¿Qué tan democrática es su entidad federativa?

Pensamiento lateral

¿Qué tan democrática es su entidad federativa?

Por: Miguel Á. Martínez Castillo (*)

No se nos otorgará la libertad externa más que en la medida exacta en que hayamos sabido, en un momento determinado, desarrollar nuestra libertad interna.

Mahatma Gandhi (1869-1948) Político y pensador indio.

A lo largo de varios años, diversas instituciones, organizaciones o asociaciones, han realizado estudios para medir la democracia, el desarrollo económico, la pobreza, la violencia y una gran cantidad de elementos para determinar cómo nos encontramos frente al mundo y más propiamente, frente a nosotros mismos.  Pero, ¿qué tanto avance se ha logrado a nivel local? Es decir, ¿cuánto ha avanzado la democracia, el desarrollo económico y en general la calidad de vida en nuestra entidad? ¿Tenemos acaso el mismo nivel de democracia que nuestro estado vecino? ¿Hay menos pobreza en el centro que en el sur del país?

La Fundación Konrad Adenauer y Polilat, así como la COPARMEX, llevaron a cabo El Índice de Desarrollo Democrático de México 2013, –mismo que desde hace cuatro años se viene aplicando- un interesante esfuerzo por conocer el avance de la democracia por entidad federativa.  Mediante el análisis de tres elementos (Dimensiones), así como de una radiografía general de cada entidad, se logran conocer las virtudes y vicios de cada gobierno local: Democracia de los ciudadanos; Democracia de las Instituciones y; Ejercicio de Poder.

Una de las respuestas al por qué de la falta de democracia en las entidades se debe a la apatía ciudadana, a la violencia que restringe las libertades políticas y la ausencia de inversión económica para disminuir la brecha de las desigualdades sociales, entre otros.  Es interesante conocer que ninguna entidad presenta índices de regularidad en los elementos evaluados.  Si bien alcanzan niveles aceptables en uno, al año siguiente pierden lugares pero al mismo tiempo en otros logran recuperarse.  En síntesis, no existe una homogeneidad ni rendimiento estable en la calidad democrática de los estados.

De acuerdo al estudio, la metodología establece como máxima calificación los 10 puntos y la mínima 0 puntos.  Los resultados, según el documento, se obtienen mediante el seguimiento y evaluación de variables sociopolíticas y por la realización de encuestas a empresarios, líderes de opinión y medios de comunicación.  En cuanto a la medición de su calidad democrática, el estudio los clasifica en 4 secciones: Alto desarrollo, Desarrollo medio, Bajo desarrollo y Desarrollo mínimo.

En este año que se presentaron los resultados (que abarca el 2013), Yucatán (seguido por Baja California Sur con 9.989 puntos y Coahuila con 8.336 puntos) ocupó el primer lugar al obtener la máxima calificación, mientras que Tamaulipas fue el peor estado evaluado, con apenas 1.789 puntos.  Estos grandes contrastes –de los cuales más adelante profundizaré- se debe en parte a que las propias entidades no interactúan ni comparten experiencias de buen gobierno, y un claro ejemplo puede darse en dos entidades que, a pesar de ser vecinas, sus índices de desarrollo democrático son diametralmente opuestos: Yucatán (que es el mejor evaluado) y Quintana Roo, que ocupó la posición 22 en el ranking nacional.

Ranking nacional del Índice de Desarrollo Democrático 2013.

   Fuente: Índice de Desarrollo Democrático de México 2013 (p. 13).

Aunado a lo anterior, el año pasado los tres primeros lugares fueron ocupados por Baja California Sur, Colima y Nayarit.  Estos dos últimos ocupan en el actual estudio las posiciones 6 y 9, respectivamente, lo que comprueba la irregularidad en mantener su calidad democrática.  De hecho, de las 7 entidades que aparecieron en los primeros lugares en 2012, únicamente 3 repitieron en 2013, pero en posiciones diferentes.

Asimismo, el estudio señala un descenso en la calificación promedio del país, puesto que mientras en 2012 la calificación en calidad democrática alcanzó 5.373 puntos, el año pasado bajó a 5.056 puntos, una pérdida de más del 5%.  Esto ha sido resultado de la disminución en puntos en varias entidades:

ENTIDAD	PORCENTAJE PERDIDO CON RESPECTO A 2012 EN CALIDAD DEMOCRÁTICA.
Aguascalientes	-32%
Baja California Sur	-0.1%
Campeche	-28%
Durango	-44%
Guerrero	-4%
Jalisco	-23%
México	-31%
Michoacán	-31%
Nayarit	-24%
Puebla	-43%
Quintana Roo	-20%
San Luis Potosí	-17%
Sonora	-31%
Tabasco	-28%
Tamaulipas	-57%
Tlaxcala	-19%
Veracruz	-17%
Zacatecas	-33%

Fuente: elaboración propia con datos del Índice de Desarrollo

Democrático de México 2013.

Otro problema identificado entre las entidades fue en el libre ejercicio de derechos y libertades, que tuvo una caída de 24% con respecto al 2012.  Asimismo, el documento realiza una radiografía democrática por región: Norte, Centro, Bajío y Sur-Sureste.  En todas prácticamente hay representación de desarrollo democrático que va del más alto al más bajo, lo que habla de una heterogeneidad en el avance de dicho sistema de gobierno.

Este mismo fenómeno se presenta cuando se analizan individualmente.  Si bien los primeros lugares de la lista muestran avances en cuestión de libertades políticas, existe un decremento en el desempeño económico, o viceversa.  Mismo caso sucede con aquellas entidades ubicadas en un desarrollo medio, bajo o mínimo de democracia.  Quintana Roo, por ejemplo, que se encuentra en la posición 22 del ranking (Bajo desarrollo democrático) tuvo un desempeño dispar.  Mejoró en derechos y libertades subiendo 3 lugares (aunque a nivel nacional está en el lugar 27), pero tuvo un retroceso significativo con respecto año anterior: se fue al lugar 19 en desempeño institucional, 8 en desarrollo social, 11 en desarrollo económico, y a un nivel más particular, en cuanto a derechos políticos, la entidad se ubica en el penoso lugar 30, por encima de Durango y Tamaulipas.  Este último resultado se obtuvo mediante la consulta a personas que calificaron a esas entidades como aquellas donde no hay libertad, entendiéndose ésta como libertades políticas.

En conclusión, se puede encontrar que en el país no existe una política homogénea para el desarrollo de las instituciones democráticas, puesto que pueden coexistir dos entidades vecinas con niveles asimétricos de calidad democrática, sin que por ellas pase la sola idea de intercambiar experiencias o acciones que hayan resultado positivas en la población.  Lo anterior habla de lo lejos que nos encontramos de avanzar en un desarrollo uniforme y gradual como país.  Nuestra heterogeneidad no solo está en lo cultural, sino también en nuestra percepción del desarrollo democrático.

El tintero.

A propósito del estudio que hizo la Fundación Konrad y la COPARMEX, para el caso de Quintana Roo el panorama no pinta nada bien: de 2010 a 2013 su índice de desarrollo democrático ha sufrido una pérdida que casi es reflejo de una disminución del 50%.  En 2010 su puntaje se ubicaba en 6.019, en 2011 bajó a 5.258, en 2012 a 4.842 y finalmente en 2013 se ubicó en 3.895 puntos.  Una razón que responde a esta situación es a los niveles de inseguridad: en 2012 se presentaron 35,284 denuncias por delitos, un 7.2% más que en 2011, que fue de 32,900.  A pesar que los índices de robos disminuyó en un 4.7%, los robos con violencia se dispararon en un 22.4%.

A ello hay que agregarle lo declarado por el entonces Coordinador de la bancada del PAN en el congreso local quintanarroense, Baltazar Tuyub Castillo, quien denunció que el 45% de los policías estatales estaban asignados como escoltas del Gobernador, ex gobernadores, políticos, empresarios y esposas de altos funcionarios, es decir, de los 1,116 registrados en 2012, 498 de ellos estaban registrados como escoltas.  Datos que, como se leen, son preocupantes.

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/

¿Por qué es difícil abrir y mantener una empresa en México?

Pensamiento lateral

¿Por qué es difícil abrir y mantener una empresa en México?

Por: Miguel Á. Martínez Castillo (*)

Las grandes deudas son un privilegio de la riqueza.

Georges Duhamel (1884-1966) Escritor francés.

Ser un proveedor de servicios o recibir obra del gobierno no es un negocio seguro.  Las empresas, que en su mayoría son medianas y con una cobertura limitada –estatal o en algunas ocasiones regional- hacen todo un conjunto de malabares y peregrinajes para que el estado o el municipio les paguen.  El procedimiento, tengo plena certeza de ello, no varía en su esencia en cualquier parte de la República: el empresario no solo debe dar un adelanto del producto o servicio que le demanda el gobierno sino además contemplar el pago del bíblico diezmo que, afectado por la crisis, en ocasiones varía en 15 ó 20 por ciento.

Una vez hecho el trato, empieza el calvario.  Meses y meses transcurren antes del primer depósito para cubrir las deudas, aduciendo falta de recursos, el extravío de documentación, o sencillamente que hay que revisar los convenios porque al parecer hubo omisiones.  Pero uno se preguntará: ¿Por qué no demandar al gobierno?  No dudo que muchas empresas hayan pensado en presentarla por incumplimiento de pago, pero ello les traería más pérdidas que por aquella que están demandando.  Simplemente, quedarían marginadas de cualquier otro contrato futuro y a ello agréguele la carga del aparato estatal que estaría auditando a la empresa, ahogándola en una tramitología que no tendría fin. 

Y es que si esta es una manera de limitar el crecimiento de una empresa, su apertura no es menos difícil.  De acuerdo a un estudio denominado Doing Business del Banco Mundial y realizado en México en el presente año, abrir una empresa en México cuesta en promedio realizar 7 trámites, que equivale a 12 días y un desembolso de recursos equivalente al 11.5 por ciento del ingreso per cápita.  A nivel regional, en particular la zona latinoamericana, México está por debajo del promedio, que es de 9 trámites, 43.1 días y 33 por ciento del ingreso per cápita.  Pero, a nivel mundial quien tiene el mejor promedio es Nueva Zelanda, en donde un habitante puede abrir una empresa en 24 horas, con un solo trámite e invirtiendo el 0.3 por ciento de ingreso per cápita.

Volviendo a nuestra realidad, cuando se revisan las estadísticas a nivel estatal, los resultados son desalentadores. El mejor promedio lo tiene Guanajuato, que invierte 5.5 días, 6 trámites y 5.8 por ciento del ingreso per cápita.  En el otro extremo se encuentran Quintana Roo y Durango, en donde lo que los diferencia es el número de días y el costo del ingreso per cápita.  De hecho, Si usted tiene la intención de iniciar o invertir su dinero para iniciar un negocio en Quintana Roo, déjeme prevenirle que requerirá esperar poco más de un mes y medio –si bien le va- puesto que la entidad ocupa el último lugar nacional en días para aperturar un negocio con 48.5 es decir, cuatro veces más en tiempo que el promedio nacional.  Es de sorprender puesto que el número de trámites a realizar apenas y rebasa en dos al primer lugar nacional, Guanajuato.  Por su parte, Baja California es el estado donde más caro sale abrir una empresa, con 26.6 por ciento del ingreso per cápita.

Trámites, tiempo y costos para aperturar una empresa en 
México por entidad federativa.

Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cuanto-tarda-en-abrir-una-empresa-en-mexico.html

Pero si asegura que con el solo hecho de abrir una empresa es un viacrucis, cuando se trata de vender un servicio o ser proveedor, he ahí el verdadero problema.  Durante el primer semestre de 2014, la industria en México no solo registró bajas ventas sino que también reportaron una gran cantidad de incumplimientos de pagos por parte del gobierno (estados y municipios).  Dicha deuda, según lo ha manifestado el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), Rodrigo Alpízar Vallejo, asciende a nada menos que 100 mil millones de pesos, que equivale a una cuarta parte de la deuda total de las entidades.

Los retrasos de pagos, que oscilan entre 6 meses y 1 año, afectan a alrededor de 40 mil empresas en México y los sectores más dañados corresponden a proveeduría, servicios y obra pública.  Esta queja de los empresarios se suma a la falta de sanciones a los gobiernos por falta de cumplimiento en sus obligciones, puesto que a ellos se les aplica la ley cuando se retrasan en la entrega de alguna obra, por ejemplo.

Otro elemento es que resulta un enigma lo que los estados y municipios le adeudan a las empresas, puesto que los mecanismos de transparencia son poco claros o simplemente no existen.  Apenas y se llega a conocer el monto total de sus deudas públicas pero sin especificar por rubro.

Pero, ¿qué pasa si se invierten los papeles? No solo existe un problema de endeudamiento de los gobiernos hacia las empresas, sino de las empresas para con el gobierno, en particular con el fisco.  De acuerdo a estimaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), las empresas y corporativos en México generaron un rezago de pago de impuestos por 450 mil millones de pesos, 86% del total de la cartera de créditos fiscales.  De esa cantidad, solo 60 empresas concentraron 232 mil millones de pesos: América Móvil, Telecom, Telmex, Televisa, TV Azteca, Cemex, Bachoco, Liverpool, Kimberly, Grupo Modelo, entre otros.

Pero es evidente que este tipo de deudas las concentran las grandes empresas y en buena parte gracias al propio gobierno.  Ahí hay que hacer una diferenciación, puesto que mientras ellas gozan de no solo pasar por encima de la ley sino de recibir la exención de pagos multimillonarios por el gobierno mismo, las pequeñas y medianas empresas, aquellas que brindan servicios y obras públicas a los gobiernos locales, sufren las consecuencias no solo de la ley sino de la falta de pago.

Por eso, reflexione y valore los costos y beneficios antes de abrir una empresa.

El tintero.

El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, no encuentra sitio donde protegerse ante la oleada de críticas que obtuvo por la muerte de un niño tras el desencuentro que hubo entre la policía y habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.  Derivado de la aprobación de la denominada Ley bala, la policía usó balas de goma para repeler la manifestación y una de esas impactó en el rostro de un niño, ocasionándole la muerte.  El gobierno ha jurado que nunca se usaron dichas balas, pero manifestantes han presentado pruebas físicas de que sí. ¿Quién dice la verdad? 

Grave error de redacción se cometió en una iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal del estado de Quintana Roo al congreso local. En una reforma al Código Civil del estado, se proponía reducir los plazos para los citatorios en demandas civiles, pasando de 6 meses a ¡180 días!  Claro está, que una vez que el insignificante error fue motivo de burla en redes sociales, se apresuraron a cambiar el texto a 120 días hábiles. 

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/

Costos y beneficios de la Ley Telecom.

Pensamiento lateral

Costos y beneficios de la Ley Telecom.

Por: Miguel Á. Martínez Castillo (*)

Y entonces, habiendo sido privados de la cercanía de un abrazo o de una mesa compartida, nos quedarán “los medios de comunicación”.

Ernesto Sábato (1911-2011). Escritor argentino.

A la mayoría de los mexicanos poco o nada les interesó saber sobre el contenido de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Ley Telecom) y se llevó a casa el mensaje que tanto empresas como el propio Congreso emitieron sobre los grandes beneficios al consumidor.  Según una encuesta realizada por BGC-Excélsior, un 66% de los mexicanos consideró que las reformas en el sector de telecomunicaciones le otorgarán grandes beneficios.

Y es que no hay que emitir un juicio negativo a priori, puesto que dicha reforma trae consigo ciertos beneficios al usuario que debieran ser más bien derechos.  Creo, luego de revisar opiniones de especialistas en la materia –porque confieso que el tema es y contiene un lenguaje muy técnico- que se logra avanzar pero no como se habría deseado.  Uno de los grandes pendientes y que dejó en clara evidencia quiénes imponen las leyes en el país, fue terminar con el monopolio del Grupo Televisa y, en igual medida, de TV Azteca.

Existen varios temas que la ley abarcó y que cambió en un sentido parcial o completo, pero los que más debate generaron en el Congreso fueron: la preponderancia, las dos nuevas cadenas de televisión, el bloqueo de señales de celular, el registro de las comunicaciones, la intervención y la geolocalización de algún usuario.

Respecto de la preponderancia, fue el principal tema de debate que se tuvo en el Congreso, puesto que tanto su definición como aplicación determinarían el beneficio que se le daría a las empresas dominantes en el sector.  No omito señalar que durante la discusión, otra cuestión que llamó la atención fue el conflicto de intereses: empresarios ligados al sector de la radio o la televisión, sindicalistas, ex colaboradores de Televisa o TV Azteca, todos, eran parte del repertorio de legisladores que avaló las leyes secundarias.

La preponderania, como lo señala el texto normativo, es aquel estado mediante el cual una empresa (o agente económico) posee más del 50% de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, ya sea de manera directa o indirecta, el cual se logra medir a partir del número de usuarios, suscriptores, audiencia o por el tráfico de redes o la capacidad utilizada de las mismas:

Artículo 262.- (…) Para efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará como agente económico preponderante, en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones, a cualquiera que cuente, directa o indirectamente, con una participación nacional mayor al cincuenta por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada de las mismas, de acuerdo con los datos con que disponga el Instituto.

Lo anterior permite entonces entender que la ley fue aprobada en el sentido de declarar preponderancia por sector y no por servicio como algunos legisladores pedían en el debate.  ¿Esto qué significa? La preponderancia por sector se refiere a que podrá calificarse a una empresa como mayoritaria en el área de radiodifusión o telecomunicaciones, por ejemplo, mientras que el de preponderancia por servicios es más específico, pues puede calificar a una empresa ya sea por el servicio de que presta en radio, televisión abierta, telefonía fija y móvil, internet, televisión restringida por cable y satelital, etc.

La ventaja de la preponderancia por servicio es que permitiría detectar con mayor facilidad prácticas monopólicas.  Sin embargo, al haber dejado en el artículo 262 de la ley la preponderancia por sector, solo limitará parcialmente a las empresas que tienen mayor cobertura, como Televisa, pues mientras se le puede hallar preponderante en el sector de radiodifusión, no lo sería en cuanto a servicios, por ejemplo el de televisión restringida, donde posee más del 60% del mercado, pues la ley no especifica preponderancia en ese sentido.

Por su parte, la ley le otorga al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la facultad de declarar preponderante a aquella empresa que tenga más del 50% del mercado de algún sector y establecer las medidas para evitar la generación de un monopolio.  Y no dejo escapar la oportunidad de que el propio IFT se pronunció a favor de la preponderancia por sector y no por servicio, lo cual deja varias dudas al aire.  De hecho, hace algunas semanas estableció que las empresas América Móvil, Telmex, Teléfonos del Noroeste, Radiomóvil Dipsa (Telcel), Grupo Carso y Grupo Financiero Inbursa, que son propiedad de Carlos Slim, son agentes económicos preponderantes en el sector de telecomunicaciones, mientras que Grupo Televisa y 34 estaciones que emiten la señal de televisión abierta de dicha empresa, propiedad de Emilio Azcárraga Jean, fueron declarados en la misma condición pero en radiodifusión.

En otro orden de ideas, la ley establece la creación de dos nuevas cadenas de televisión, mismas que gozarán del acceso a la infraestructura de la empresa que sea preponderante en radiodifusión –en este caso de Televisa- para transmitir su señal. Sin embargo, esto no representa un beneficio para las nuevas cadenas, puesto que el uso de la infraestructura, además de tener un costo, la inversión para generar una propia tomará varios años, lo que permitirá mantener a los grupos predominantes en el mismo status.

Otro tema polémico fue el bloqueo de señales de celular.  En un principio, se había incluido la censura o bloqueo de ciertos contenidos en la red de internet, pero debido a las protestas de varios sectores sociales, la propuesta fue retirada.  Sin embargo, el bloqueo de señales en situaciones consideradas como críticas para la seguridad prevaleció pero con la salvedad al final de que se aplicara únicamente en los centros penitenciarios y sus entornos:

Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán:

(…) VIII. Colaborar con las autoridades competentes para que en el ámbito técnico operativo se cancelen o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su denominación.

El bloqueo de señales a que se refiere el párrafo anterior se hará sobre todas las bandas de frecuencia que se utilicen para la recepción en los equipos terminales de comunicación y en ningún caso excederá de veinte metros fuera de las instalaciones de los centros o establecimientos a fin de garantizar la continuidad y seguridad de los servicios a los usuarios externos. En la colaboración que realicen los concesionarios se deberán considerar los elementos técnicos de reemplazo, mantenimiento y servicio.

Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a colaborar con el Sistema Nacional de Seguridad Pública en el monitoreo de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para el bloqueo permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen;

Similar y en este mismo orden es el caso del registro de las comunicaciones así como de la intervención y geolocalización de algún usuario.  Sobre el primero, los concesionarios se ven obligados a llevar un registro de las comunicaciones de sus usuarios.  Esto, en un lenguaje llano y simple, no es otra cuestión que todas las comunicaciones que realicemos las personas que contamos con un dispositivo móvil, estarán almacenadas en una base de datos a la cual la autoridad judicial podrá acceder las veces que le parezca necesarias por un plazo de dos años.  Esta disposición también se encuentra enmarcada en el artículo 190 de la ley:

II. Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes datos:

a) Nombre, denominación o razón social y domicilio del suscriptor;

b) Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o multimedia empleados (incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados);

c) Datos necesarios para rastrear e identificar el origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, como en la modalidad de líneas de prepago;

d) Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así como el servicio de mensajería o multimedia;

e) Además de los datos anteriores, se deberá conservar la fecha y hora de la primera activación del servicio y la etiqueta de localización (identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio;

f) En su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad de fabricación del equipo y del suscriptor;

g) La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y

h) La obligación de conservación de datos, comenzará a contarse a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación.

Para tales efectos, el concesionario deberá conservar los datos referidos en el párrafo anterior durante los primeros doce meses en sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes, a través de medios electrónicos. Concluido el plazo referido, el concesionario deberá conservar dichos datos por doce meses adicionales en sistemas de almacenamiento electrónico, en cuyo caso, la entrega de la información a las autoridades competentes se realizará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la solicitud.

Respecto al segundo, se contempló que no sólo el registro de las llamadas debía ser controlado, sino también la ubicación.  A través de un sistema de geolocalización, la autoridad no únicamente sabrá con quién habla sino en dónde se encuentra hablando.

La ley no solamente tiene partes cuestionables sino también beneficios al consumidor, mínimos que representan un paso en medio del desierto.  Es de reconocer que varios esquemas de pago y servicios en telefonía dejarán de existir o se modificaron en beneficio del usuario, pero lo insostenible es que se quieran ver como los grandes logros de la ley de telecomunicaciones, cuando uno de ellos habría sido el romper con el monopolio que ejercen las empresas televisoras en México.

Nuevos esquemas que estipula la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

CAMBIOS EN LA LEY	Descripción
Cobros por larga distancia.	Se estableció que las empresas de telefonía no deberán cobrar cuotas por concepto de llamadas de larga distancia nacional, sea fija o móvil.  Esta disposición entrará en vigor el 1 de enero de 2015.
Servicio de roaming.	Debido a que América Móvil (donde surge Telcel) fue declarado agente económico preponderante, tendrá prohibido cobrar dicho servicio a sus usuarios.  Las demás empresas de telefonía móvil no tendrán esta prohibición pero por razones de competitividad es seguro que dejen de cobrarlo.
Portabilidad del número.	El usuario podrá conservar su número independientemente de que cambie de compañía telefónica y en un plazo de 24 horas máximo podrá gozar del uso de su número en la nueva compañía a la que se haya pasado.
Cobro por segundo.	Las empresas deberán establecer sistemas e cobro por segundo en las llamadas de telefonía móvil, sin perjudicar los planes que ofrecen en otras modalidades.  También se contemplan bonificaciones a los usuarios o descuentos en sus tarifas cuando existan fallas en el servicio o cargos indebidos.
Vigencia del saldo del celular.	Si el usuario no recargaba saldo en su celular en un período de 2 ó 3 meses, éste se perdía en automático.  Con la reforma se establece que el saldo deberá durar por lo menos 1 año.  Asimismo, la consulta del saldo será gratuita por ley.
Defensores de audiencias.	La ley establece que los concesionarios de radio y televisión deben contar con personal que atienda las quejas de la audiencia y ser resueltas en un plazo de 20 días hábiles, lo que parece ser inviable puesto que transcurrido dicho período, la queja perderá efecto.

Fuente: Elaboración propia con información de diversos medios electrónicos.

El tintero.

Si ya estaba saturado de ver tanto partido político en las boletas electorales, le tengo malas noticias.  Frente Humanista, Encuentro Social y Movimiento de Regeneración Nacional ya son, oficialmente, partidos.  Y no han terminado de entregarles sus constancias de registro por el INE cuando se detectó que en dos de ellos –Frente Humanista y Encuentro Social- habían entregado dádivas a simpatizantes para que se afiliaran o rellenaran sus asambleas.  También se detectó donaciones por parte de agrupaciones religiosas y de participación de personas vinculadas al culto religioso.  Buena manera de empezar.

Si eso no le resultó suficiente, aquí le tengo otra nueva.  En 2015, que es año electoral, los partidos podrán disponer de una bolsa económica adicional de 1,300 millones de pesos para sus operaciones.  Esto derivado de la reforma política electoral que permite a los partidos recibir un financiamiento con base en una fórmula que consiste en multiplicar el número de empadronados por el equivalente al 65% del salario mínimo vigente.  Con base en esto, los organismos locales decidieron que esa misma fórmula la aplicarán en sus entidades, incrementando en consecuencia, sus financiamientos.  Se estima que la suma de los recursos que se les dan a los partidos en las entidades es alrededor de 2,337 millones de pesos y que con esta nueva modalidad, incrementará a 3,594 millones.  ¿Y qué cree? Así es, todo saldrá de sus impuestos.

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/