Pensamiento lateral.
Corrupción: ¿sistémica o cultural?
Por:
Miguel Á. Martínez Castillo. (*)
La corrupción no es obligatoria.
Robinson Jeffers (1887-1962). Escritor y dramaturgo estadounidense.
Retomo una fracción de una
entrevista que sostuvo el Presidente Enrique Peña con 6 periodistas en octubre
de 2014, organizado por el Fondo de Cultura Económica (FCE). Ahí, el Ejecutivo Federal sostuvo que la
corrupción es un mal de orden cultural. Por
su parte, León Krauze –uno de los periodistas- le refutó que la corrupción no
puede ser cultural, puesto que en Estados Unidos viven hoy 13 millones de
mexicanos que pagan multas, respetan los altos y las leyes.
¿Es la corrupción un mal endémico
de tipo cultural de nuestra sociedad? La mayoría de los analistas contrasta con
la afirmación del Presidente mexicano pues se piensa que el problema tiene que
ver con una cuestión sistémica, es decir, que ante la falta de respeto y
aplicación de la ley por parte de la autoridad se ha generado la corrupción. Pero más allá de esto, ¿cuánto nos cuesta la
corrupción en México? Según el Observatorio Económico México, ¿cómo vamos?, los índices de costo llegan a los 341 mil
millones de pesos anualmente y una pérdida en el PIB del 2%. Sólo en 2014, la corrupción ahuyentó 2 mil
millones de pesos en inversión privada y 1 mil millones de dólares de inversión
extranjera. Para el Banco de México, la corrupción
le ha costado al país poco más de 1.6 billones de pesos, es decir, 9% de su PIB
y 80% de la recaudación de impuestos nacional.
De manera paralela, la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) señaló que hay 86 mil millones de pesos de
recursos públicos que fueron desviados, subejercidos o usados para pagos
indebidos. Sólo en 2010, Transparencia
Mexicana indicó que 32 mil millones circularon sólo para el pago de mordidas, y los hogares con un salario
mínimo deben destinar una tercera parte de su ingreso para pago de actos de
corrupción. De ese tamaño es el
problema.
Hace unos días daba lectura a un
artículo digital en la revista Nexos,
(Breve análisis político del discurso anticorrupción
en México, Luis Gabriel Rojas, 20 de agosto de 2015) donde se analiza la
corrupción desde un punto de vista político e ideológico. El autor parte de una pregunta básica que se
enfoca al objetivo del combate a la corrupción: ¿por qué las estrategias para combatir la corrupción se dirigen a
ciertos grupos de interés y no a otros?
Para contestarla, recurre al análisis político ideológico: ésta la
explica como un mecanismo de control no coercitivo, mediante el cual la clase
gobernante establece una determinada realidad en la cual los gobernados ven el
abuso como algo natural y sin posibilidad de respuesta o reacción
política. Dice asimismo el autor: un mecanismo ideológico efectivo tiene la
propiedad de que logra introducir en el sentido común de los perdedores y de la
oposición una creencia, método, teoría, o forma de ver la vida que favorece los
intereses del grupo dominante. De manera que, la misma oposición reproduce el
lenguaje, prácticas y actitudes que sustentan las condiciones de marginación.
En México, el discurso sobre la
corrupción es que ésta se encuentra en todos lados. Ello es cierto, la corrupción no distingue
estratos socioeconómicos ni género. Sin embargo,
el discurso gubernamental no distingue entre la corrupción que se da entre la
clase política gobernante y la que ronda y se practica en la base social. ¿Tiene el mismo impacto aquel conductor que le
da una “mordida” al policía para que no lo infraccione a aquella donde un
servidor público otorga una obra pública desapegada a la ley a una empresa
constructora? Para el gobierno sí pero
en realidad el efecto es distinto. Con base
en el artículo citado, los resultados socioeconómicos son absolutamente
distintos. Para ello, el análisis
clasifica el primero –aquella que otorga el soborno al policía- como
redistributiva, mientras que la segunda como extractiva. Se entiende que la primera otorga una
redistribución o reparto económico en el plano social mientras que la otra
genera desigualdad y obstruye el desarrollo económico. Yo pienso que ambas generan obstrucción pero
coincido en que cada una a distintas escalas y con diferentes efectos. Volveré más adelante con este punto.
Hace dos años el Barómetro Global
de la Corrupción afirmó que el 90% de la población consideró a la corrupción
como un problema y 88% como una práctica frecuente o muy frecuente. Agregó también que un 52% lo considera como
un hábito, un acto normal y cotidiano. Lo
anterior permite comprender, en cierta manera, cómo el nivel de corrupción en
México ha ido aumentando y rebasando las esferas sociales y políticas. Un ejemplo de lo anterior se puede demostrar
con las obras que se asignan por parte del gobierno (en este caso locales) a
las constructoras en plazos menores a los establecidos por la ley es decir,
donde las convocatorias duran menos y las obras se asignan sin respetar los
tiempos marcados en la normatividad:
Fuente: http://www.nexos.com.mx/?p=26157#ftnref9
Lo anterior permite observar que
los actos de corrupción identifican entidades que hoy son cuestionadas por
diversos temas: Veracruz, con un Gobernador señalado de ser represor y corrupto
por sus mismos correligionarios de partido y; Puebla, que cierra la puerta a
las candidaturas independientes y establece un control totalitario sobre los
medios locales. Si el estudio lo
llevamos por entidades y partidos gobernantes de ellas, los resultados permiten
deducir nuevamente que la corrupción tampoco distingue ideologías:
Fuente: http://www.nexos.com.mx/?p=26157#ftnref9
¿Por dónde empezar entonces a
atacar la corrupción? Volviendo al ensayo de Rojas en Nexos, hay quienes afirman que se debe empezar por la base, por
aquella corrupción que afecta al ciudadano en su quehacer diario: la de los
franeleros, la de los ambulantes, de los trámites, del soborno a la autoridad
para no ser multado, etc. Otros, por su
parte, sostienen que debe ser enfocada a capturar los “peces gordos”, a los ex
gobernantes y altos funcionarios. Yo sostengo
que para que el proceso de combate a la corrupción funcione, debe tener una amplia
participación ciudadana y ésta se establece mediante la instauración de valores
que van desde el ámbito familiar hasta el educativo-profesional. El primer paso, pues, es establecer un
sistema al que denominaré de “pinzas”, que apriete no sólo el sector
gubernamental sino también el social, paulatina y simultáneamente.
¿En qué consiste? En establecer nuevas
prácticas que disminuyan satisfactoriamente los actos de corrupción: por el
lado gubernamental, es importante abrir paso a las asociaciones y organismos civiles
organizados que hoy en día gozan de más credibilidad que las instituciones de
gobierno. No por algo los padres de los
normalistas desaparecidos así como la periodista Carmen Aristegui recurren por necesidad
a instancias internacionales para exigir justicia. Su participación puede estar vinculada inicialmente
en la vigilancia de los actos de los servidores públicos, por ejemplo: la
Secretaría de la Función Pública bien podría tener un rol distinto al que hoy
realiza si su titular ya no fuese propuesto por el Ejecutivo Federal sino por
un conjunto de organismos ciudadanos especializados, mediante convocatoria
pública así como la integración de su cuerpo directivo. Mismo caso podría ampliarse a las entidades y
municipios. De igual manera, esta
participación podría ampliarse para el nombramiento de Consejeros y Magistrados
electorales y Ministros de la Suprema Corte, que hoy enfrenta un dilema que, de
no atenderse, corre riesgo de partidizarse.
No creo que la solución sea la de centralizar la toma de decisiones como
sucede hoy con el INE.
Se cuestionará el hecho que estas y
otras son atribuciones de los Poderes de la Unión pero creo que hoy el país
requiere de incentivar la participación social pues al final somos los
ciudadanos de a pie quienes elegimos a nuestras autoridades.
En el orden social, es importantes
establecer leyes que simplifiquen los trámites burocráticos que son el
principal motivo de la generación de corrupción. La ayuda tecnológica bien puede ser un nuevo
factor de solución: el cobro de servicios y trámites que se puedan hacer,
cobrar y recibir en línea no sólo evitaría más actos sino sería atractivo para
que el gobierno se haga de más recursos.
Si se tuvieran consejos ciudadanos reconocidos y con identidad jurídica vigilando
el desempeño del gobierno en áreas estratégicas o de mayor impacto socioeconómico,
no sólo estaríamos generando un mayor interés por los asuntos públicos, sino
además lograríamos reducir a niveles inferiores los actos de corrupción. Hoy la corrupción nos cuesta más que sólo dinero:
nos cuesta tiempo, frustración, impotencia y una larga lista de conceptos
negativos. Insisto, toda nueva propuesta
que favorezca el combate a la corrupción debe partir de voluntad política. Quienes hoy gobiernan este país pueden
cambiar muchas prácticas pero si de algo se caracteriza éste, es por el tráfico
de influencias y actos ilegales. La iniciativa
puede y debe ser retomada en la sociedad y, desde ella, ejercer la presión para
generar un cambio.
El tintero.
Finalmente, la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión acordó la repartición de las Comisiones para el
trienio 2015-2018. Aquí la lista:
PRI: Agricultura y
Sistemas de Riego, Agua Potable y Saneamiento, Asuntos
Indígenas, Comunicaciones, Defensa Nacional, Deporte, Derechos Humanos, Desarrollo
Social, Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Territorial, Economía, Energía, Ganadería, Gobernación, Igualdad de
Género, Infraestructura, Jurisdiccional, Justicia, Pesca, Población, Presupuesto y Cuenta Pública, Relaciones
Exteriores, Trabajo y Previsión Social y Vivienda.
PAN: Atención a Grupos Vulnerables, Cambio
Climático, Cultura y Cinematografía, Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, Desarrollo Rural, Fortalecimiento al Federalismo, Hacienda y Crédito Público,
Salud, Juventud, Seguridad Pública,
Transportes y Turismo.
PRD: Asuntos Frontera
Norte, Competitividad, Derechos de la Niñez, Educación Pública y
Servicios Educativos, Distrito
Federal, Puntos Constitucionales y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
PVEM: Asuntos Frontera
Sur-Sureste, Desarrollo Municipal, Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Recursos Hidráulicos y Radio
y Televisión.
MORENA: Fomento Cooperativo y
Economía Social, Reforma Agraria, Transparencia y Anticorrupción y Seguridad Social;
Movimiento Ciudadano: Desarrollo
Metropolitano, Protección Civil y Marina.
PANAL: Ciencia y Tecnología.
PES: Asuntos Migratorios.