Nuevos esquemas en la sucesión gubernamental.

Pensamiento lateral.

Nuevos esquemas en la sucesión gubernamental.

Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)

Come a gusto y placentero, y que ayune tu heredero.
Refrán español.

El PRI, después de 2000, sí cambió.  La afirmación puede resultar debatible pero mi argumento tiene que ver con el cambio en la mecánica de la designación de sus candidatos, en particular con aquellos que compiten en el ámbito local.  Sin embargo, es importante aclarar que el cambio no necesariamente significa, o que sea sinónimo, de mejoría.  Los medios pueden alterarse pero los fines –y los resultados- siguen siendo los mismos.

El presidencialismo en México ha venido perdiendo influencia conforme pasan los años frente al fortalecimiento del Legislativo y los gobernantes locales que han generado un interesante equilibrio y competencia para responder a la interrogante: ¿quién designará al sucesor?  En 2016 se llevaran a cabo 14 procesos electorales de los cuales en 13 entidades se renovará la gubernatura (la se incluye el proceso extraordinario de Colima) y el proceso en cómo se designarán los candidatos en cada una por parte del PRI es meritorio de una reflexión.  Lo digo no por el hecho de que sea el partido con mayor número de gobernantes en el país sino por la cuestión que, históricamente, el PRI designaba –no elegía- a su candidato presidencial y gobernantes locales a través de la figura del Presidente de la República. 

En la actualidad ya no se podría afirmar –al menos de manera categórica- que en los procesos internos existe sólo la opinión del Presidente de la República sino que, derivado de la alternancia en el gobierno, se han agregado nuevos esquemas así como actores en la toma de decisiones lo que, por un lado, permite un cierto grado de apertura a otros participantes pero al mismo tiempo hace complejo el proceso de designación del candidato.

Sin embargo, la complejidad de designar un candidato –tratándose del PRI- depende de varios factores que a nivel local deben darse: la voluntad política, el número de aspirantes, la apertura del gobernante saliente, entre otros.  En algunas entidades donde se tendrá elección el siguiente año las piezas han empezado a acomodarse de tal manera que antes de finalizar el año, los aspirantes sepan si serán o no los candidatos.  Es, pues, un método antidemocrático y excluyente pero ese es el modus vivendi del PRI.  Así nació y así le ha resultado durante sus largas décadas de vida partidista.

En Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez, ex titular de PROFECO, renunció al cargo para buscar la gubernatura, Héctor Murguía (Jefe de Políticas Públicas estatal) también hizo lo propio en su entidad Chihuahua y, Alejandro Murat (ex titular de INFONAVIT) lo hará en Oaxaca.  En Durango, por ejemplo, hay dos aspirantes que compiten: Esteban Villegas (alcalde de la capital) y la senadora Leticia Herrera aunque el primero es afín al mandatario estatal.

Aquí se presenta lo que he señalado hace unas líneas: dependiendo del número de aspirantes, la voluntad política y la apertura del mandatario local saliente a escuchar alternativas, el proceso interno de este partido permitirá contar con candidaturas en las que los no designados se sumen pero al mismo tiempo encuentren espacios para seguir vigentes.

Llama pues, la atención el caso de Quintana Roo dado que la competencia entre los aspirantes de ese partido se ha intensificado e incluso se presume que puede haber escisión interna.  Es evidente que existen aspirantes que llevan el aval del gobernante local pero también hay quienes son impulsados por funcionarios del círculo cercano al mandatario federal.  Tampoco debe descartar la influencia del hoy dirigente nacional priísta, Manlio Fabio Beltrones, quien no dudo que, al tener aspiraciones presidenciales, eche mano política para colocar piezas clave en los estados.

Según una encuesta realizada por la casa editorial El Universal, si hoy fueran las elecciones en Quintana Roo, el PRI ganaría prácticamente con una ventaja de 3 a 1 sobre su más cercano competidor (que en este caso sería el PAN) y con cualquiera de los 5 aspirantes que la encuesta contempló.

Una primera constante es que, independientemente del candidato que el PRI ponga en el estado –con base en la encuesta- ganaría con un margen de entre 34 y casi 37 puntos porcentuales, mientras que el PAN fluctuaría entre el 8 y los casi 12 puntos pero sólo si fueran en alianza con el PRD en el caso de éste último.

Otra encuesta presentada por El Universal fue en Oaxaca.  Ahí 6 son los que aspiran a ser candidatos a Gobernador pero de ellos uno –Eviel Pérez Magaña- tiene la mayor simpatía por encima de los demás, incluso de Alejandro Murat, el enviado de Los Pinos.

Ambas encuestas permiten deducir importantes puntos: en la de Quintana Roo no se pondera la preferencia hacia alguno de los 5 aspirantes priístas, es decir, no se incluyó la pregunta expresa ¿a quién prefiere como candidato del PRI a la gubernatura?, mientras que en la de Oaxaca sí.  Ello habría permitido conocer vis a vis quien está mejor posicionado.  Sería un filtro para determinar al candidato.

En segundo lugar, la competencia en términos de preferencia es abismal en Quintana Roo (3 a 1 en cualquier escenario con cualquier aspirante, sea del PRI o de la oposición) que respecto a Oaxaca.  Se entiende lo anterior dado que en Oaxaca gobierna la oposición.  La diferencia en puntos se acota en un escenario donde el PAN y PRD hacen alianza.

Sin embargo, ambas encuestas muestran un alto porcentaje de indecisos, lo que implica que muy seguramente las preferencias cambiarán en los próximos meses y dependerá en mucho de la estrategia y las acciones que planeen los partidos para obtener el voto ciudadano.

No pasó por alto el hecho que, en el caso particular de Quintana Roo, la encuesta de El Universal haya sido utilizada con fines tendenciosos, tergiversando o mal interpretando sus resultados.  El hecho de ser el más conocido no significa que tenga que ser el favorito en las encuestas.  Habría que tomar en consideración, entre otros elementos, el desempeño de los que hoy aspiran.  Cito a dos de ellos, que al mismo tiempo son alcaldes de dos de los municipios más importantes –en términos económicos- de la entidad: Mauricio Góngora (Solidaridad) y Paul Carrillo (Benito Juárez).

De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ambos municipios figuran hoy de entre los 20 más endeudados del país, es decir, que de los 2,495 que existen hoy, 839 poseen una deuda conjunta cuyo monto asciende a los 54 mil 621 millones de pesos y, de esos, 20 de ellos (donde se encuentran ambas demarcaciones de Quintana Roo) concentran el 45%, es decir, más de 24,500 millones de pesos. 

Fuente: http://www.animalpolitico.com/2015/12/cada-ciudadano-paga-hasta-3-mil-pesos-por-la-deuda-en-sus-municipios/

Pero el asunto no descansa sólo ahí.  Solidaridad ocupa hoy el primer lugar nacional en deuda per cápita.  Si hoy se decidiera pagar la totalidad de su deuda, que es de poco más de 770 millones, cada habitante del municipio tendría que desembolsar 3,378 pesos.  Para el caso de Benito Juárez, éste ocupa el sexo lugar de entre los 20 municipios más endeudados y el noveno sitio en deuda per cápita.

El tema es grave.  En los últimos 8 años, la deuda de los municipios ha incrementado en un 83% superando los 54 mil millones de pesos.  Ello no sólo significa que hayan comprometido administraciones futuras sino que además han sido muy opacos en reportar lo que hacen con los empréstitos.

Fuente: http://www.animalpolitico.com/2015/12/cada-ciudadano-paga-hasta-3-mil-pesos-por-la-deuda-en-sus-municipios/

Es necesario poner especial atención en estos factores que son medibles y que permiten conocer el desempeño del funcionario público antes de tomar una decisión.  Por lo pronto, uno puede tomar en cuenta los datos anteriores y formarse una opinión antes de optar por quién votar en el futuro.  Ya veremos cómo se desarrollará la tendencia en las siguientes semanas.

El tintero.

¿Cuánto cree que cuesta vestir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?  Según una nota de Excélsior, la toga usada por cada integrante de la Suprema Corte cuesta alrededor de 17,500 pesos.  Pero como laboran muy seguido, los magistrados optaron por elegir 3 prendas cada uno, lo que juntos hacen 33 uniformes que sumando su valor cuestan 544,500 pesos.  Por lo pronto habrá que preparar el pago por 105,500 para los 6 nuevos juegos de vestimenta para los recién nombrados ministros, Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández.  La justicia cuesta, sin duda. 

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/

Congreso à la carte.

Pensamiento lateral.

Congreso à la carte.

Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)

La diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta es la misma que entre el rayo y la luciérnaga.

Samuel Clemens, Mark Twain. (1835-1910) Escritor norteamericano.

¿Cuánto nos cuesta a los contribuyentes el salario de un legislador federal? ¿Conoce el rendimiento legislativo de su representante popular en el Congreso de la Unión? ¿Sabe qué aprobó recientemente? ¿Tiene acceso a la información detallada de lo que se gasta el Congreso, es decir, en servicios personales, gastos médicos mayores, estilista, viáticos, hoteles, vuelos, etc.?  Estas preguntas son obligatorias si decide investigar qué hace su diputado o Senador de su entidad.

En las últimas semanas, el Congreso de la Unión ha dado muestra clara de su vulnerabilidad ante los intereses de determinados sectores empresariales que, en asociación con legisladores clave en comisiones clave, han hecho de las leyes un conjunto de regulaciones a modo.  No iré muy lejos del desempeño legislativo: la reciente reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el aplazamiento del apagón analógico.

La reciente reforma aprobada en el Senado en materia de transparencia y acceso a la información, si bien aporta nuevos e importantes cambios –como los nuevos sujetos obligados- no menos es cierto que dejó de lado propuestas que habrían robustecido la normatividad.  La generación de información por parte de los sujetos obligados, el detalle en la rendición de cuentas por parte de los nuevos sujetos obligados, particularmente del Poder Legislativo, la clasificación de delitos de lesa humanidad o de violaciones graves a los derechos humanos por parte del Instituto Nacional de Acceso a la Información, entre varios otros, son sólo un conjunto de ejemplos.

Pero la falta de apertura por parte del Congreso en materia de transparencia no le es exclusiva.  Recientemente, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer un estudio donde califica a las entidades con base en 100 criterios agrupados en 10 secciones vinculados a deuda pública, tabuladores, salarios, recursos federales, excedentes, entre otros.  Los estados como Coahuila, Jalisco y Puebla fueron los que obtuvieron las calificaciones más altas (con 100) mientras que el Distrito Federal, Zacatecas, Michoacán y Quintana Roo, tuvieron los peores resultados.  Éstas últimas se caracterizaron por incumplir principalmente en proporcionar información sobre recursos otorgados para plazas y sueldos de funcionarios, el estado de su deuda pública y los criterios usados y las condiciones bajo las cuales la contrataron, comunicación social y programas.

Fuente: http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/7190445/12/15/El-IMCO-reprueba-a-Quintana-Roo-Michoacan-Zacatecas-y-DF-en-materia-de-transparencia-de-recursos.html

Pero también, de la otra faceta de la moneda, la transparencia ha permitido conocer cómo nuestros representantes legisladores hacen uso del erario.  En lo que va de 2015, el Senado dio a conocer que ha erogado 16.5 millones de pesos en un total de 69 viajes al extranjero, en los cuales se incluyen: vuelos, pasajes terrestres y viáticos.  Es decir, que cada viaje, con su respectivo traslado y viáticos, costó en promedio 239,460.66 pesos.

De estos viajes, el más caro pagado por el Senado en el penúltimo trimestre del año ascendió a 148,874 pesos que tenía como destino Estrasburgo, Francia.  Sin embargo, no supera el realizado en marzo que tuvo como valor 176,910 pesos con destino a Vietnam.

DESGLOSE DE GASTOS DE VIAJES INTERNACIONALES DEL SENADO 2015.

Fuente: elaboración propia con datos obtenidos en: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/11/30/1060424

De lo segundo, en otro orden de ideas, el Senado también aprobó recientemente un nuevo plazo para el apagón analógico.  Ahora, en lugar de que todo el país entre a la era digital a partir del 1 de enero de 2016, las televisoras tendrán un año más –hasta el 31 de diciembre de 2016- para evolucionar hacia el nuevo sistema.  Aquí cabe añadir que uno de los principales defensores del aplazamiento desde un inicio –aunque la iniciativa de posponer el apagón recayó en el Senador Roberto Gil- fue el Senador Javier Lozano, quien tiene fuertes aspiraciones a ser próximo candidato a Gobernador en Puebla.  Coincidió en que dejar a 7 millones de personas sin ver televisión iba en contra del régimen constitucional del derecho a la televisión abierta.

A pesar que la iniciativa del Senador Gil indica que el aplazamiento está enfocado a evitar sanciones económicas a las concesiones complementarias y menores (públicas, comunitarias e indígenas) para que éstas tengan hasta un año más para invertir y sustituir su infraestructura para la nueva señal digital, en el fondo la adecuación permite beneficiar al duopolio televisivo: Televisa y TV Azteca.  En México existen hoy en día 907 señales complementarias, y de esas, 846 están concesionadas a Televisa y TV Azteca.

¿A quién, entonces, le rinde cuentas el Poder Legislativo en México? El sistema político mexicano experimentó un proceso de cambio al pasar de un hiperpresidencialismo a un balance entre los poderes.  El Congreso que se encontraba subordinado a las decisiones del Ejecutivo se independizó de éste para generar dicho equilibrio.  Sin embargo, parece ser que ese fenómeno permitió la entrada de otros intereses que hoy están sometiendo y subordinando nuevamente, a los legisladores.

Imagine si supiera cuánto recibirán –los legisladores- por concepto de aguinaldo y dieta.

El tintero.

Enrique Peña Nieto inició, a partir del 1 de diciembre, su cuarto año como Presidente de México.  Lo hace en medio de fuertes cuestionamientos, un leve incremento en su imagen y con la tarea de contar con dos aliados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  En corrupción, conflicto de intereses y seguridad, el gobierno ha salido reprobado.

Ya empiezan a surgir perfiles en las 12 entidades donde habrá elección de Gobernador.  En Chihuahua, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas, entre otros, los nombres ya están sacados de la chistera.  Al parecer, ya llevan el Vo Bo de sus dirigentes.  El que aún está indefinido es Quintana Roo que, sin duda se definirá entre dos, si se habla del PRI: Carlos Joaquín y José Luis Toledo.  La oposición será un espectador más, de nuevo.

Se cumplen 100 publicaciones de Pensamiento Lateral.  Agradezco a quienes han aportado con sus opiniones por los distintos medios para mejorar en calidad y diseño, así como también a quienes me han permitido publicar en sus medios informativos.  A todos, mi agradecimiento.

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/

El color de la transparencia.

Pensamiento lateral.

El color de la transparencia.

Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)

Un gobierno eficaz, transparente, responsable y confiable, que actúe bajo el predominio de la ley,

es la base de un desarrollo sostenible, no el resultado de éste.

Kofi Annan (1938- ) Ex Secretario de la ONU y premio Nobel de la Paz. 

El último día del mes de agosto de 2015, los hoy coordinadores parlamentarios de las tres fuerzas políticas con mayor presencia en la Cámara de Diputados en México, anunciaron transparentar las erogaciones que harían cada uno de sus Grupos Parlamentarios en la nueva Legislatura federal.  Hubo incluso uno –del PRD- que prometió publicar en el portal electrónico de su partido los recursos que recibiría su bancada en San Lázaro, cuestión que no hizo, por cierto.  Así fue parte del catálogo de compromisos que anunciaron los legisladores.

Hace apenas unos días, el Senado de la República aprobó la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) misma que, en un análisis objetivo, presenta importantes cambios y avances, particularmente en cuanto a los sujetos obligados, pero, de la misma manera, lleva consigo debilidades y acotaciones que pueden limitar y lastimar el derecho a la información.

¿Por qué diversas organizaciones han mostrado su preocupación por la reciente aprobación de la LFTAIP?  La legislación abarca nuevos actores o sujetos obligados a transparentar todo aquel recurso proveniente del erario que sea ejercido por ellos.  Sin embargo, el sólo hecho de incluir nuevos sujetos obligados también genera otro tipo de retos, como lo son la adecuación de la normatividad interna de éstos y la implementación y posterior capacitación del personal que tengan que conformar para constituir sus propios comités de transparencia.

Integralia, consultora encabezada por el ex presidente del entonces IFE, Luis Carlos Ugalde, emitió una serie de recomendaciones al Congreso de la Unión que parecieron no tener el suficiente eco para verse reflejadas en la legislación pero que bien valen reproduciré en este espacio: en primer lugar, abrir al conocimiento público todo recurso y destino de éste que tengan los Grupos Parlamentario.  La LFTAIP agrega como sujetos obligados a transparentar sus recursos, a los partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, sindicatos, persona física o moral y todo aquel que reciba, además de los 3 Poderes de la Unión, y los ejerza provenientes del erario, tal y como lo indica en su primer artículo: (…) cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recurso s públicos federales o realice actos de autoridad (…).

Uno de los artículos que generó polémica en el Senado fue el 70, mismo que se relaciona con las obligaciones en materia de transparencia para el Poder Legislativo.  Aduciendo el discurso de los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, su compromiso versó en abrir las cuentas de sus Grupos para acceso público.  Pero en la Ley el planteamiento quedó ambiguo, resultando únicamente en un informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos de los Grupos Parlamentarios, es decir, tendrán la información de publicar cuánto reciben y hacia dónde lo destinaron.  Atacaron forma pero no el fondo.

Aquí bien valdría la pena señalar la propuesta hecha –y rechazada- por el Senador Javier Corral, que propuso ir más a fondo en la rendición de cuentas del Poder Legislativo.   Su propuesta se centraba, básicamente en lo siguiente:

• Los criterios de asignación para la designación de recursos a los legisladores en lo individual así como a las Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y las demás áreas del Poder Legislativo.
• Los contratos de servicios personales que hagan los Grupos Parlamentarios, Comisiones, etc., adjuntando nombres de los prestadores del servicio, montos, duración del contrato y razones de su solicitud de servicios.
• Informes semestrales del uso y destino de los recursos financieros, apoyos logísticos o económicos, dietas o cualquier incentivo asignado a los legisladores y demás órganos del Poder Legislativo, así como un informe del recurso utilizado para la realización de los informes de actividades.

Por tanto, la recomendación hecha por Integralia quedó a medias, en la forma más no en el fondo, como habían propuesto los partidos, previo a instalar la nueva legislatura federal.  Otro punto relacionado fue la urgencia de aprobar la reorganización administrativa, a fin de cumplir con los nuevos criterios marcados en la Ley.  Aquí bien vale la pena hacer extensivo el análisis hacia los nuevos sujetos obligados a transparentar sus recursos y demás requerimientos que la nueva Ley exige.  Será un enorme reto que los partidos, sindicatos, fideicomisos, etc., adecuen sus marcos legales y constituyan, por ejemplo, sus comités de transparencia.  Una nueva estructura burocrática al interior de éstos representará un costo económico y humano por no únicamente ponerlo en marcha, sino de capacitar al personal para su aplicación.

Otra recomendación fue la reducción de las Comisiones legislativas.  Actualmente, ambas cámaras suman 176 comisiones en conjunto, cada una con presupuesto asignado para su desempeño.  Sin embargo, varias de ellas no han cumplido con lo más básico: sesionar una vez por mes.  Ello significa un desperdicio de recursos económicos puesto que cada legislador que encabeza una Comisión, recibe recursos adicionales para la contratación de servicios personales y la logística de sus reuniones de trabajo.  Este punto tampoco fue abordado por los Senadores.

Otro punto interesante que no fue tomado en cuenta, fue la reducción a las partidas presupuestales de los Grupos Parlamentarios.  Si bien no tiene un vínculo directo con la nueva Ley, no menos importante es que mientras más recursos se tengan, más resistencia a transparentar lo que se recibe existe.  Sólo la pasada legislatura federal de diputados ejerció 6,500 millones de pesos, de los cuales no se tienen detalles de su  destino final.

Si bien la nueva ley prioriza la máxima publicidad, existen limitantes que se hicieron evidentes y no fueron incluidas en el texto legal.  Una de ellas tiene que ver con el derecho de audiencia.  Los solicitantes de información quedan en estado de indefensión ante un recurso de revisión puesto que el derecho de audiencia dependerá del sujeto obligado y no del solicitante ante el Instituto:

Artículo 156. El Instituto resolverá el recurso de revisión conforme a lo siguiente: (…) V. El Comisionado ponente podrá  determinar la celebración de audiencias con las partes durante la sustanciación del recurso de revisión. Asimismo, a solicitud de los sujetos obligados, los recibirá en audiencia, a efecto de allegarse de mayores elementos de convicción que le permitan valorar los puntos controvertidos objeto del recurso de revisión.

Pero algo más limitante aún fue que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), no podrá impedir que determinada información deje de ser reservada si ésta se tratara de violaciones a los derechos humanos o delitos de lesa humanidad, a menos que exista la resolución del órgano competente que considere que existe una causa de interés público que prevalezca sobre la reserva de la información (artículo 99).  Esta limitante deja atada de manos al INAI y por tanto, dependerá de lo que otras autoridades determinen:

Artículo 99. Los documentos clasificados como reservados serán desclasificados cuando: I. Se extingan las causas que dieron origen a su clasificación; II. Expire el plazo de clasificación; III. Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información, o IV. El Comité de Transparencia considere pertinente la desclasificación, de conformidad con lo señalado en el presente Título.

De reservarse este tipo de información, por lo menos no podrá accederse a ella sino hasta de cinco años, pudiendo extenderse hasta diez.

Tampoco hace referencia la ley a la definición que da a la seguridad nacional.  Si bien determina que hay información que podrá ser reservada si pone en riesgo la seguridad nacional, la legislación no define ni establece criterios para entender el significado y los alcances vinculados a la seguridad nacional y, por ende, reservar la información.

Finalmente, el nombramiento de los comisionados, que son siete, será hecho por el Senado bajo consulta pública.  Su integración seguirá siendo determinada por el sistema de partidos, particularmente por las tres fuerzas preponderantes.  Su duración de éstos será por siete años, sin posibilidad de reelección.  Las sanciones del INAI podrán aplicarse en un plazo de hasta 5 años a partir del día que se haya cometido la infracción y éstas pueden ir desde una amonestación pública hasta económica que iría de los 150 a los 1,500 salarios mínimos.

La reforma sí toma en cuenta a nuevos sujetos obligados pero no ataca de fondo temas que han sido de amplio debate y cuestionamiento ciudadano.  Abrir y transparentar los recursos de los Grupos Parlamentarios me parece algo necesario, más aún cuando existen antecedentes de corrupción y desvío.  El avance se dio, pero pudo ser más.  No hubo voluntad y el color de la transparencia fue vista desde el punto de vista de los intereses de quienes hoy diseñan las leyes.

El tintero.

La FEPADE solicitó la detención de Arturo Escobar, hasta hace un par de días, Subsecretario en el equipo del titular de Gobernación, Miguel Osorio Chong.  Escobar fue acusado de haber firmado un contrato para entregar las tarjetas Premia Platino durante el pasado proceso electoral.  ¿Será un nuevo golpe en contra de las aspiraciones del Secretario de Gobernación o se trata de una cortina de humo para distraer la atención? El tiempo dirá.

Con el cambio forzado de último momento por parte del Congreso de Quintana Roo a la paridad de género –que ahora será horizontal y vertical- una nueva disyuntiva tendrán: la SCJN anunció la inconstitucionalidad de algunos artículos de la legislación electoral de Puebla, como la obligación ciudadana de acudir al órgano electoral a depositar su firma en apoyo a una candidatura independiente.  Para ese mismo destino irá la ley quintanarroense en materia electoral.  Parece que ya se volvió costumbre que al Congreso local de Quintana Roo le expliquen con manzanas, como hacer sus leyes.

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/

En Quintana Roo no queremos paridades ni independientes.

Pensamiento lateral.

En Quintana Roo no queremos paridades ni independientes.

Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)

La primera igualdad es la equidad.

Víctor Hugo (1802-1885) Escritor francés.

¿Qué define a un país, una entidad o un municipio como democrático?  ¿Son sus leyes, el papel que juegan sus ciudadanos en la toma de decisiones, el respeto a la normatividad, su asistencia a las urnas cuando hay que elegir autoridades? Un poco de todo, si se pretende aproximarse a una respuesta concreta.

En múltiples ocasiones se ha comentado en este espacio, y por otros analistas, que la llegada de El Bronco generó una reacción al interior de los partidos políticos al grado de endurecer sus legislaciones para evitar el nacimiento de nuevos gobiernos independientes, que sustituyeran o rompieran con el monopolio del gobierno del sistema de partidos en México.  Nuevo León puso el ejemplo de lo que puede hacerse cuando los partidos no responden a sus demandas, pero también fue mismo ejemplo para otros gobiernos locales de lo que no debe permitirse en el futuro.

Esta semana, el Congreso del estado de Quintana Roo –dominado por la fracción priísta- aprobó por mayoría su reforma político-electoral para armonizar su legislación con respecto a la federal.  Fue el último estado que lo hizo de los 13 que tendrán proceso el siguiente año y al mismo tiempo el primer lugar nacional –desde un punto de vista personal- con la legislación más restrictiva para la participación de las candidaturas independientes.

En una pasada columna (Candidatos independientes ante el 2016) realicé un comparativo de 6 entidades que poseen las leyes más complejas para ser candidato independiente.  Los obstáculos iban desde elevar el porcentaje de firmas hasta la firma del ciudadano en las instalaciones del órgano electoral, pasando por la solicitud de copia de la credencial de elector.

Para la mayoría de los especialistas, Puebla es una de las entidades, junto con Chihuahua, que endurecieron sus leyes para evitar el paso de las candidaturas independientes, pero para el primer caso, éste se inspiró en la quintanarroense puesto que dicha entidad fue la primera del país en legislar en el tema.

Con la nueva legislación aprobada, la entidad caribeña se convierte en el lugar menos propicio para aventurarse en una candidatura independiente, y aquí están los argumentos: 

PRINCIPALES CAMBIOS A LA LEGISLACIÓN ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

Fuente: elaboración propia con información del decreto 344 emitido por la XIV Legislatura de Quintana Roo.

De lo anterior, llama la atención dos temáticas: la paridad de género y la complicación de las candidaturas independientes.  Sobre el primer punto, la legislación electoral no contempló la paridad en ambos sentidos, es decir, tanto vertical como horizontal.  Ello significaría que, por ejemplo, de los 10 ayuntamientos, la mitad tendrían que ser encabezadas por una mujer y la otra por un varón. 

Sin embargo, lo grave de esto es que en el propio partido mayoritario –el PRI- las diputadas avalaron estos cambios sin exigir la paridad en ambos sentidos.  La disciplina impositiva de su partido estuvo por encima de los intereses de la sociedad, en particular de su propio género.

Respecto al segundo, la nueva legislación incrementó el número de requisitos para ser candidato independiente, convirtiéndola así, en la entidad con mayores obstáculos para los aspirantes que deseen ir sin el aval de un partido político.  En primer lugar, incrementó de 2% a 3% el aval de firmas ciudadanas, mantuvo la obligación al ciudadano de acudir a las instalaciones del órgano electoral para firmar así como la entrega de la copia de su credencial de elector y no podrá acceder a la candidatura si antes no renuncia con por lo menos 3 años de anticipación a su militancia partidista.

Asimismo, sólo aquel aspirante que obtenga el mayor porcentaje de respaldo ciudadano podrá acceder a la candidatura, es decir, no podrá haber más de un candidato independiente para un mismo cargo de elección.  Finalmente, se redujo el período para la obtención de firmas de respaldo, pues para el caso de Gobernador se contemplaban 21 días, ahora serán 18 días; para los Ayuntamientos pasará de 15 a 14 días y; diputados locales de mayoría quedará en 12 días, sin cambios.

En otras entidades como Chihuahua, Sinaloa y Veracruz, el período de obtención de firmas va de 40 a 60 días para el caso de Gobernador y de 30 a 40 días para Ayuntamientos y diputados locales.  ¿Cómo podrá un aspirante independiente a Gobernador obtener alrededor de 30 mil firmas en un período de 18 días?  Tendría que recabar, en promedio, 1,667 firmas diarias para alcanzar la meta, ello sin contemplar si tuviera competencia y sin la distribución del porcentaje mínimo por distrito electoral.

Las leyes, pues, son un buen referente para medir qué tan democrática y participativa es una sociedad en su entidad.  Para el caso de Quintana Roo no sólo parece haber desinterés en el ejercicio de la política y sus métodos de representación, sino también parece que a quienes hoy legislan no parece importarles otorgar justicia a las mujeres que históricamente han demandado mayores espacios.  Esa es, pues, la democracia quintanarroense hoy día.

El tintero.

El Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES, exhortó al Congreso quintanarroense a modificar su legislación local para garantizar la paridad vertical y horizontal en la selección de candidaturas.  Esta limitación que marca el Congreso abona a otras que incluso marcan en lo inconstitucional, como el hecho de sólo existir una candidatura independiente para un cargo de elección. 

Colima vivirá nuevamente una elección local, de carácter extraordinaria. El INE destinará 2.6 millones de pesos para que los partidos hagan campaña nuevamente y 21.8 millones más para organizar el proceso.  Por violentar la regla electoral, el ciudadano deberá pagar, mediante el erario, alrededor de 24.4 millones de pesos.  Y lo más increíble es que no parece haber sanción contra quienes fueron responsables de que fuera anulada la elección. 

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/

¿Legalizar o no la marihuana?

Pensamiento lateral.

¿Legalizar o no la marihuana? 

Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)

La marihuana causa amnesia, y otras cosas que no recuerdo.

Woody Allen (1935- ) Director y actor estadounidense.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de hacer historia en un tema que ha despertado polémica, así como también los 4 ciudadanos que, sintiéndose agraviados, acudieron al máximo tribunal para encontrar justicia.  Y la hallaron.  Josefina Ricaño, Armando Santacruz, José Pablo Girault y Juan Francisco Torres Landa, miembros de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante podrán, a partir de ahora, realizar actividades que están relacionadas con la siembra, cultivo, transporte y consumo de marihuana.  Así de llano y simple.

¿En qué se basó la Corte para determinar la procedencia en la siembra y consumo de la marihuana como un acto legal para estas cuatro personas? ¿Cuáles fueron los fundamentos jurídicos y sobre todo, que implicaciones tendrá en el plazo inmediato para los actores políticos y la sociedad en general en México?  Si bien la Suprema Corte no determinó que la marihuana pueda ser consumida en México abiertamente, no menos cierto es que dejó aperturado el camino para que otros ciudadanos sigan el mismo procedimiento para conseguir el amparo de la ley y consumirla.  No dudo que así será.  Pero también el fondo de esta sentencia obligará al Estado mexicano a entrar al debate sobre su posible legalización. 

Con base en la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, en México, el consumo de la marihuana incrementó de 0.8% a 1.5% en la población.  Asimismo, la edad promedio de consumo disminuyó, pasando de los 20.6 a los 18.8 años de edad.  En general, en el país existen aproximadamente 5.7 millones de personas consumidoras de la hasta hoy droga ilegal, de los cuales 550 mil están declarados como dependientes.  Estos datos hacen de la marihuana la droga más consumida en el país.

En este mismo orden de ideas, de acuerdo al estudio denominado Legalización de la marihuana, ¿a qué precio?, realizado por el Instituto Nacional de Psiquiatría y el Centro de Integración Juvenil, la marihuana posee alrededor de 400 componentes químicos y las consecuencias a la salud pueden ser: respiratorias, taquicardia, hipertensión, mal formación en los neonatos o incluso la muerte súbita, infertilidad, arritmias cardíacas, trastornos de ansiedad, depresión, esquizofrenia, episodios de suicidio y, hasta un 70% de posibilidad de contraer cáncer, principalmente de testículos, entre otras causas.

Es evidente que toda droga, y más aún si ésta se consume en exceso, genera un daño irreversible a la salud.    Sin embargo, la resolución de la Corte privilegió el derecho humano que tenemos las personas a decidir sobre nuestra integridad.  Es claro que hoy, un porcentaje importante de la sociedad mexicana tiene fuertes resistencias hacia la regularización de determinadas drogas.  No por ello la encuesta de agosto de 2013 que realizó Gabinete de Comunicación Estratégica reflejó una oposición del 49.6% a legalizar la marihuana.  Más aún, el 53.1% se manifestó en contra de usarla con fines recreativos; un 34% pensó que legalizarla aumentaría la violencia en el país y 45% que, en caso de hacerlo, el gobierno debería controlar su producción.

El tema de la legalización de la droga ilegal más consumida en el país es un debate que debe atenderse y no por cualquier actor político.  Más importancia tiene cuando las estadísticas nos muestran que México es el segundo productor a nivel mundial de marihuana con 12 mil hectáreas (2011), sólo después de Marruecos.

Coincido en lo que algunos analistas señalan que el Senado sería un espacio idóneo para la discusión del tema, puesto que el equilibrio de fuerzas, el debate y las ideas tendrían mayor nivel de exposición.  Sin embargo, ¿por qué tiene que ser el Poder Judicial quien ponga en la antesala los grandes temas en México?  Un antecedente inmediato fue sin duda el matrimonio entre parejas el mismo sexo y ahora vuelve a abrir camino con la marihuana. ¿Por qué entonces el Poder Legislativo y más aún el Ejecutivo son meros actores reaccionarios? ¿Por qué abren el debate por efecto y no por iniciativa?

Lo anterior es reflejo de la postura que hasta los últimos días han manifestados las fuerzas políticas con mayor presencia: el PRI no rechaza el debate pero considera que la consulta pública ayudaría a solucionar la posible legalización; el PAN, más reservado, propone un debate; el PRD es el único que apoya la medida de la legalización abiertamente.  A pesar del evidente rechazo social que existe en torno a la legalización de la marihuana, ésta responde más a la construcción de una idea asociada a que si se permitiera su producción y consumo con fines lúdicos, generaría un gran daño a la salud de las personas.  Este prejuicio bien puede ser rebatido: en el país como en gran parte del mundo, la venta de otros productos –por no llamarlos drogas- han provocado males similares a la salud y se hace de forma legal, como el alcohol y el tabaco, por sólo señalar dos ejemplos.  La pérdida de vidas humanas, producto de la persecución y combate al narcotráfico es otro de los grandes costos que el país ha tenido que soportar.  El resultado de una política pública que persigue y sanciona la producción, consumo y venta de esta droga, ha tenido un alto costo no sólo en la salud sino en lo económico.

Existen, además, ejemplos internacionales que bien pueden servir de modelos para una regulación, en caso de aprobarse la legalización.  Uruguay, sin duda, es el primer país que dio ese paso en 2013.  Con la creación del Instituto de Regulación y Control de Cannabis, el gobierno del entonces Presidente José Mújica, regulará la entrega de plantas para la producción de marihuana.  Otras regulaciones que el gobierno sudamericano aprobó fue que la portación puede ser de hasta 40 gramos por persona mensuales, misma que puede ser adquirida en farmacias (en México la posesión es de 5 gramos), el cultivo personal máximo por hogar es de 6 plantas y su publicidad está restringida al igual que su consumo en lugares públicos cerrados.

Este y otros modelos bien pueden permitir conocer bajo qué criterios se está regulando la marihuana, sus efectos no sólo en la salud sino también en su valor comercial en el narcomenudeo y el impacto que puede tener sobre éste. 

  

PAÍSES DONDE LA MARIHUANA ESTÁ REGULADA.

Fuente: elaboración propia con datos de: http://de10.com.mx/vivir-bien/2014/10/29/10-paises-donde-el-consumo-de-marihuana-es-legal y https://circulodeanalisiseconomicodelderecho.wordpress.com/2015/03/14/analisis-economico-de-la-legalizacion-de-la-marihuana/

Estos y otros países son claros ejemplos de experiencias que pueden ayudar a la construcción de un debate serio, informado y con resultados tangibles.  Combatir las drogas genera un alto costo económico y en pérdidas humanas, por lo que es necesario abrir el tema a una discusión que genere nuevas alternativas.  La Corte, de nueva cuenta, puso el puente para el diálogo.  Dependerá del Ejecutivo, los partidos, el Congreso y la sociedad analizar cuáles son los costos y beneficios inmediatos que la legalización de la marihuana puede tener.  Yo no soy consumidor pero creo que una regulación bien planeada, ayudará a solucionar uno de los grandes problemas de este país.  Además, creo también que cada persona tiene el inalienable derecho a decidir qué consumir y que no, como lo hacemos hoy en día con el tabaco y el alcohol.  De hecho, el año pasado, en 20 estados el país el consumo de esta droga fue superior al del alcohol y el tabaco.  Lo primero, pues, será derrumbar esa construcción social que resulta insostenible ante tanto costo de vidas.

El tintero.

La ciudad de Cancún está siendo afectada por un número inusual de homicidios contra mujeres, mismo que ha abierto el debate sobre si éstos corresponden o no a feminicidios.  La ley establece parámetros para distinguir un homicidio de un feminicidio, por lo que es importante conocer los detalles de las muertes de las hasta hoy 5 mujeres asesinadas en un lapso menor a un mes.  No dudo que, ante tantos problemas sociales y de seguridad, exista dicha clasificación en no menos de un par de ellas.  Son la consecuencia de políticas públicas erróneas en materia de seguridad y prevención.

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/

Los intereses detrás del apagón analógico.

Pensamiento lateral.

Los intereses detrás del apagón analógico.

Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)

Encuentro la televisión muy educativa. Cada vez que alguien la enciende, me retiro a otra habitación y leo un libro.

Groucho Marx (1890-1977) Actor estadounidense.

¿A quién beneficia retrasar el apagón analógico en México? ¿Cuál será el costo que tenga que asumir el Estado mexicano? Son muchas dudas –e intereses- que hay detrás por evitar que se cumpla el mandato constitucional que marca como deadline el 31 de diciembre de 2015.  Para muchos sectores de la sociedad, el tema pasa incluso desapercibido y lo único que interesa es que puedan seguir viendo televisión.  Sin duda que esto va más allá de sólo sintonizar un aparato digital.

Muy brevemente, es importante exponer algunos antecedentes que permitirán conocer cómo se fue introduciendo el apagón analógico en México así como el comportamiento hoy en día de diversos legisladores federales de las principales fuerzas políticas del país acerca de posponer nuevamente el paso a la Televisión Digital Terrestre (TDT).  La instrucción constitucional que derivó en el apagón analógico inició en 2004, mediante decreto del entonces Presidente Vicente Fox, quien propuso –y así se redactó - concluir el apagón analógico hasta 2021.  Sin embargo, en el sexenio de Felipe Calderón, éste cambió la fecha y propuso que fuese el 31 de diciembre de 2015.  Ello generó un conflicto legal que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tuvo que resolver, en este caso, a favor del hoy ex mandatario.

Ahora bien, ¿qué implica o en qué consiste el apagón analógico? En síntesis, representa el cambio en la forma en cómo llega la señal al televidente, es decir, en cuanto a la cantidad  utilizada del espectro radioeléctrico (el espacio donde transitan la señales de televisión), la calidad de la imagen, sonido y el número de canales disponibles para transmitir, entre otros.  Esto último se traduce en la apertura a nuevas empresas que podrán ofrecer paquetes de canales.

LA EVOLUCIÓN HACIA LA TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE.

Fuente: http://www.tdt.mx/localidades-septiembre_tdt.html#sthash.OmlehjOg.dpbs

A mediados de 2013, la transición hacia la era digital en televisión comenzó en Tijuana.  Posteriormente, en mayo de 2014 le siguieron Monterrey, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros.  A finales del presente mes de octubre, Torreón, Gómez Palacios (Durango) y San Luis Río Colorado (Sonora) están por cambiar.  En noviembre de este mismo año, tocará turno a la Ciudad de México, Guadalajara, Cuernavaca, Puebla, Querétaro, Veracruz, Mérida, Mexicali, León, Celaya, Torreón, Jocotitlán, San Luis Potosí, Villahermosa y Jalapa.  Se estima que al 31 de diciembre, se haya cubierto la totalidad del territorio mexicano.  Para ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), deberá entregar diariamente 48,866 televisiones para alcanzar la meta de los 9.4 millones de equipos destinados a las personas de escasos recursos y éstos accedan a la transmisión digital.

¿Cuál es el impacto de la transición de la era analógica a la digital y por qué existe resistencia a cumplirla como dicta el quinto transitorio constitucional en materia de telecomunicaciones?  ¿Por qué legisladores federales han salido a respaldar la solicitud de Grupo Televisa para posponer el apagón analógico hasta diciembre de 2016?  Según el argumento del Presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, continuar con el apagón analógico dejaría a 7 millones de personas sin acceso a la televisión en México, y antes que nada está el derecho al acceso a la televisión abierta de los mexicanos menos aventajados socioeconómicamente hablando.

Sin embargo, el asunto tiene doble fondo.  Hoy, la distribución de las telecomunicaciones en México, particularmente la televisión, pertenecen a Televisa y TV Azteca, que concentran la mayor proporción de infraestructura en frecuencias de televisión asignada.  En cuanto a la concesión de frecuencias televisivas de uso privado, ambas empresas concentran el 88%, lo que les permite tener la mayor parte del mercado televisivo en el país.  Ello se traduce, si se revisa la captación de la audiencia en México, que ambas empresas tienen el 95.4%, siendo Televisa la de mayor concentración con el 70.5%.

Uno de los principales efectos que tendrá el apagón analógico será romper con el esquema anterior.  El Estado mexicano recuperaría una gran cantidad del espectro radioeléctrico –que hoy está en manos de ambas televisoras y que representa un alto valor económico- para posteriormente abrirla a la competencia.  Significa, pues, que con esta apertura, nuevas empresas podrían hacer uso del espectro radioeléctrico y vender sus paquetes a precios competitivos.  Ello no sólo implicaría el acceso a nuevos paquetes de televisión sino también a otros servicios multi plataforma que ofrece internet, como la televisión en línea.

Paralelamente, tuve oportunidad de presenciar el panel denominado Apagón analógico: lo que está en juego, organizado por Senadores de distintas fuerzas políticas en la sala de comparecencias del Senado el pasado 27 de octubre.  Ahí se expuso, con base en estudios realizados por IPOBE AGB, la compañía que hasta 2012 se encargaba de medir el rating de la televisión en México, que existe una constante próxima a comprobarse: a mayor acceso a banda ancha, menores niveles de rating.  Sólo Televisa perdió más de 4 puntos de rating en horario estelar entre 2010 y 2011, pasando de 69.8% a 65.4%.

Asimismo, entre 2008 y 2013, el porcentaje de mexicanos que ven televisión abierta disminuyó drásticamente, pasando de 84% a 72%.  Ello obligó al duopolio televisivo en México a establecer distintos criterios –incluso ilegales- para cobrar a los anunciantes.  ¿Esto qué significa? Que ante la introducción de más opciones para el televidente, la audiencia para ambas televisoras disminuye, lo que genera bajas en el rating y, por consecuencia, el abaratamiento en el costo de los anuncios.  Actualmente, y sólo como dato ilustrativo, anunciarse en el noticiero del periodista Joaquín López-Dóriga por 20 segundos cuesta 881,060 pesos.

El apagón analógico implicará que poco a poco el acceso a nuevas alternativas del sistema de televisión abierta, generando competencia en el sector.  Ello, sin duda, significará que los precios tengan que ser más competitivos.  De seguir la tendencia a la baja en el rating televisivo abierto, la inversión en publicidad también tendría una contracción.  Sólo en los últimos 3 años, el gobierno federal ha gastado cerca de 19 mil millones de pesos en comunicación social; de ese total, el 29% (5,500 millones) lo acaparan Televisa y TV Azteca.

Me resulta falso y populista el argumento dado por el presidente de Televisa, al señalar que millones de personas se quedarían sin acceso a la televisión por el apagón analógico.  De hecho, ninguno de los canales abiertos en México logra una cobertura mayor al 79%, lo que demuestra que aún sin apagón, hay un buen número de mexicanos que hoy no acceden, por lo menos, a la televisión abierta.

Finalmente, ¿qué se pone en riesgo y qué intereses están detrás de posponer el apagón analógico?  El siguiente cuadro será de ayuda para responder a la pregunta:

Fuente: elaboración propia con datos de http://www.proceso.com.mx/?p=419273 y http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=681097&v=6&po=4&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=681097&v=6&po=4

Del asunto me queda claro que lo que menos interesa es si los mexicanos pueden tener acceso a mejor calidad de señal televisiva.  No es de sorprender que hoy salgan legisladores a defender la propuesta so pretexto de no dejar a un solo mexicano sin acceso a la televisión.  Ningún país tiene la totalidad de la cobertura, los niveles alcanzan el 95% en promedio.  El gobierno mexicano, los gobiernos locales, las televisoras en su conjunto, han tenido 11 años para dar el salto a la señal digital.  Me parece un falso debate pensar que se esté abogando por aquellos que se queden sin televisión (hay decodificadores).  Parece que el síndrome del populismo que tanto ha preocupado en la clase política ha contagiado a algunos Senadores. 

El tintero.

El pleno del Congreso del estado de Quintana Roo aprobó la creación de un nuevo municipio: Puerto Morelos, mismo que se desprende de Benito Juárez, en el que se encuentra la ciudad de Cancún.  Ahora, la entidad contará con 11 ayuntamientos.

El debate que habrá la siguiente semana en la SCJN por el uso legal de la marihuana ha generado la atención de varios sectores de la sociedad.  Habrá que estar atento a los argumentos y la decisión que apruebe la máxima sala.

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/