Candidatos independientes ante el 2016.

Pensamiento lateral.

                                           Candidatos independientes ante el 2016.

Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)

En tiempos de corrupción es cuando más leyes se dan.

Étienne Bonnot de Condillac (1715-1780). Filósofo y economista francés.

Los legisladores y gobernantes locales nunca imaginaron el crecimiento en el corto plazo, de la alternativa de los candidatos independientes.  Irónicamente, un candidato sin partido –así lo he señalado y aún lo ratifico- como Jaime Rodríguez “El Bronco” abrió la caja de pandora para dar  paso a muchos aspirantes para ocupar un cargo de elección popular.

No hay duda que el denominado efecto Bronco fue observado e interpretado como un factor de división del voto y una amenaza al status quo local.  En consecuencia, los gobiernos estatales empezaron a cerrar puertas para evitar la llegada de la ola independiente.  Actualmente, hay 5 entidades que han endurecido sus políticas para complicar el camino a aquellos que pretendan buscar una candidatura independiente: Chihuahua, Sinaloa, Puebla, Quintana Roo y Veracruz reformaron sus legislaciones electorales para establecer severos candados y restricciones que rebasan incluso la iniciativa federal. 

¿Por qué estas entidades han establecido duras medidas para empedrarles el camino? Yo encuentro tres razones: la primera, que en algunas entidades se obtuvieron triunfos importantes que despertaron el interés por incursionar en esta vía, restándole votos a los partidos tradicionales principalmente; segundo, que los 5 estados tendrán elecciones en 2016 y todos elegirán Gobernador y; tercero, que ante la fuerte competencia interna que puede existir, quienes decidan tomar la vía independiente por no haber sido nombrados candidatos, no hallen en ésta una forma de postularse.  Si en algo han coincidido los partidos mayoritarios –a nivel local- es impedir que aquellos militantes que no hayan quedado satisfechos por los resultados de sus procesos internos, encuentren en la candidatura independiente una salida próxima para, o postularse o simplemente dividir la votación en una elección constitucional.

El resultado histórico que obtuvo El Bronco en Nuevo León (sus votos fueron superiores incluso sumando los del PAN y PRI), así como Manuel Clouthier Carrillo en Sinaloa, Pedro Kumamoto en Puebla y Alfonso Martínez Alcázar (donde militó por 22 años en el PAN) en Morelia, generaron reacciones encontradas, particularmente en Puebla y Quintana Roo, quienes, desde mi particular punto de vista, poseen las leyes más restrictivas para los candidatos independientes.

¿Cuáles son estas medidas aplicadas por las legislaturas locales?  Es importante mencionar, antes de entrar al fondo del estudio de las legislaciones estatales en materia electoral que, quienes ayer impulsaron las candidaturas independientes en lo federal, a nivel local su actuar es opuesto: el PRI en Veracruz, Sinaloa, Chihuahua y Quintana Roo, y el PAN en Puebla.

Un primer requisito que exige la legislación federal electoral es el período para recabar firmas de apoyo a la candidatura independiente.  Para el caso del Presidente de la República se establecieron 120 días, mientras que para Senador y Diputado Federal 90 y 60 días, respectivamente.  Acto seguido, el porcentaje de respaldo que pide la ley es de 1% del listado nominal para el caso del Presidente (que además debe constituir el 1% en por lo menos 17 entidades), 2% del listado nominal para el caso de Senadores (constituyendo 1% en por lo menos la mitad de los distritos de la entidad) y 2% del listado nominal para Diputados Federales (integrándose con el 1% de la mitad de las secciones del distrito).

Otro aspecto que destaca la legislación federal es el emblema y color que deben diferenciarse de los partidos políticos: 1. La propaganda electoral de los Candidatos Independientes deberá tener el emblema y color o colores que los caractericen y diferencien de otros partidos políticos y de otros Candidatos Independientes, así como tener visible la leyenda: “Candidato Independiente”.

Con estas bases para la regulación de las candidaturas independientes, y previo y posterior a las elecciones de junio de 2015, las 5 entidades mencionadas decidieron modificar sus normatividades pero con endurecidas medidas que van contra el espíritu de la propia ley federal.  Quintana Roo es, sin duda, la entidad que más restricciones ha puesto a las candidaturas independientes, seguida por Puebla, que recientemente aprobó una reforma similar a la quintanarroense a finales del mes de agosto. 

Comienzo con los detalles que reformó el Congreso de Puebla.  Para ser candidato a Gobernador por la vía independiente, un ciudadano requiere, en un lapso de 20 días, reunir el 3% de firmas del padrón electoral, mismas que deben estar distribuidas entre las dos terceras partes de los 217 municipios de la entidad.  En términos numéricos, se requieren 130,980 firmas que representa el porcentaje necesario de los 4.36 millones de electores en el padrón.

Caso similar es para los que aspiren a una diputación local o ser miembro del Ayuntamiento: 20 días para obtener las firmas pero en el primer caso se pide el 3% del padrón y en el segundo es aún más complejo, pues para municipios con menos de 5 mil habitantes el porcentaje debe ser del 5% y aquellos con más de 5 mil habitantes será del 3%.

Otro elemento restrictivo –como lo es en el caso de Quintana Roo también- es que los ciudadanos que decidan dar su firma de apoyo tienen que acudir a las instalaciones del órgano electoral local.  Adicionalmente, restringe a todo aquel que haya militado en un partido –o haya sido dirigente- en el último año anterior a la elección.

En Chihuahua, la situación generó críticas al establecer 3 años como mínimo de no militar en un partido político para aspirar a una candidatura independiente.  Para recabar firmas tendrán 45 días para el caso de Gobernador y 30 días para diputados locales y miembros de los Ayuntamientos.  En el número de firmas deben reunir el 3% del listado nominal para el caso de Gobernador, 3% para el de diputados locales y, para el caso de Ayuntamientos éste varía desde el 3 hasta el 10% del listado multicitado.

Veracruz establece 60 días para recabar firmas a quien desee ser candidato a Gobernador y 30 para diputados y miembros de Ayuntamientos.  Todos ellos deberán obtener como mínimo firmas equivalentes al 3% del listado nominal.  Sinaloa establece una distinción particular en el período de recolecta de firmas: 40 días para los aspirantes a Gobernador, 40 días para diputados y Ayuntamientos cuando coincida con elección de Gobernador y 30 días cuando se trate de elecciones intermedias.  Para los 3 cargos se piden firmas equivalentes al 2% del listado nominal con sus respectivas condiciones.  Se distingue de establecer por lo menos 60 días antes de la convocatoria a elecciones, de no militar o dirigir un partido político.

Finalmente, Quintana Roo, que tiene la legislación más rígida, compleja y complicada para los candidatos independientes, establece períodos muy cortos para la recopilación de firmas: para Gobernador 21 días, mientras que para Ayuntamientos 15 días y Diputados locales 12 días para recopilar el equivalente al 2% del padrón electoral.  En el mismo caso que Puebla, los ciudadanos deben acudir personalmente al órgano electoral para manifestar su apoyo.  Finalmente, de los aspirantes a un mismo cargo, sólo quedará registrado aquel que haya obtenido más firmas de apoyo para la candidatura independiente.

CARACTERÍSTICAS DE LAS LEGISLACIONES ELECTORALES ESTATALES

SOBRE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

Fuente: Elaboración propia.

El próximo año 13 entidades tendrán procesos locales y 12 de ellas renovarán gubernatura.  Por lo pronto, 5 de ellas han endurecido sus medidas y pretenden garantizar que aquellos que vayan por la vía alterna, sin el respaldo de un partido, tengan un camino muy difícil que recorrer.  ¿Bajo qué criterios definió el legislador, por ejemplo, que en Quintana Roo un ciudadano reúna en un período de 12 días el 2% del padrón electoral del distrito 01 con cabecera en Playa del Carmen, que supera los 550 mil empadronados? Es decir, que para aspirar a ser candidato independiente, deberá reunir diariamente 917 firmas para obtener las 11 mil que requiere por ley.  No es de omitir que dicho distrito es el segundo más grande del país.

O, ¿cómo asimilar que para obtener el respaldo de un ciudadano, éste tenga que acudir a los centros que designe el órgano electoral para manifestar su apoyo? No dudo que el efecto que generaron los 22 candidatos independientes en el pasado proceso electoral dejó a más de un gobernante preocupado ante la inminente sucesión gubernamental.  No dudo tampoco que en el futuro inmediato, los gobiernos locales radicalicen aún más su postura con respecto a las candidaturas independientes.  Sería un retroceso al propio espíritu reformador que a nivel nacional se está impulsando.  Contribuyen, (in)conscientemente, a generar un mayor rechazo social hacia la figura del sistema de partidos en el país.  Ojalá esta tendencia se revierta.

El tintero.

Mientras se concluía esta columna, el Presidente de la República hizo enroque en 7 Secretarías de Estado: Renato Sales será el nuevo titular de la Comisión Nacional de Seguridad, en sustitución de Monte Alejandro Rubido; José Calzada, Gobernador saliente de Querétaro, estará al frente de SAGARPA; José Reyes Baeza, ex Gobernador de Chihuahua, ocupará la Dirección del ISSSTE; Francisco Guzmán será el nuevo Jefe de la Oficina de Presidencia, en sustitución de Aurelio Nuño Mayer, quien a su vez tomará la SEP en lugar de Emilio Chuayffet; Rafael Pacchiano a SEMARNAT; José Antonio Meade entrará a SEDESOL en lugar de Rosario Robles, quien a su vez irá a SEDATU para sustituir a Jesús Murillo Karam; Claudia Ruiz Massieu deja SEDETUR para tomar la SRE; y Enrique De la Madrid tomará la SEDETUR.

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/

Anaya frente al PAN.

Pensamiento lateral.

Anaya frente al PAN.

Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)

Una manera segura de hacer que la gente se crea falsedades es la repetición frecuente, 

porque la familiaridad no es fácilmente distinguible de la verdad. Las instituciones y los marketers 

autoritarios siempre han tenido conocimiento de este hecho. 

Daniel Kahneman. (1934- ) Psicólogo israelí-estadounidense.

El pronóstico no erró y el resultado finalmente se consumó en la elección interna del PAN del 16 de agosto.  El diputado federal con licencia, Ricardo Anaya Cortés, encabezará la dirigencia nacional panista frente no sólo a una crisis interna del propio instituto, sino de una severa crisis de credibilidad que hoy guardan los partidos políticos en México.

Tuve oportunidad de participar en el proceso interno y ser testigo cercano de la conducción, desarrollo y desenlace del mismo.  No haré una retrospectiva de las campañas pero sí he de destacar ciertos puntos que fueron clave en esta elección.  El objetivo central será hacer un poco de prospectiva y un esfuerzo por visualizar lo que en el corto y mediano plazo deberá enfrentar el futuro presidente nacional del PAN.

Anaya tendrá importantes retos que enfrentar y que pondrán a prueba en el corto plazo su capacidad para enfrentarlos.  En primer lugar, deberá atender la cuestión interna, donde destacan el padrón, su distancia con el dirigente saliente y la relación con los grupos políticos internos.  No hay duda que el padrón de militantes del PAN sufrió drásticos cambios que obligan a una revisión profunda para determinar si éste fue contaminado con fines particulares.  Nunca, en los últimos 15 años –desde que el PAN llegó a la Presidencia- se habían afiliado tantos ciudadanos como fue en 2014, particularmente entre enero y agosto.  Sólo en ese período de casi 8 meses, la membresía panista creció en 205,890 frente a los 88,491 que entre 2006 y 2012 lo hicieron.

AFILIACIONES EN EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

Fuente: elaboración propia.

De este universo, 11 entidades de la República concentraron, entre enero y agosto de 2014, la afiliación de poco más de 153 mil de los 205,890 que se tuvieron en el país: Aguascalientes, Baja California, Distrito Federal, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Sonora y Veracruz. De éstas, 7 (Distrito Federal, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Puebla, Sonora y Veracruz) le otorgaron al hoy Presidente electo 100,456 votos y juntas las 11 entidades le aportaron 124,626 votos, el 64.2% de su votación total.

RESULTADOS OFICIALES DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE NACIONAL DEL PAN.

 Fuente: https://www.pan.org.mx/acta-de-resultado-del-computo-nacional/

Un segundo elemento será su distanciamiento con Gustavo Madero, hoy diputado federal electo. Su primera prueba que indicará si éste realmente existe, será en el nombramiento del coordinador del Grupo Parlamentario en la cámara baja del Congreso.  Muchos apuestan a que Madero será el próximo coordinador.  El tercer factor será su relación con los grupos políticos internos.  No hay duda que si algo hizo bien Anaya fue negociar con la mayoría de éstos pero deberá enfrentar las resistencias, presiones y divisiones internas en lo local, puesto que el año próximo, 12 entidades entrarán en elecciones y el cobro de favores tocará constantemente en el despacho de la Avenida Coyoacán, particularmente el del Gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle.

Otros retos importantes a dar seguimiento serán la relación con el gobierno federal y la denuncia y el castigo a la corrupción.  Con respecto al primero, existen temas torales en los cuales el PAN tiene que ser proactivo y fijar una postura clara: el resultado de la investigación de la Función Pública sobre la Casa Blanca; los casos de corrupción en diversas empresas constructoras; las violaciones a las garantías de diversos ciudadanos –periodistas, estudiantes, etc.- y la discusión del paquete fiscal.

Sobre el castigo a la corrupción deberá enfrentar casos que están en el exterior como en el interior.  Los multisonados moches que han exigido diputados federales, alcaldes y servidores públicos panistas pondrán en la palestra al nóbel dirigente nacional, así como la distancia que se marque respecto al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés.

Finalmente, los procesos de renovación de algunas dirigencias locales del PAN y la elección constitucional de 2016 serán la antesala para evaluar la gestión de Ricardo Anaya.  Ahí podrá demostrarse si su sistema anticorrupción tocará no sólo las puertas del sistema político mexicano sino la puerta del PAN también.  Su principal enemigo será el tiempo, pues en breve debe establecer las bases para la selección de candidatos a 12 gubernaturas y un importante número de alcaldías y diputaciones locales.  Su llegada a la dirigencia nacional se hizo en medio de serios cuestionamientos que ponen en duda la legalidad del proceso interno.  Se ve, pues, en la obligación de dar un golpe de timón que bien podría empezar con la depuración de aquellos militantes que no votaron el pasado 16 de agosto.  De llegar a cumplir sus propuestas, todo lo demás quedará olvidado.  La memoria histórica del votante es de corto plazo y, junto con el tiempo, ya no recordará ni la fecha de la elección.  Anaya requiere, en breve, ganar credibilidad.

El tintero.

En el PRI están, al igual que el PAN, estrenando dirigente nacional.  Manlio Fabio Beltrones hizo enroque con su ahora antecesor César Camacho, quien pasará a la Cámara de Diputados y seguramente será el coordinador de su bancada.  En el PAN, algo mismo parece suceder.  Tanto Anaya como Beltrones fueron coordinadores parlamentarios de sus partidos en la Cámara baja y ahora, serán dirigentes.

La disputa por el acceso de UBER, el nuevo sistema digital para solicitar taxis privados, está cada vez más fuerte.  Diversas regulaciones y candados se empiezan a ver en algunas entidades.  En Quintana Roo hace unas semanas el congreso local prácticamente cerró posibilidad alguna al aprobar una reforma que prohíbe su circulación a menos que cuenten con placas de servicio público de transporte, y esas, sólo el Ejecutivo local las otorga.  UBER, por su parte, anunció que en 2016 tiene pensado invertir en la entidad, justo cuando se renueva la gubernatura.

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/

¿Proteger o protegerse del periodismo?

Pensamiento lateral.

¿Proteger o protegerse del periodismo?

Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)

Un hombre de Estado divide a los seres humanos en dos especies, primero instrumentos, segundo enemigos. Propiamente no hay para él, por tanto, más que una especie de seres humanos: enemigos.

Friedrich Nietzsche (1884-1900) Filósofo alemán.

Cuando me enteré de la aprobación de una Ley en el estado de Quintana Roo que tiene como fin proteger a los defensores de los derechos humanos y al sector periodístico, la noticia llamó mi atención y decidí enfocarme a analizar su contenido.  Lo primero que me sorprendió fue que la iniciativa fue presentada por el gobierno estatal, particularmente el Ejecutivo local.

No se trata de ironizar el asunto pero en la actualidad la gran mayoría de los actos de agresión, violencia y persecución a periodistas –principalmente- señalan como presunto responsable al estado, es decir, al gobernante en turno.  Ello me permite deducir que dicha iniciativa, a pesar de haber convocado a foros ciudadanos para alimentarla de propuestas, tiene matices que intentan no sólo regular el derecho a la libre expresión, sino de establecer un control.

Los antecedentes inmediatos de Lydia Cacho y Pedro Canché –ambos periodistas- fueron ingredientes que demandaron tener una legislación que defienda a uno de los sectores profesionales con mayor riesgo para ejercer en México.  Luego de hacer un análisis y, posteriormente, un ejercicio comparativo con respecto a la ley en materia federal, la denominada Ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado de Quintana Roo, resulta un primer ejercicio en la búsqueda de garantizar la libre y plena actividad periodística, pero al mismo tiempo cuenta con limitantes importantes que son motivo incluso de actos de inconstitucionalidad.

Sin llevar un orden entre aspectos positivos y negativos, la multicitada ley establece la creación de un Sistema para la protección de los defensores de derechos humanos y periodistas, que tiene como objetivo “garantizar (por parte del Estado) los derechos a la vida, integridad física, psicológica, moral, económica, libertad y seguridad cuando se encuentren en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad, así como de sus familiares o personas vinculadas (…)”; así como un fondo que tenga como finalidad de ejercerse para la prevención y protección para los periodistas, por señalar algunos.

Dos elementos innovadores en esta ley –y que no contempla la legislación federal- son la cláusula de secreto profesional y la de libertad de conciencia.  El primero de ellos que pretende garantizarle al periodista no revelar la fuente de su información ante procesos judiciales y, el segundo; que dota al periodista del derecho a ejercer su libertad ideológica y de opinión en el ejercicio de sus funciones, sin detrimento de imponerles una distinta por casa editorial donde labore.

Sin embargo, un primer elemento cuestionable es la propia definición que la ley otorga al periodista: “Toda persona que hace del ejercicio de la libertad de expresión y/o información su actividad, de manera permanente con remuneración.”  Prácticamente, la legislación segmenta y discrimina a aquellos que ejercen el periodismo de motu proprio.  Ello indica que quien no percibe una remuneración por desempeñar el periodismo, sencillamente no es periodista.  Lo anterior sería entonces equivalente a aquel político que, dejando un cargo público, deje de ser político.

La estructura burocrática interna de la ley estatal es distinta a la que maneja la federal.  Mientras que ésta última no integra en un Sistema a los órganos de decisión, la estatal sí.  La ley federal contempla una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo, una Coordinación Ejecutiva Nacional y tres Unidades Auxiliares.  Por su parte, la legislación estatal contempla –dentro del Sistema- una Junta de Gobierno, un Consejo Consultivo y una Secretaría Ejecutiva.  La integración de cada una de éstas es donde, en mi particular punto de vista, existe el control gubernamental.

La Junta de Gobierno de la ley federal contempla a un representante de la Secretaría de Gobernación (quien preside); Procuraduría General de la República; Secretaría de Seguridad Pública; Relaciones Exteriores; un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 4 del Consejo Consultivo.  Éste último se compone de 9 integrantes nombrados por la Junta mediante convocatoria pública.  Asimismo, a las sesiones de la Junta estarán invitados representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la CONAGO, del Poder Judicial de la Federación y los presidentes de las comisiones de derechos humanos del Senado y la Cámara de Diputados.

Por su parte la Junta de Gobierno de la ley estatal contempla cargos similares a excepción de lo siguiente: el Consejo Consultivo únicamente tiene facultad de nombrar a 2 integrantes ante la Junta a diferencia de la ley federal que nombra 4; el representante de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) no está contemplado como integrante de la Junta a diferencia de la federal y; la ley no contempló representantes de los gobiernos municipales en calidad de invitados.

Otra de las ausencias que posee esta ley con respecto a la federal son las unidades auxiliares.  La legislación federal comprende dos unidades, una encargada de recepcionar casos extraordinarios que ameriten atención en el breve tiempo y; una unidad de evaluación de riesgos encargada de valorar y determinar las medidas preventivas en favor de los afectados.  Ambas poseen un procedimiento y protocolo para su implementación.

Finalmente, el tema del recurso económico.  Ambas leyes establecen la creación de un fondo para las acciones de medidas de protección, sociales, prevención y aquellas de carácter urgente.  Sin embargo, la ley federal otorga a la Secretaría de Gobernación la vigilancia del recurso mientras que la estatal a la Secretaría de Finanzas y Planeación.  Otro elemento que considera la ley federal es un órgano de vigilancia integrado por propuestas designadas por la Secretaría de la Función Pública.

El ejercicio realizado para contar con una legislación para defensores de derechos humanos y periodistas es de reconocerse.  Sin embargo, hay en ella claras limitantes que cuestionan el objetivo central de esta legislación.  Calificar a un periodista a partir de la existencia o no de un salario resulta una acción de discriminación que incluso contraviene el derecho humano.  La integración de su máximo órgano –la Junta de Gobierno- donde hay una predominante mayoría de funcionarios del gobierno estatal advierte la posibilidad de no contar con decisiones imparciales, más cuando el mayor porcentaje de los abusos en contra de los periodistas y defensores de los derechos humanos tienen como responsables al Estado mexicano y los gobiernos locales.

Sin duda que el recurso que se destine al éxito de esta legislación dependerá mucho de la voluntad política del gobernante en turno.  No se estableció, por lo menos, una cláusula que impidiera disminuir el presupuesto asignado con respecto al ejercicio anterior, algo similar que tiene la legislación en derechos humanos del Estado de México.  Tampoco se hizo énfasis en hacer un esfuerzo por retribuirle a los donadores privados incentivos fiscales a cambio de sus aportaciones y; no existe señalamiento que articule o vincule a la ley estatal con la federal en caso de inconformidad o negligencia de la autoridad encargada de hacer justicia en el ámbito local.

El éxito de esta ley dependerá de qué tanta voluntad política, económica y jurídica tenga el gobierno.  Los tiempos que se establecen para su entrada plena en ejercicio nos obliga a esperar, cuando menos un año.  Pareciera que no hubiese prisa por defender al periodismo pero sí de defenderse de él.

OBSERVACIONES A LA LEY PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS EN EL ÁMBITO FEDERAL Y ESTATAL (QUINTANA ROO).

Fuente: elaboración propia.

El tintero.

El multi homicidio realizado en la colonia Narvarte de la Ciudad de México, en donde perdió la vida el periodista Rubén Espinosa no deja de causar indignación en redes sociales y países de Europa.  Desafortunadamente, legisladores del PRI y PVEM impidieron el citatorio al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, que solicitaron el PAN, PRD, MC y PT ante la Comisión Permanente.  Tampoco logró prosperar la petición de que la PGR atraiga el caso y quedó nuevamente en manos de la procuraduría capitalina.  ¿Por qué no dejar que la PGR tome el delicado caso? ¿Curación en salud? Evidente resulta que será el gobierno de Miguel Mancera quien pague el costo político.

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/