuevamente, lo que habla de que los gobiernos únicamente han cumplido –y a medias- con evaluar mas no de dar seguimiento.

En segundo lugar, tanto la depuración de las fuerzas de seguridad pública como la falta de seguimiento en su evaluación merman la presencia en número de éstas.  Hoy hay entidades que tienen menos de 1 policía por cada 1,000 habitantes y a nivel nacional ni siquiera se llega a la media que propone la ONU. 

En tercer lugar, los pésimos salarios y las jornadas laborales extendidas hablan de condiciones de trabajo deficientes que motivan a ingresar a los actos de corrupción, que pueden ir desde un soborno hasta la colaboración con grupos delictivos.  No contar con mecanismos de promoción y ascensos al interior impide la competencia y formación constante de los elementos para acceder a mejores condiciones de vida.

Estos problemas explican en gran parte por qué la seguridad pública es deficiente en nuestro país.  Los estados son exigentes en demandar cada año mayores recursos para combatir la inseguridad pero muy reticentes en aplicar cambios de fondo en sus corporaciones locales y más aún en informar sus avances.  De nada sirve destinar grandes cantidades de recurso para uniformes, armas, vehículos e infraestructura si quienes se encargan de garantizar la seguridad pública no cuentan con condiciones laborales adecuadas.  

El tintero.  

Un nuevo vídeo que involucra a Francisco Rojas Toledo, candidato por el PAN a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, recibiendo presuntamente 1.4 millones de pesos.  Ello indica dos elementos muy importantes: la corrupción en que está vinculado el candidato panista al aceptar dinero en efectivo de empresarios a cambio de asignarles obra pública y; dos, que existe un claro emisor interesado en que se desista de su impugnación contra el PRI-PVEM que ganó la elección por apenas 745 votos.  ¿Seguirán apoyándolo el PAN y PRD con esta nueva información?

Periodistas de Quintana Roo impugnaron la iniciativa de ley de protección a periodistas, presentada por el Ejecutivo local, porque ésta no pretende proteger sino limitar el ejercicio periodístico.  No se hace referencia a la protección ante el hostigamiento de servidores públicos ni de campañas de ataque y desprestigio contra los periodistas y sus familias.  ¿Qué harán los diputados en consecuencia?

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/

A la conquista de Cuba.

Pensamiento lateral.

A la conquista de Cuba.

Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)

Los Estados, para la diplomacia, no son los pueblos, sino los reyes que los dirigen o los esclavizan.

Juan Donoso Cortés (1809-1853) Diplomático español.

En la última década y media de la historia, han surgido momentos en los cuales hemos sido testigos presenciales, mismos que marcaron el destino de algunos y el ingreso a una nueva etapa para otros.  Hace 15 años en México experimentamos el fin del régimen septuagenario priísta para abrir una era de alternancia.  Un año después, en 2001, los acontecimientos del 11 de septiembre darían inicio una nueva política internacional basada en la lucha contra el terrorismo.  El 2015 se caracterizará por el comienzo de relación interrumpida hace 54 años entre dos naciones que, económica e ideológicamente, representan polos opuestos: Estados Unidos y Cuba.

Al mexicano promedio poco o nada le interesará saber que estos países, con más de medio siglo de confrontación, han decidido entablar un diálogo que, inicialmente, girará en torno a lo económico.  Hay, por supuesto, razones para atender lo doméstico por encima de lo exterior.  Sin embargo, ello también debe ser del propio interés nacional puesto que la reconstrucción de las relaciones bilaterales entre los dos países nos va a generar un impacto.

Para los defensores del socialismo y de la idea romántica de la revolución cubana, el retorno a las relaciones diplomáticas de Cuba con su archienemigo histórico será un golpe al orgullo propio. El 17 de diciembre de 2014 y posteriormente el 1 de julio de 2015, ambas naciones anunciaron el restablecimiento del diálogo, suspendido en enero de 1961 con la consecuente aplicación del embargo y bloqueo económico.  ¿Quién imaginaría hace 10 ó 15 años atrás que hoy estaría izando la bandera cubana en territorio norteamericano?

La noticia sin duda ha generado un interés en la opinión pública, al mismo tiempo que le otorgará importantes puntos positivos a la administración de Barack Obama y su partido Demócrata.  Pero detrás de ellos existen complejos temas que serán determinantes para una relación bilateral efectiva.  Hay, por lo menos 5 que en el corto plazo deberán ser atendidos: el embargo, Guantánamo (que representaría el respeto a la soberanía cubana), los derechos humanos, las relaciones económicas y la democracia.

Una condición puesta por el gobierno cubano, a través de su canciller, Bruno Rodríguez, es que no puede haber normalización de las relaciones sin la eliminación del embargo y el bloqueo que se tiene para relaciones comerciales entre inversionistas de ambos países.  El hecho es que, a pesar que desde el pasado 20 de julio se haya izado la bandera cubana –y el 14 de agosto se hará lo propio con la norteamericana- varios de los temas a discusión no dependen directamente del Presidente Obama, sino del Congreso, el cual tiene mayoría republicana.

Uno de ellos es precisamente la apertura de las embajadas.  Los legisladores republicanos ya amenazaron con bloquear todo recurso que se destine a la embajada norteamericana en la isla caribeña, así como el nombramiento de quien sea propuesto embajador por parte del Ejecutivo.  Más complicado se ha vuelto el tema que el aspirante presidencial republicano, el cubano-estadounidense Marco Rubio, señaló que, de llegar a la presidencia, rompería relaciones con el gobierno de Castro, cerraría la embajada en la isla y exigiría la extradición de fugitivos norteamericanos en Cuba, así como el cierre de instalaciones rusas y chinas que son usadas para espiar la infraestructura en el sureste norteamericano.

Otro tema que está en debate es la base en Guantánamo.  Para la oposición republicana de Estados Unidos, el cierre de la base no está en su agenda de discusión, como tampoco está en la de Cuba los derechos humanos y la apertura de derechos políticos, cuestiones que seguramente tendrán que ser discutidas.  Ello va a crear un fuerte debate interno puesto que los republicanos –y una parte de demócratas conservadores- ven como una mala señal el reconocimiento legítimo del gobierno cubano, una dictadura de más de 5 décadas.  No dudo que también se opondrán a la iniciativa del cierre de la base en la isla que ha anunciado la Casa Blanca, a pesar que en ella haya apenas 116 presos que cuestan 100 millones de dólares al año al erario norteamericano.  

Según los críticos de esta decisión del Presidente Obama, al reconocer Estados Unidos al gobierno de Raúl Castro, también estaría aceptando las prácticas antidemocráticas que durante décadas ha ejercido su familia, valores a los cuales, en teoría, no son compatibles con la filosofía norteamericana.  ¿Podrá Estados Unidos romper el cerco autoritario cubano?

Sin embargo, la noticia ha agradado a una mayoría en la opinión pública en Estados Unidos. De acuerdo a una encuesta realizada entre el 14 y 20 de julio por el Pew Research Center, 72% de los entrevistados se mostró a favor del fin del embargo económico hacia Cuba.  Asimismo, 73% aprobó la reapertura de las embajadas en ambos países.  Estos datos aumentaron con respecto a la encuesta hecha en enero del presente año.  En el primer caso fue del 66% y en el segundo del 63%.

Fuente: http://aristeguinoticias.com/2107/mundo/7-de-cada-10-estadounidenses-aprueban-el-fin-del-bloqueo-economico-en-contra-de-cuba/

Lo anterior permite obtener una deducción: que las nuevas generaciones en Estados Unidos están más interesadas en estrechar vínculos económicos, inversiones o simplemente de disfrutar los recursos naturales que tiene la isla caribeña que seguir viviendo en el recuerdo de la Guerra Fría.  Cuba, por su parte, no sólo pide la suspensión del embargo sino una compensación económica por el efecto que éste generó durante 5 décadas: 1 billón 112 mil 534 millones de dólares.

El camino en la relación Estados Unidos-Cuba no será fácil en los siguientes meses.  El panorama puede empeorar si en las elecciones presidenciales el partido Republicano ganara.  Al menos dos de sus aspirantes han manifestado posturas intransigentes hacia la comunidad latina.  Imaginar a un Donald Trump como Presidente no sólo puede ser un riesgo para la relación con Cuba sino también con México y con la propia vida del partido Republicano.  Las declaraciones despectivas hacia los mexicanos hablan de una intolerancia peor de la que se puede tener con la lactosa.

Lo más crítico es que a Trump le ha funcionado su estrategia mediática que, a pesar de ser cuestionado por sus afirmaciones, hoy le lleva 11 puntos porcentuales a su más cercano competidor, el Gobernador de Wisconsin, Scott Walker; y 12 puntos a Jeb Bush, ex Gobernador de Florida, según una encuesta hecha por la cadena televisiva ABC y el diario The Washington Post.

¿Cómo sería, bajo la dirección de un Presidente como Trump la relación con la comunidad latina?  De ello habrá que esperar como también el desarrollo de las relaciones con la isla.  El pragmatismo norteamericano hará nuevamente gala de sus herramientas para invadir Cuba de capitales, inversiones y todo lo que el libre mercado ofrece.  Al parecer, Estados Unidos entendió que la conquista de Cuba no era por la vía de las armas –como se intentó en Bahía de Cochinos- sino por el capital, un capital que la misma isla empieza a digerir paulatinamente.  Con todo ello, presenciar un hecho histórico que formará parte de la lectura obligada en los libros, es un privilegio.

El tintero.

El gobierno federal anunció la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que representó el golpe mortal a la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado (CNTE).  Le cerró la llave de recursos.  Tan sólo en los últimos 10 años, la CNTE hizo uso de 141 mil 736 millones de pesos como parte del presupuesto del IEEPO.  De ese total, sólo el 15% se usó para mejoramiento de escuelas, lo demás se fue en sueldos de los 1,840 trabajadores sindicalizados.  En el presente año, el recurso asignado y controlado –hasta ahora- por la CNTE fue de 17,788 millones de pesos, 3,600 millones más que lo que recibieron en 2014.  La pregunta obligada será: ¿y ahora quién se verá beneficiado con tanto recurso?

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/

PAN: Colaboracionismo vs rebeldía.

Pensamiento lateral.

PAN: Colaboracionismo vs rebeldía.

Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)

La política es un acto de equilibrio entre la gente que quiere entrar y aquellos que no quieren salir.

Jacques Benigne Bossuet (1627-1704) Clérigo católico y escritor francés.

El gobierno mexicano está atravesando una de sus crisis de credibilidad más altas en lo que va de su administración.  No se ha cumplido la mitad del sexenio y el Presidente es observado por la comunidad internacional como un mandatario que sencillamente no puede combatir la corrupción.  Lo que parecía ser un nuevo momento en las relaciones México-Francia (por el caso Cassez) fue abruptamente desplazado por la segunda fuga de Joaquín El Chapo Guzmán.  Lo que representó un éxito al inicio de su gobierno, hoy lo vuelve a poner de cara a la pared. 

Esta falta de credibilidad en el gobierno mexicano sin duda que también impacta en los partidos políticos, pues algunos se vuelven cómplices directos y otros, silenciosos.  En plena crisis del sistema político y presidencial mexicano, la segunda fuerza política del país renovará su dirigencia nacional.  El Partido Acción Nacional (PAN) que no ha estado exento de escándalos de corrupción, definirá su futuro institucional y político, así como el discurso frente al gobierno.  Mucho dependerá el resultado puesto que quienes compiten tienen finalidades y perspectivas diametralmente opuestas.

Ricardo Anaya y Javier Corral ya han presentado sus primeras cartas a través de sus planillas y del próximo 16 de julio hasta el 15 de agosto, ambos participantes buscarán el voto de los 476,690 militantes en el país.  Considero que es importante hablar y analizar a fondo este proceso porque el resultado marcará el comportamiento frente al gobierno.

La Comisión Nacional Organizadora de la Elección del CEN (CONECEN) fue integrada por su Consejo Nacional hace apenas unas semanas.  Su conformación fue motivo de profunda discusión puesto que dos de sus integrantes habían hecho pública su simpatía hacia uno de los hoy contendientes.  Actualmente, se encuentra en proceso de impugnación.

¿Qué puede exponerse de Anaya y Corral? ¿Cuál es el perfil de cada uno?  Ricardo Anaya, abogado y queretano de nacimiento, ha sido legislador local, secretario general y dirigente del partido –local y en un interinato, nacional- diputado federal y funcionario público durante el sexenio de Calderón.  Sus virtudes principales son su inteligencia, prudencia política, capacidad analítica, preparación y la capacidad de haber aglutinado a varias personalidades del panismo, como Josefina Vázquez, Santiago Creel, Ernesto Cordero, Ernesto Ruffo, entre otros, de los cuales algunos de ellos lo acompañan en su planilla.  Sin embargo, su mayor fuerza radica en que tiene el apoyo de Gustavo Madero y de la gran mayoría de las dirigencias estatales que, fueron factor clave para obtener las más de 235 mil firmas que presentó en su registro.

 Ricardo Anaya Cortés.

Javier Corral es un abogado chihuahuense que ya ha sido diputado local y federal, Senador, candidato a Gobernador y ha formado parte del Consejo Nacional del PAN y una de sus principales aportaciones es que, a través de una iniciativa suya, hoy el PAN elegirá a sus dirigentes, local y nacional, por la vía del voto directo.  Su trayectoria lo ubica desde muy temprana edad en el interés por el tema de la comunicación.  Especialista en el campo, fue uno de los principales conductores de interponer una acción de inconstitucionalidad a la denominada Ley Televisa, misma que ganó.  Posee amplio dominio de la información, capacidad de debate y se ha distinguido como un panista apasionado y extrovertido.  Su fuerza radica en su trayectoria de más de 20 años y el liderazgo que ha logrado construir y expandir gracias a la postura crítica hacia los gobiernos del PRI.  A ello se han sumado personalidades también como Patricio Patrón, Fernando Canales y Francisco Barrio.  Es un personaje que no puede ser aclamado o rechazado a medias, se le acepta o no.

Javier Corral Jurado.

Considero que ambos han dado certeros golpes que van a ir moviendo las preferencias.  Anaya lleva ventaja pues su campaña inició desde hace más de un año, cuando fue en fórmula con Madero para la reelección de éste, así como su campaña mediática contra la corrupción que le permitió entrar en el conocimiento de la opinión pública, pero ha sido criticado por su silencio sobre los casos de corrupción al interior del PAN. 

Corral acertó en la Secretaría General.  José Luis Luege Tamargo es una figura que goza de buena imagen y demuestra experiencia, indispensable para el manejo de la política interna del PAN que debe realizar un Secretario.  El haber obtenido las firmas requeridas significó otro punto a su favor puesto que éstas se lograron sin el apoyo de la infraestructura institucional, como afirma.

La campaña va a ser determinante para definir al ganador.  Pienso que Corral decidió muy tarde su decisión de contender por la presidencia y está consciente de que rema a contra corriente, sin el apoyo de los recursos humanos de las dirigencias locales –mismas que en teoría está prohibido- y con el tiempo en su contra.  Sin embargo, las cosas pueden dar un giro inesperado –como la contienda entre Creel y Calderón-, por eso hago hincapié en las estrategias de campaña.

Hay 2 temas que llamaron mi atención durante este primer paso que dieron ambos aspirantes y tiene mucho que ver con la legalidad.  El primero está relacionado con las firmas presentadas.  Ricardo Anaya presentó en su registro a 235,404 militantes que respaldaron su postulación.  La convocatoria exige un total de 47,701 y, de ese total, no más del 5% por entidad, es decir, 2,385.  Afirmó que en un lapso de 10 días logró juntarlas.  Ello significa que para haberlas obtenido en ese período debió generar 23,540 firmas por día y 981 por hora.  La cuestión es: ¿cómo lo consiguió?

Sólo para obtener el 10% del padrón en ese mismo período se requiere generar diariamente 4,770 firmas, es decir, 198 por hora.  Anaya lo hizo 9 veces más.  Esto genera importantes dudas de cómo, quiénes y en cuánto tiempo se integraron realmente las firmas de respaldo a favor del queretano.  Me cuesta trabajo entender cómo se establece un período tan corto (alrededor de 15 días) para recaudar casi 50 mil firmas.  Es complicado si no se cuenta con tiempo previo y una estructura humana organizada para no sólo recabarlas sino ordenar, depurar y presentarlas.    

A ello hay que agregar otro cuestionamiento. Actualmente, existen 47,883 militantes que no sólo están afiliados al blanquiazul sino aparecen en padrones de otras fuerzas políticas, lo que habla de una posible estrategia por inflar el padrón.  Tan sólo el año pasado, el PAN tenía 204,574 y en un año incrementó a 476,690, prácticamente se duplicó.  Las entidades donde más se registraron incrementos fueron Veracruz, Puebla, Nuevo León y el Distrito Federal, lugares que son prioritarios dado su número de afiliados.  La duda salta nuevamente: ¿cómo se duplicó el padrón en tan poco tiempo? 

A lo anterior se suma la exclusión de 5,736 militantes que no se ha aclarado el porqué de su salida ni razones por las cuales ya no aparecen en el padrón.

El segundo tiene que ver con las restricciones que impone la propia convocatoria.  Gobernadores en funciones y electos, dirigentes estatales y municipales, entre otros, tienen prohibido manifestar y participar en alguna campaña interna.  Es evidente que esta norma fue ampliamente rebasada por el hoy Gobernador electo de Querétaro, Francisco Domínguez, quien ofreció su respaldo público hacia su paisano, a sabiendas de tener restringida dicha acción. 

Tanto la situación actual del padrón, el activismo de algunos funcionarios a favor de uno de los dos aspirantes como el posible uso de recursos públicos e institucionales representan serios retos para la CONECEN, que deberá resolver a la brevedad para dar certeza al proceso.  ¿Por qué es importante el resultado y el proceso interno del PAN?  La respuesta tiene que ver primero con la confianza.  El ciudadano espera ver en los partidos no sólo importantes propuestas de gobierno sino dirigentes que hayan emanado de procesos internos transparentes.  Importante también es el desenvolvimiento frente a las acciones del gobierno.  El PAN se distinguió durante años como una oposición que se identificó con los intereses sociales, hasta que llegó a gobernar.

Ambos proyectos tienen, desde un particular punto de vista, perspectivas distintas sobre su relación con el gobierno.  Uno opta por la relación estrecha, a lo que yo llamo colaboracionismo, mientras que otro enfoca en su discurso el regreso a aquella oposición que hizo ganarse la confianza popular, lo que algunos columnistas llaman radicalismo político.  Anaya difícilmente podrá quitarse la sombra de Madero y su cercanía estrecha con el gobierno federal.  Corral, por su parte deberá remar a contracorriente toda la campaña.  A uno le faltará ganar credibilidad y al otro resistencia para llegar al final.  Lo más importante de esto es que los partidos deben dar muestra de civilidad y ejemplo de procesos internos justos y apegados a derecho.  Ello ayudará a aminorar el fuerte cuestionamiento que se tiene sobre los partidos.  Sería muy lamentable saber que gobiernos locales hayan utilizado recursos del erario para favorecer a algún aspirante.  De ahí, pues, radica lo interesante de este proceso. 

El tintero.

El segundo escape de Joaquín El Chapo Guzmán ha puesto al gobierno federal como incapaz de garantizar la seguridad, incluso en sus penales de máxima seguridad.  Estudiosos en el tema afirman que hubo mucho dinero y corrupción de por medio para su salida; se estima que costó 50 millones de dólares su escape, algo insignificante con la fortuna que posee, superior a los 1,000 millones de dólares, según Forbes.  El mismo ejecutivo federal afirmó que una segunda fuga de Guzmán sería imperdonable.  La pregunta es: ¿imperdonable para quién?  La noticia de la fuga también ha servido de paraguas ante la ola de problemas sociales y económicos que vive el país.  La debilidad del peso, la crisis del ISSSTE e IMSS.

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/

UBER: ¿Competencia desleal?

Pensamiento lateral.

UBER: ¿Competencia desleal?

Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)

UBER no es un servicio de taxi, sino una plataforma tecnológica que vincula al ciudadano con un servicio de chofer particular, que funciona a través de la app, es un servicio de un privado a un privado.

Ana Paula Blanco. Directora de Comunicaciones de UBER-Latinoamérica.

Debo reconocer que hasta hace unos días, no había puesto atención en un fenómeno tecnológico que está rompiendo paradigmas tradicionales en México y el mundo.  El tema me atrajo cuando leí una información donde el congreso del estado de Quintana Roo emplearía una regulación legal para impedir el ingreso de UBER, una aplicación para teléfonos móviles que tiene como objetivo brindar un servicio de transporte privado al ciudadano.

Uno pensará que la innovación tecnológica que ofrece UBER para conseguir dicho servicio a algún destino es una idea novedosa y atractiva.  Sí, en efecto lo es, pero ¿por qué entonces ha enfrentado diversos conflictos legales en países como Alemania, India, Tailandia, Estados Unidos, España y ahora México?  Para conocer la respuesta es necesario saber qué es y cómo surgió esta denominada app.

UBER fue fundada en 2009 en San Francisco, California por Travis Kalanick.  Con base en su página electrónica (www.uber.com), la empresa tiene presencia en 57 países y en más de 250 ciudades alrededor del mundo.  Su forma de operar depende de la finalidad que se tenga: ya sea para solicitar un transporte y llegar a un destino o bien para trabajar con la empresa.  Para solicitar el transporte, el usuario debe descargar de manera gratuita una aplicación en su teléfono móvil, registrar sus datos, los de su tarjeta de crédito (el servicio no maneja efectivo) y autorizar su localización vía GPS. 

Una vez registrado, el usuario solicita a UBER el servicio de transporte, el cual ofrece diversos modelos de automóviles: desde el más austero, un sedán (UBERX), hasta camionetas de lujo.  Al contratar el servicio, el cliente envía su ubicación y, en un radio de 4 km, la plataforma digital localiza al transporte más cercano para enviarlo.  Asimismo, debe registrar el destino para que UBER envíe los datos del vehículo, placas, nombre del chofer, el tiempo estimado de traslado y el costo estimado.  En todo momento, el usuario tendrá disponible el mapa del trayecto hasta su destino.  Una de las opciones del servicio es que el pago del transporte puede ser compartido entre dos o más personas, el cual se carga a las tarjetas de crédito que se hayan ingresado.  Finalmente, el servicio no incluye propina pues ésta va en el costo del servicio.

Respecto a la segunda finalidad –trabajar con la empresa- es el que más debate ha generado entre las organizaciones de taxistas y gobiernos locales.  El primer paso para trabajar con UBER, es indicar la condición o actividad económica que realiza el interesado: a) un conductor que cuenta con una actividad empresarial de transporte o dedicada al transporte, o; b) un conductor sin seguro comercial.  El segundo paso consiste en el vehículo que posee éste: un sedán o camioneta de lujo con capacidad de 4 a 6 pasajeros y; un vehículo con capacidad de 4 pasajeros y placas particulares.

El vehículo debe ser propiedad del chofer interesado en incorporarse a UBER, debe aprobar 8 exámenes (que incluyen los psicológicos, toxicológicos y de confianza), probar que no tiene antecedentes penales y capacidad para manejar.  Los vehículos a utilizar deben ser en color negro.  Una vez autorizado y haber concluido y cumplido con los requisitos, el chofer establece los horarios en que estará disponible para laborar y recibir notificaciones de servicio.  Tanto el usuario como el chofer pueden calificarse mutuamente: el servicio, trato, comodidad y seguridad.

El modo de operar de UBER es relativamente sencillo, lo complejo es el impacto que genera en la competitividad y los vacíos legales que aprovecha para expandir su mercado, el cual ha crecido exponencialmente en un corto plazo: desde su año de creación -2009- tiene registrado a unos 6 millones de usuarios que le han permitido acumular 1,200 millones de dólares en ventas.  Ello es producto de que tan sólo en el último año creció 6 veces su tamaño y para finales de 2015 habrá generado un millón de empleos.  Es una empresa con presencia en Europa, Asia, América y África.

Con esos antecedentes, UBER ha generado reacciones entre las organizaciones de prestadores de servicios de transporte (sindicatos y agrupaciones de transportistas o taxistas) en diversas ciudades del mundo.  A pesar que opera en diversos países, la mayoría coincide en que la app es un servicio que surge de la web y por tanto, aprovecha los vacíos legales para ofrecer lo que es considerado por sus críticos como un servicio de taxi.  Esta ventaja le permite a UBER sortear los requerimientos y condiciones que establecen las leyes locales para competir con el servicio público de transporte. 

Lo anterior significa no tener que ajustarse a los requerimientos de la ley que regula el servicio de transporte.  Por señalar el caso mexicano –donde UBER opera desde 2013 en Guadalajara, Tijuana, Monterrey y el Distrito Federal- las unidades que prestan el servicio con UBER no cuentan con concesiones ni requisitos como estar sometidos a operativos de revisión (que implican sanciones en caso de no cumplirlas) permisos, licencias, cromática oficial, taxímetros, seguros, el pago de impuestos, etc.

Otro detalle que se cuestiona de UBER son sus tarifas.  Si bien en la Ciudad de México se establece un precio fijo (taxímetro) para los taxis, la empresa digital aplica una propia, que con base en la información que proporcionan, la tarifa de sus vehículos básicos (UBERX) es 30% más barata que la de un taxi de sitio y su servicio de lujo, denominado UBERBlack, es de 15% a 20% más cara que un taxi convencional.

Es evidente que la introducción de UBER en México y otros países ha generado tensión para las organizaciones de prestadores de servicio de transporte, porque ofrecen un producto novedoso y atractivo.  La pregunta obligada es: ¿UBER ejerce competencia desleal?  Si se observa dese el punto legal, pienso que sí.  A pesar que la legislación local no regula a las empresas que usan como base una plataforma digital, en la práctica hay ciertas ventajas que aprovecha UBER para operar y competir en el mercado de una forma desleal.  Los permisos, las concesiones, el padrón de placas autorizadas por el gobierno, el establecimiento de tarifas oficiales, la verificación, son sólo unos ejemplos de lo anterior. 

Coincido en el punto de vista que cuestiona el mal servicio que ofrece el sistema de taxis –vehículos en mal estado, inseguridad, vínculos con el narcomenudeo y malos conductores- al público.  Sin embargo, este conjunto de problemas no sólo es responsabilidad de los sindicatos u organizaciones que ofrecen el servicio, sino también de quien se encarga de regularlo, es decir, del mismo gobierno.  En el caso particular del Distrito Federal, la proporción del incremento de los taxis con el de la población no va en la misma medida, puesto que, de acuerdo al Diagnóstico y Proyecciones de la Movilidad del Distrito Federal 2013-2018, el número de unidades de taxi creció en 2.4 veces entre 1989 y 2013, pasando de 55,000 a 132,479 mientras que la población creció 0.74% de 1990 a 2010.

Con este dato estadístico, se desarrollan problemas que explican en parte la crisis que atraviesa el sistema de taxis en México.  De entrada la tarifa, que es establecida por el gobierno, impide que el cobro por el servicio pueda variar y estar acorde a una proporción de precio-ganancia.  El hecho de que el gobierno establezca el costo de transporte puede ser susceptible a mantener un bajo precio, producto de una medida populista.  Ello se suma a la situación de los taxistas que no son dueños de las placas y deben pagar una renta diaria al propietario, lo cual impacta en sus ganancias y obliga a obtener el mayor número de pasajes poniendo en riesgo su propia seguridad.

Si se toma como referencia que diariamente se realizan 1.25 millones de viajes en taxi –sin contar los taxis pirata- en la Ciudad de México, cada taxi podría realizar en promedio 9 viajes, y si el taxista debe pagarle renta al propietario de la placa, entonces el margen de ganancias disminuye.  Y si a todo esto se consideran a los taxis piratas, que ascienden a unos 20 mil, todavía será menor la ganancia para el taxista.

Este conjunto de limitantes permite entender por qué el servicio no es eficiente y seguro, características que el usuario busca tener garantizadas.  Al incorporarse un nuevo competidor que ofrece un servicio con mejores vehículos, oportunidad de auto emplearse y, en teoría, con mejores filtros de seguridad y calidad, es evidente que el usuario optará por éste último.   Pero, ¿realmente UBER afecta a todo el sector de taxis?  Yo creo que no.  El mercado que abarca es un segmento específico puesto que todo aquel que desee contratar sus servicios debe contar con una tarjeta de crédito y un celular que contenga un plan de datos de internet así como la capacidad de instalar la aplicación.  Por tanto, se habla de un sector de la sociedad con determinado poder adquisitivo.  Sin embargo, UBER se aprovecha de la ambigüedad legal que sí tienen los taxis para funcionar sin contar con los permisos que la normatividad exige.

UBER es el ejemplo del uso de la tecnología aplicada a la vida diaria.  Mientras los taxistas establecen sitios físicos, UBER utiliza la plataforma digital como base; mientras los taxistas rentan las placas, utilizan vehículos que no son propios y laboran en un horario fijo, UBER se vale de un contrato individual para que el prestador del servicio aporte su auto y seleccione el horario en el que quiere y puede laborar.

Hay por supuesto, intereses que se afectan por parte de los sindicatos de taxistas.  El servicio de éstos es deficiente y no sólo por los elementos ya señalados sino también porque en muchos lugares ejercen un monopolio sin tener competencia que los obligue a mejorar el servicio.  Sería un gran error que se legisle para impedir la introducción de UBER, que hoy nos demuestra que está aprovechando las ventajas de la tecnología.  Lo ideal será establecer medidas regulatorias que permitan a esta empresa –y las futuras- competir en un mercado que requiere de mejor servicio.  Por lo pronto, el Gobierno del Distrito Federal presentará en 15 días una propuesta para incorporar este nuevo esquema de servicio.

El tintero.

El Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se dio cuenta que los llamados kits escolares que el PVEM otorgó a las personas durante la pasada campaña electoral, sí violentaron la legislación electoral y, por tanto, se les debe sancionar.  A casi un mes de la elección, determinaron que habían incurrido en ilegalidades.  Viven con 30 días de atraso en el tiempo los magistrados.

Parece que el triunfo de Jaime Rodríguez El Bronco en Nuevo León hizo reaccionar a algunos estados del norte para evitar un fenómeno similar, con ello que el otro año habrá elecciones locales de Gobernador en 12 entidades.  El congreso del Chihuahua aprobó una reforma que exige a todo aquel que quiera contender por la vía independiente deberá probar que no militó o haya sido dirigente de algún partido político en los últimos 3 años.  Con ello, cierra la posibilidad a cualquier ciudadano que, habiendo estado afiliado en algún partido, no pueda contender.  Dos datos interesantes de esto son que el congreso local tiene mayoría priísta y el otro año elegirán Gobernador.

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/