Y a ellos, ¿quién los sanciona?

Pensamiento lateral.

Y a ellos, ¿quién los sanciona?

Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)

Las naturalezas inferiores repugnan el merecido castigo;

las medianas se resignan a él; las superiores lo invocan.

Arturo Graf (1848-1913) Escritor y poeta italiano.

Contar con una legislación fortalecida en materia de transparencia resulta más que necesario el día de hoy.  El debate para la aprobación de su reforma ha dejado severas dudas sobre si ésta tendrá las herramientas suficientes para sancionar a quienes no cumplan con sus obligaciones en la materia.  Por su parte, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) ha hecho pública su preocupación y, en su visita al Congreso de la Unión expuso su decálogo de cambios que deben incluirse en la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).

Decálogo de reformas a la LGTAIP

Concepto de la reforma	Observaciones
Información sobre derechos humanos	Los organismos de transparencia deben publicar información acerca de violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, sin necesidad de ser avalado por otra autoridad
Sobre seguridad nacional y estabilidad financiera	El IFAI pide que el legislador establezca claramente qué información quedará reservada a razón de seguridad nacional o estabilidad financiera, económica o monetaria y no dejarla al libre arbitrio de quienes sean sujetos obligados.
Acerca del Consejero Jurídico del Poder Ejecutivo Federal	La reforma incluye que el Consejero Jurídico impugne resoluciones del IFAI por motivos de seguridad nacional.  Por tanto, solicitan que se establezca un mecanismo claro que conduzca dichas impugnaciones así como establecer límites a la capacidad de impugnar resoluciones de los órganos de transparencia locales.
Evitar sanciones al IFAI	El organismo federal pide que queden exentos de sanciones pues el llevarlo a cabo sin duda inhibiría la función constitucional encomendada.
Los fideicomisos y fondos públicos	El IFAI solicita que los fideicomisos y fondos públicos sean sujetos obligados para transparentar su información, sean éstos o no entidades paraestatales.
Reservas a información con justificación razonada	Si bien puede haber información reservada por parte de los sujetos obligados, ésta debe de contar con una justificación razonada y fundamentada.
Jerarquía legal	El IFAI solicita que los criterios a usar para reservar información tengan como fundamento lo establecido en la propia LGTAIP y no en otros ordenamientos jurídicos.
Sistema Nacional de Transparencia integrado por el IFAI	El organismo solicita que quienes conformen el denominado Sistema Nacional de Transparencia, sean quienes se encargan su cumplimiento, es decir, el propio IFAI y sus homólogos locales y no por otras autoridades.  Adicionan que la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI tengan participación con voz.
Denuncias ciudadanas por incumplimiento	El IFAI solicita que el ciudadano tenga la facultad de establecer denuncias contra los sujetos obligados en materia de transparencia, como responder a las solicitudes en los plazos señalados por la ley o acatar una resolución del IFAI u órgano local.
Publicar nombres de quienes le sean condonados adeudos o crédito fiscales	El IFAI solicita que las autoridades tengan la obligación de publicar a quiénes les han condonado o cancelado algún adeudo o crédito fiscal, adjuntando el monto.

Fuente: elaboración propia con información de: http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/02/18/los-10-puntos-que-el-ifai-pide-cambiar-en-la-nueva-ley-de-transparencia

Pero, ¿cómo responder o resolver las grandes dudas que hay sobre el manejo transparente de los recursos que hace el gobierno y en este caso, el actor encargado de fortalecer la legislación en materia de transparencia? En lo que va de la presente Legislatura, la Cámara de Diputados ha erogado 2’278’988,630 millones de pesos en solo 4 rubros: comunicación y publicidad; asesorías; servicios oficiales y; otros servicios generales.

Dos de esos rubros no son claros ni especifican en qué o hacia dónde se destinó el recurso.  De servicios oficiales, los 7 partidos gastaron 144’185,900 millones de pesos siendo el PVEM el de mayor presupuesto con poco más de 66 millones de pesos, mientras que en el rubro de otros servicios generales, los partidos utilizaron del erario 1’693’851,090 millones de pesos, siendo el PRI el partido que más gastó con más de 914 millones de pesos.

Principales gastos por Partido en la Cámara de Diputados (sep 2012- dic 2014)

Partido político	Servicios oficiales	Otros servicios generales
PRI	22’042,000	914’871,000
PAN	30’659,900	200’470,090
PRD	19’405,000	349’829,000
PVEM	66’511,000	11’616,000
MC	155,000	104’417,000
PT	1’021,000	74’891,000
NA	4’392,000	37’757,000
TOTAL	144’185,900	1’693,851,090

Fuente: Elaboración propia con datos de: Reporte Índigo, número 689, lunes 16 de febrero de 2015. Edición impresa.

Pero además de ello, ¿cómo podrían explicar los legisladores los 125 millones de pesos que se distribuyeron los partidos por concepto de subvención especial, así como 500 millones adicionales que aprobaron para la conservación de la propia sede pero que un 49.2% de ese recurso se desvió a otros rubros como comunicación social, papelería, viáticos y hasta alta peluquería?

¿O cómo podría explicar el Senado a la observación hecha por la Auditoría sobre los más de 1,200 millones de pesos que ejercieron en 2013 pero que hasta hoy no han reportado o indicado en qué se utilizaron?

O, si se indaga en el sector gubernamental se podrá constatar que también existen grandes omisiones. Un ejemplo es la observación que hizo nuevamente la Auditoría al gobierno federal por un supuesto fraude de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) por 845 millones de pesos que se destinaron a dos universidades, las cuales pagaron por proyectos que no se realizaron o bien terminaron en otras cuentas ajenas a los establecidos en los contratos.  Otro caso más es el de Michoacán al detectar desvíos de diversas secretarías por más de 3 mil millones; o Veracruz, Durango, Puebla y Sinaloa que en 2013 transfirieron más de 300 millones de pesos de subsidio federal para profesionalizar a sus policías a cuentas no autorizadas.  Sólo el estado de Veracruz desvió 114 millones de pesos.

Y así la lista puede seguir, con usos indebidos de recursos pero que quedan ahí, sin sancionar.  Al no existir un modelo democrático que garantice el equilibrio de poderes en las entidades, éstas tendrán las más amplias facilidades para desviar recursos del erario y usarlas para otros fines menos para los que fueron destinados. 

No solo es necesario contar con una legislación en materia de transparencia lo suficientemente blindada para darle al ciudadano una herramienta, sino encontrar nuevos esquemas de control en las entidades, que es ahí donde hoy se presenta la mayor indisciplina financiera.  Sin embargo, cuando los encargados de establecer nuevas reglas en el tablero se encuentran en el mismo círculo vicioso, es difícil encontrar una salida adecuada.  Por eso siempre nos preguntamos: Y a ellos, ¿quién los sanciona?

El tintero.

Dos declaraciones internacionales hicieron mover a México.  La primera, la declaración de Alejandro González Iñárritu luego de ganar un premio de la Academia, en el cual instó a los mexicanos a encontrar y construir el México que verdaderamente nos merecemos.  La segunda nota tuvo que ver con una declaración del Papa Francisco I al mostrar su preocupación en Argentina por la posible mexicanización del narcotráfico en su país natal. 

La competencia por la composición de la Cámara de Diputados está reñida.  El PAN está a 4 puntos del PRI y éste perdió 12 puntos en los últimos 4 meses.  Según El Universal, la mayoría de la Cámara baja se definiría entre estos dos partidos, mientras que el tercer puesto estaría disputado entre el PRD, el PVEM y MORENA, que tuvieron, 13, 11 y 9 puntos, respectivamente.  Aún falta para el 7 de junio y en el transcurso de los meses veremos cómo los partidos buscarán ganarse la simpatía electoral.

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/

Golpe bajo a la transparencia.

Pensamiento lateral.

Golpe bajo a la transparencia.

Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)

El verdadero valor consiste en hacer, sin testigos, lo que uno sería capaz de hacer ante todo el mundo.

François de La Rochefoucauld (1613-1680) escritor y milita francés.

Reflexione por un instante e imagine que el gobierno de su entidad ha creado un fideicomiso para llevar a cabo una serie de proyectos de inversión, que derivó de un empréstito que, entre otros efectos, contribuye a aumentar la deuda pública.  Ahora suponga que tiene interés en conocer cómo, cuándo, en qué y hacia dónde se destinó ese recurso público pero la respuesta de la autoridad le dice que no puede proporcionar los datos porque, entre otros aspectos, no está obligado por ley.

Pues bien, de esa magnitud se quiere modificar el proyecto de ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) que se está discutiendo en el Senado.  Ley que por cierto, los propios legisladores incumplieron en aprobar en el plazo que se había convenido tras las reformas aprobadas el año pasado y que hasta el 7 de febrero era la fecha límite.

De hecho, son 80 observaciones que hicieron, entre otros actores y posibles sujetos obligados por la citada ley, como el Banco de México, el gobierno federal, el PRI, el PVEM, la Consejería Jurídica de la Presidencia, entre otros.  Una de ellas, y muy importante promovida por el PRI y el PVEM fue el artículo 23, relacionado con los fideicomisos.  El texto básicamente pretende exentar de responsabilidades y obligaciones a los fideicomisos y fonos públicos que no cuenten con estructura orgánica y que no sean, en consecuencia, considerados entidades paraestatales (Una mejor consulta está en: Proceso, número 1998, 15 de febrero de 2015, página 32).

De acuerdo a información que proporcionó La Secretaría de Hacienda, en el último cuatrimestre de 2014, existían 352 fideicomisos que manejaban alrededor de 452,454 millones de pesos.  Su acceso es restringido excepto para los usuarios autorizados por la dependencia a cargo.  De ese total, un 21.7% (46 fideicomisos que representan 98,365 millones de pesos) corresponden a infraestructura pública; un 21.2% (120 fideicomisos que equivalen a 96,089 millones de pesos) que son de apoyos financieros; 20.7% (6 fideicomisos que representan 93,573 millones de pesos) destinados a estabilización financiera y; 17.2% (24 fideicomisos que son 77,681 millones de pesos) para pensiones.

Hay, por consiguiente, un fideicomiso más y mucho mayor que, de proceder esta iniciativa, la sociedad no sabría en qué y cómo se aplicaría: el Fondo Mexicano del Petróleo.

Propuestas de cambios a la LGTAIP

Artículo de la LGTAIP	Observaciones
Artículo 23	Pretende exentar a fideicomisos y fondos públicos como sujetos obligados de ofrecer acceso a la información.
Artículo 42	Se pretende establecer excepciones en la conformación de comités de transparencia en áreas como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), Centro Nacional de Planeación, el Estado Mayor Presidencial, el Estado Mayor de la Armada, entre otros.
Artículo70	Se pretende limitar las declaraciones patrimoniales al querer establecer una línea que indique a los servidores públicos que así lo determinen, es decir, dejarlo sin obligación de cumplir.
Artículo 101	Se pretende establecer reservas a información que pueda dañar la estabilidad financiera, económica y monetaria.
Artículo 113	Se pretende mantener como información reservada aquella que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional
Artículos 207 y 210	Se pretende eliminar la propuesta de imponer sanciones cuando se declare la inexistencia de la información en los términos en que el sujeto obligado deba generarla o cuando se clasifique como información reservada siempre y cuando no se cumplan con las características señaladas en la Ley.

Fuente: Elaboración propia con datos de Revista Proceso, No. 1998, 15 de febrero de 2015.

Es indudable que existe una evidente intención de hacer de la LGTAIP un documento regresivo, acotado e imposibilitado de otorgar una herramienta tan importante al ciudadano.  En lo personal, y ya lo he afirmado anteriormente, el actual gobierno federal no tiene intención de fortalecer la transparencia ni mucho menos combatir la corrupción.

Pero quienes hoy discuten y deciden el futuro de esta ley son omisos en señalar los gastos discrecionales que se asignan a cada uno de sus Grupos Parlamentarios.  Tan solo en lo que va del período de septiembre de 2012 a diciembre de 2014, los diputados se entregaron un aproximado de más de 2,841 millones de pesos para subvenciones y gastos que cada Grupo Parlamentario necesite.  De ese total, el PRI fue el partido que más recurso obtuvo –por tener la bancada más numerosa- con poco más de 1,127 millones de pesos, seguida por el PAN con poco más de 659 millones de pesos y el PRD con 559 millones, aproximadamente.

Además de esta partida, existe otra que se denomina subvenciones extraordinarias, un recurso que tuvo su origen en 2009 y que podía invocarse por una sola vez en casos excepcionales, siempre y cuando existiera la disponibilidad presupuestal para ello.  En la actual Legislatura, tal subvención se ha convertido en una tradición.  Sólo de 2012 a 2014 los partidos se auto entregaron un total de 489 millones 464 mil pesos, siendo el PAN  y PRI los que mayor recurso obtuvieron, con 136 millones 136 mil pesos y 135 millones 256 mil pesos, respectivamente.

Si hoy quienes pretenden reformar y fortalecer el marco legal de la transparencia y acceso a la información no coadyuvan en la práctica, muy poco se puede esperar sobre una legislación que represente una verdadera herramienta ciudadana frente al gobierno.  Lo más lamentable de todo esto es que de ambas partidas presupuestales que se aprobaron los diputados, sencillamente no le rinden cuentas a nadie como nadie sabe cuál es el destino de los más de 3,200 millones de pesos que desde el 2012 llevan erogando.

El tintero.

La izquierda en México tendrá una severa caída no sólo por los últimos resultados insatisfactorios que ha dado a la sociedad sino por la lucha y división interna que tienen hoy.  La exclusión de cuadros políticos como Marcelo Ebrard de la lista de candidatos a diputados federales por la vía de la representación proporcional habla de las irreconciliables posturas de sus hoy líderes de sector.  La amenaza de MORENA en el Distrito Federal, aunada a su de por sí tradicional división y la mala imagen del hoy Jefe de Gobierno no ofrecen un panorama positivo al PRD.  Necesitan con urgencia una medicina que los coloque en la pelea nuevamente.

La Auditoría Superior de la Federación informó que en la cuenta pública de 2013, el Congreso de la Unión destinó 500 millones de pesos para la conservación de la propia sede, pero resulta que la mitad de ese presupuesto se fue a otros conceptos como comunicación social, telefonía, eventos y hasta alta peluquería.  ¿Quién los detiene?

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/

Candidatos independientes versus Partidos políticos.

Pensamiento lateral.

Candidatos independientes versus Partidos políticos.

Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)

De fuera vendrá quien de casa te echará.

Refrán popular.

México vivirá por primera ocasión en su historia electoral un escenario inédito.  No sólo se homologarán elecciones locales y federales sino que en esta ocasión habrá candidatos independientes que buscarán llegar al poder sin la necesidad del respaldo de un partido político.  Un total de 17 aspirantes iniciaron los trámites para participar en el proceso donde se elegirá Gobernador.  En 9 entidades donde se llevará a cabo elección de Ejecutivo local, hay por lo menos un aspirante independiente y, de entre todos sólo una mujer participa (en Nuevo León).

Además de cumplir con los requisitos legales que pide cada instituto electoral local, deberán conseguir el respaldo de por lo menos el 3% del padrón de electores de su entidad, es decir, habrá entidades en donde el respaldo deberá ser superior a los 100 mil habitantes enlistados en el padrón.

Apoyo ciudadano que requieren los

candidatos independientes a Gobernador. 

Fuente: elaboración propia con datos estadísticos de: http://listanominal.ife.org.mx/ubicamodulo/PHP/est_eo.php?edo=0

Del primer filtro establecido, 5 ya fueron eliminados por no cumplir con los requisitos legales, por lo que únicamente 12 de ellos buscarán el respaldo ciudadano.  Imagínese que alguno de los candidatos independientes llegue a ser Gobernador, ¿cómo afectaría al nuevo gobierno ciudadano en su relación con el Congreso local si éste se conformará básicamente de representantes de los distintos partidos políticos? ¿Cómo negociará presupuesto y demás espacios políticos si el nuevo gobernante no contaría con el apoyo de algún Grupo Parlamentario que impulse sus iniciativas?

Los obstáculos no sólo están en los requisitos sino en el ejercicio del gobierno también, pues nunca se ha registrado en la historia política de México un gobierno ciudadano.  Lo anterior tampoco es para preocuparse demasiado puesto que los antecedentes de algunos están vinculados a partidos políticos o son exiliados que no obtuvieron la candidatura y decidieron irse por su cuenta.  Benjamín de la Rosa (Baja California Sur), por ejemplo, fue colaborador del ex gobernador Narciso Agúndez (PRD) y es hermano de un legislador federal panista.  Otro caso es en Colima, en donde Gabriel Salgado Aguilar fue candidato por el PAN y por el extinto Convergencia, además de haber buscado la dirigencia estatal de MORENA.

Uno más es en Nuevo León, con Jaime Rodríguez Calderón, quien fue legislador local y federal por el PRI pero renunció a éste partido en 2014 para contender.  En general, hay empresarios restauranteros, líderes campesinos, académicos y hasta estudiantes de licenciatura (Manuel Rábado Ibarra, quien a sus 24 años solicitó su registro en Sonora) que están participando en busca de una gubernatura ciudadana.

Fuente: http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/02/04/17-personas-alzan-la-mano-para-ser-candidatos-independientes-a-gobernador

La confianza del ciudadano, pues, puede verse mermada al identificar que candidatos independientes tengan antecedentes partidistas o simplemente hayan sido impulsados por algún partido para debilitar a otro.  A pesar que se trata de una nueva figura en las elecciones en México, las candidaturas ciudadanas pueden ser objeto de manipulación de algún gobierno local o partido político propiamente.  Sólo para obtener el respaldo ciudadano se requiere de una infraestructura humana y de recursos económicos para que, en un plazo determinado por la ley electoral, el ciudadano obtenga firmas de apoyo.  Eso solo lo tiene o bien alguien con suficientes recursos económicos o un gobierno.

El ciudadano común, el de a pié, verá un panorama difícil para elegir una opción.  Si esto lo desilusiona, los últimos acontecimientos en la política mexicana lo harán más.  Nuevamente, un medio extranjero tiene que dar a conocer los grandes beneficios que el poder deja a los gobernantes.  Ello significa, por una parte, de las grandes limitaciones que no solo tiene la ley para acceder a la información, sino también de las existentes en el medio periodístico mexicano.  El diario The New York Times dio a conocer a través de una nota titulada Towers of secrecy (Las Torres de la secrecía) las propiedades que tienen algunos extranjeros en los Estados Unidos.  Llamó la atención que uno de los encargados de negociar el Pacto por México y ex gobernador de Oaxaca, José Murat, tenga media docena de casas en ciudades como Nueva York.  En su derecho de réplica, el ex mandatario local reconoció poseer dos propiedades adquiridas hace 10 años, pero no más.

Si ello no es suficiente, analice lo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) acaba de aprobar.  Ante una queja interpuesta al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el máximo órgano judicial en materia electoral decidió amonestar públicamente al PVEM por haber violado el principio de equidad en el proceso electoral actual.  La razón fue a raíz de una serie de spots en salas de cine en el país que les otorgó un posicionamiento nada despreciable que hoy los colocan con una buena cantidad de simpatías (creció 11 puntos en preferencias).  El precedente que deja el Tribunal sin duda que alentará a otros partidos a romper con la equidad en la contienda, si no es que ya lo están haciendo.

Finalmente, habrá que poner especial atención a la reforma que en materia de transparencia se estará discutiendo en el Congreso en los próximos días, puesto que, además de incumplir un mandato constitucional que consiste en que los legisladores mexicanos aún no han aprobado la ley secundaria que dotará, según sus impulsores, de mayores atribuciones al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).  Sin embargo, hay algunas resistencias que buscan limitar al propio instituto puesto que no ven bien que se le otorgue facultad sancionadora a quienes incumplan con sus resoluciones.

Otra resistencia tiene que ver con la reserva de información.   Se pretende, por tiempo indefinido, clasificar cierta información que pudiese dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria.  Ello no es más que ocultar, por ejemplo, cuánto deben las entidades por concepto de deuda pública.

Habrá que esperar los alcances y límites que al IFAI se le otorgue.  Por lo pronto, con estas eventualidades el ciudadano deberá reflexionar qué futuro gobierno querrá tener: si optar por el viejo y malo conocido o, experimentar con una nueva alternativa que corre riesgo de ser corrompida pero que al mismo tiempo puede significar un cambio en el estilo de gobernar.

El tintero.

Con corte al 5 de diciembre de 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto sólo lleva cumplidos el 10.52% de sus promesas de campaña, es decir, 28 de los 266 compromisos que firmó ante notario.  Tan sólo en su primer año como Presidente, logró cumplir con apenas 4 y en el segundo con 24.  Para poder llegar a la totalidad de sus compromisos deberá en promedio llevar a cabo 44 acciones anuales.

El recorte al gasto público que anunció la Secretaría de Hacienda por 124 mil 300 millones de pesos por sin duda que afectará la concreción de dichas promesas, sobre todo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la que mayor número de compromisos concentra con 104.  Con una contracción de 11,820 millones de pesos será difícil cumplir.  Por lo pronto, ya se anunció la cancelación del Tren Transpeninsular Yucatán-Quintana Roo (compromiso 243) y está en riesgo el Tren de alta velocidad Querétaro-México (compromiso 94).  Habrá que esperar qué otros compromisos dejará de cumplir este gobierno que lleva apenas dos años.

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/

¿Por qué no confiamos en nuestras instituciones?

Pensamiento lateral.

¿Por qué no confiamos en nuestras instituciones?

Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)

Las instituciones humanas deben volverse tan perfectas que podamos pensar sin que nos disturbe cuán imperfectas son las divinas.

Karl Kraus (1874-1936) escritor y periodista austriaco.

¿Hasta dónde los mexicanos creemos y confiamos en nuestras instituciones, y más en particular hacia aquellas encargadas de investigar y garantizar que algún servidor público no haga uso ilícito de su cargo para beneficiarse o beneficiar a terceros?  Apenas en abril del año pasado, se dieron a conocer dos encuestas que tienen relación con la pregunta.  La primera de ellas, realizada por Consulta Mitofsky, detalló cuáles son las instituciones en las que la gente confía más en México.  Sin duda que la Marina y el Ejército ocuparon, junto con las Universidades, la Iglesia y los medios de comunicación, los primeros espacios en el top 5 de los mejores evaluados.

Asimismo, Parametría daría a conocer una encuesta en donde daba a conocer la poca confianza ciudadana que había sobre la creación del Instituto Nacional Electoral (INE).  El 73% de los encuestados consideró que dicho cambio no traería mayor transparencia a los procesos electorales frente a un 22% que consideró lo contrario.

Ranking de las instituciones mejor y peor evaluadas POR 

Consulta Mitofsky.

Fuente: http://www.adnpolitico.com/gobierno/2014/04/22/ranking-que-instituciones-generan-mas-y-menos-confianza

La segunda encuesta, coordinada entre la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y denominada Encuesta Nacional sobre transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, arrojó que el 54% de los entrevistados señaló que la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos que ejerce el gobierno no debe importar tanto, siempre y cuando éste se aplique a los más necesitados y en obras públicas.  En contraste, un 42% opinó que el tema debe ser considerado muy importante.  Sn embargo, un porcentaje muy alto de los entrevistados consideró que las distintas instituciones del país informan poco o nada de lo que hacen con los recursos públicos.

Pero un dato muy relevante fue que el 70% desconoció la existencia de organismos encargados de revisar y auditar las cuentas públicas de los gobiernos; sólo un 6% identificó a la Secretaría de Hacienda y apenas un 1% a la ASF.  Lo anterior deja en claro que la sociedad, primero, se queja que hay mucha corrupción y; segundo, desconoce la existencia de instituciones encargadas de combatir la corrupción.

CONOCIMIENTO DE LA SOCIEDAD SOBRE INSTITUCIONES

RESPONSABLES DE REVISAR LOS RECURSOS PÚBLICOS.

Fuente: http://www.miguelcarbonell.com/docencia/Encuesta_Nacional_sobre_transparencia_rendici_n_de_cuentas_y_combate_a_la_corrupci_n.shtml

El reflejo que también muestran estas encuestas es que existe poco interés del ciudadano por informarse y conocer el funcionamiento del gobierno y sus instituciones.  Sin entrar en detalle, se pueden revisar diversos estudios de opinión que hablen sobre cuánto conocen las instituciones y su función y los resultados serán muy bajos.

Todo lo anterior señalado tiene un objetivo: determinar qué tanto confiará la sociedad ante las eventualidades que en el mediano y corto plazo se han dado en los últimos meses sobre temas vinculados a rendición de cuentas y transparencia.  Hay, por lo menos, dos importantes para señalar: el primero, con la Línea 12 del metro de la Ciudad de México.  Hay que recordar que apenas un año y medio después de ser inaugurada la nueva línea y una de las obras más significativas del gobierno de Marcelo Ebrard, se vio obligada a suspender su servicio por supuestas fallas que presentaba.  Alrededor de 22 mil millones de pesos se invirtió en la obra que llevó casi todo el sexenio de su gobierno para terminarla, de los cuales más del 60% provinieron de recursos federales.  Adicionalmente, se han erogado alrededor de 62 millones de pesos para estudiar e identificar las fallas y otros 100 millones, aproximadamente, para implementar servicios alternativos a los usuarios para transportarse diariamente.

El ex Jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, anunció que finalmente será recibido por la Comisión Especial que designó la Cámara de Diputados, encargada de analizar y realizar un dictamen de lo sucedido.  Ebrard, en su defensa, añade que se trata de un montaje del PRI para dañar su imagen política ante la sociedad y que parte de su intención de presentarse a declarar es para ofrecer pruebas de que actuó con legalidad.  Lo cierto de esto es que se da en un momento crucial en que se renovará la Cámara baja del Congreso de la Unión y el propio Ebrard ha mostrado intenciones de ocupar un asiento en la siguiente Legislatura. ¿Buscará acaso gozar del fuero constitucional?

El segundo caso es con relación al posible conflicto de intereses que derivó de las propiedades que el Ejecutivo Federal posee y que fueron otorgadas por una constructora que se iba a beneficiar de una obra millonaria de infraestructura ferroviaria, misma que ha quedado suspendida hasta nuevo aviso por la contracción de los ingresos previstos vía venta de petróleo.

En recientes días, el Ejecutivo federal presentó a Virgilio Andrade Martínez como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, quien tendrá como primera responsabilidad nada menos que investigar si hubo o no algún conflicto de intereses tras los hechos de la adjudicación de la obra del tren de alta velocidad a la empresa denominada Grupo Higa. 

A Andrade Martínez se le vincula como un cercano colaborador del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray.  Su amistad data desde 1986, año en que ambos cursaban su licenciatura en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), uno en Derecho y el otro en Economía.  De hecho, Videgaray fue quien lo propuso a ocupar un asiento en el Consejo General del entonces IFE en 2003 y de ingresar a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER).

No es que se dude del nuevo Secretario pero la encomienda que hoy tendrá para determinar si el Presidente de la República y su esposa se vieron involucrados en un conflicto de intereses es una difícil tarea.  Más aún si para el propio Ejecutivo el combate a la corrupción no es una prioridad en su gobierno: desde el inicio de su gobierno hasta apenas el pasado 3 de febrero, la Función Pública no contaba con titular.

Lo que resulta absurdo e incluso ofensivo es que sea el propio Ejecutivo quien designe ahora a un titular para que lo investigue.  Es como decirle al acusado en un juicio que nombre al Juez para que lleve el caso en la corte.  Sin embargo, la legislación le faculta a ello.  Además de los poco más de los 200 mil pesos que percibirá como sueldo, el nuevo Secretario deberá revisar si también el propio titular de Hacienda tuvo conflicto de intereses con la constructora.  Es decir, tendrá que investigar a su propio colega.

Es evidente que la transparencia y la rendición de cuentas han dado un gran salto hacia atrás.  Mucho dependerá del nuevo titular dignificar un área al que poco o nulo interés le tiene puesto la Presidencia.  Sin embargo, es fácil deducir que fue nombrado para encubrir un caso que resulta más que claro en el que hubo un conflicto de intereses.  Todo ello, el tiempo lo ratificará.

El tintero.

17 candidatos ciudadanos buscarán la gubernatura en cada una de las 7 entidades donde se renovará al Ejecutivo local en las elecciones del presente año.  Michoacán y Querétaro son los que más proponen con 3 cada uno, mientras que Baja California Sur, Colima, Nuevo León y San Luis Potosí contarán con 2.  Finalmente, en Campeche, Guerrero y Sonora habrá sólo un contendiente. 

De entre los aspirantes hay un poco de todo: ex militantes del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y hasta de MORENA; empresarios; líderes campesinos; intendentes; profesionistas y hasta un joven de 24 años.  De hecho, en el primer filtro establecido, 5 e los 17 no lograron pasar la primera prueba de los requisitos y únicamente hay 12 que seguirán.  Su peregrinaje será largo puesto que requerirán presentar el apoyo del 3% del padrón de electores.  Puede encontrarse mayor información en: http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2015/02/04/17-personas-alzan-la-mano-para-ser-candidatos-independientes-a-gobernador.

(*) Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/