El origen de Pensamiento Lateral corresponde al que en su momento acuñó el escritor y psicólogo maltés, Edward de Bono, en su libro New think: the use of lateral thinking (Nuevo pensamiento: el uso del pensamiento lateral) publicado en 1967.

Este concepto, utilizado incluso en la psicología, se enfoca en la búsqueda de soluciones a problemas utilizando estrategias o caminos alternos a los que normalmente la lógica simple nos llevaría. Se vale de la creatividad al momento de evaluar y dar solución a los diversos obstáculos que se presentan. Esto permite encontrar otras formas de percibir las cosas, de analizarlas desde otro contexto, con un matiz innovador y propositivo a la vez.

La vinculación con el contenido de la columna permite una asociación interesante ya que lo que pretendo es presentar un análisis basándome en una temática alterna a lo que, mediante un pensamiento simple y lógico, nos llevaría por vías ya conocidas. Pensamiento Lateral busca, desde una perspectiva innovadora, generar debate, reflexión y proponer nuevos esquemas de solución a las problemáticas políticas, sociales y económicas de nuestro entorno.

Finalmente, en el contenido de la propia columna haré una adición a lo que normalmente comparto con ustedes: El tintero, que es un breve espacio en donde escribiré noticias o datos relevantes para el consumo personal.

miércoles, 28 de agosto de 2013

El debate energético: ¿político o técnico?


Pensamiento lateral
El debate energético: ¿político o técnico?
Por: Miguel Á. Martínez Castillo (*)



Un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente
como para contratar gente más inteligente que él.
John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) Político estadounidense.


El petróleo ciertamente es considerado el oro negro entre la humanidad.  Ha llevado a los países al extremo de desatar conflictos armados, intervenciones, golpes de Estado, etc., con tal de obtener su control y distribución.  Y no es para menos pues representa hasta hoy en día el motor principal para la economía de cualquier nación.

En las últimas décadas, principalmente en los ochenta y noventa, varios países han hecho modificaciones a sus legislaciones para permitir la participación del capital privado en la exploración, extracción, procesamiento y distribución del petróleo, así como lo correspondiente al gas natural y la electricidad.  Estas reformas no son nuevas, sino que llevan algunos años, bajo el entendido que los países no cuentan con el capital suficiente para invertir y al mismo tiempo obtener utilidades al momento de la compra-venta del combustible o energía.

Países como Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú, entre otros, han llevado a cabo reformas en los sectores de la electricidad, el gas natural y el petróleo con la finalidad teórica de ser más competitivos a escala mundial.  Un caso muy particular es Cuba, quien a pesar de tener un modelo socialista ha permitido desde los noventa la incorporación y asociación con la empresa petrolera canadiense Pebercan, quien hasta hace unos días era la encargada de extraer de manera compartida el petróleo con Cuba Petróleo (CUPET).

En México, desde el inicio de la alternancia en el poder, a partir del 2000, se han presentado al menos dos documentos de mediana trascendencia (puesto que ninguno de ellos ahondó en sendas reformas constitucionales) para transformar la legislación en materia energética.  Fox y Calderón en su momento hicieron de conocimiento sus intenciones de incorporar mayor participación del capital privado en los hidrocarburos sin llegar a consumar el éxito o resultado esperado.

Hasta hace algunos días, Enrique Peña Nieto presentó al Congreso federal su proyecto de reforma energética que incluye la modificación al texto del artículo 27 y 28 constitucionales.  Básicamente, el cambio se refiere al regreso bajo el esquema de la generación de contratos con el capital privado para la explotación del petróleo.  Ante esta propuesta, las voces que se autodenominan defensoras del petróleo han dado un categórico no a la reforma energética sin permitir el debate, la reflexión o la discusión a fondo del tema.  Y son varios los interesados de que no se toque ni con el pétalo de una rosa al sector en cuestión: para López Obrador representa una bandera más para mantenerse vigente en el quehacer político; para Cuauhtémoc Cárdenas representa salir de la inercia y sacudirse un poco la polilla producto de lo primero, aunque de todos tal vez sea quien tenga los argumentos más sólidos para debatir; para el sindicato petrolero, el no tocar sus incontables privilegios, y más aún los de su dirigente, Carlos Romero Deschamps.

Sin embargo, la gran pregunta de fondo descansa en lo siguiente: ¿bajo qué enfoque debemos discutir la reforma energética: político o técnico?  Por supuesto que dicha reforma conlleva un grado de connotación política porque sin duda que se tocarán intereses muy altos.  Pero no debe omitirse el hecho de que, para tener una reforma competitiva y adecuarla a las necesidades del país y sobre todo de PEMEX, se requiere de su discusión técnica, misma que permitirá conocer a detalle los pormenores, los límites y alcances de la petrolera mexicana.  Creo, sin temor a equivocarme, que la discusión no está en si se modifica o no el texto constitucional como han señalado sus defensores, sino en las leyes secundarias que de ella deriven, es decir, en la interpretación que se dé del párrafo reformado.  Ahí está la clave para desatar el nudo.

Otra cuestión que debe estar presente en el inicio del debate es si es necesaria una reforma.  Por su puesto que lo es.  México hoy en día importa la mitad de la gasolina y el 40% del gas natural que consumimos diariamente.  No tenemos la tecnología suficiente para explorar en aguas profundas, no tenemos la capacidad de distribuirla eficazmente al grado que somos víctimas de robo de combustible que anualmente representan pérdidas millonarias para la petrolera, como tampoco, y desde hace mucho tiempo atrás, somos lo suficiente competitivos para posicionarnos en el mercado internacional.

México es un país que tiene petróleo, gas y electricidad.  La discusión de la reforma energética viene a darse en una coyuntura compleja, complicada y cargada de otras temáticas que sin duda generarán jaloneos al grado de llegar a un esguince político que terminará con una reforma de poco alcance.  Las reformas al IFAI, la electoral, la hacendaria, entre otras, serán motivo de fuertes negociaciones que impactarán sobre la energética.

Lo único nuevo de esta reforma es lo que líneas arriba he comentado: la generación de contratos con el sector privado, pero: ¿bajo qué condiciones, qué alcances tendrá, hasta dónde llegarán dichos contratos y a qué sectores impactará? Son solo algunas de las primeras interrogantes que surgen tras un repaso rápido al texto.  A todo ello agregaría que la reforma no debe limitarse a la participación del sector privado y en el cómo se dará, sino también a otros ámbitos como la transparencia en el ejercicio de los recursos de la petrolera, que sin duda debe tocar al sindicato, pues es de llamar la atención que su líder haya regalado a su hijo nada más que un Enzo Ferrari con valor de 2 millones de dólares.

Reitero, la clave de la reforma energética está en su discusión técnica.  Dejar hacer su trabajo a los que verdaderamente conocen la problemática de PEMEX y no dejarse llevar por el discurso y la retórica política que alimenta a ese tan desgastado nacionalismo radical en torno a la figura del petróleo.  Utilizar, por ejemplo, la imagen de Lázaro Cárdenas para convencer al ciudadano de que el petróleo no se privatizará, me parece un absurdo argumento, pero el grueso de la sociedad desafortunadamente no está ni le interesa ahondar en la discusión del tema.  Se tendrá, pues, que analizar hasta dónde debe llegar la incorporación del capital privado que, sostengo, sí debe de participar pero bajo esquemas totalmente controlables por el Estado mexicano; en qué sectores –petrolero, electricidad o gas- debe tener jugada y los beneficios que pueda ofrecer el gobierno a quienes decidan compartir los riesgos en su exploración y explotación así como aquellos destinados al propio Estado mexicano.

Llevamos años de atraso en este debate como años tiene la obsoleta infraestructura del petróleo en México. Otros países ya han presentado reformas a sus legislaciones con resultados diferentes que bien pueden servir como marco comparativo para no cometer los errores que ellos tuvieron.  Esperemos que los intereses de la nación se antepongan al de los vividores del petróleo.  Se vale soñar.

El tintero.

Dos noticias llamaron mi atención esta semana: la primera referente a la continuidad del sobre endeudamiento de los municipios en Quintana Roo y los efectos que de ésta se ha generado.  El congreso local aprobó el incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 2% al 3% sin siquiera haber hecho un análisis del impacto sobre la economía local.  También aprobaron un refinanciamiento y crédito que juntos superan los 800 millones de pesos para el municipio de Solidaridad.  Lo curioso es que hasta ahora se supo que el ayuntamiento ya lo había aprobado con meses de anterioridad.  Los partidos opositores han hecho un sepulcral mutis ante estas acciones en el estado y sus votos han estado divididos.

El segundo es la reforma al IFAI que presentó el PRI: quieren quitarle el principio de inapelables a las decisiones de dicho órgano, permitiendo a la PGR, la CNDH, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y el Banco de México presentar impugnaciones ante la SCJN para apelar sus resoluciones aduciendo “seguridad nacional”.  Más grave aún es que quieren quitarle a los partidos el concepto de ser sujetos de obligación de proporcionar información, cuando no sólo reciben grandes cantidades de dinero público sino que hoy en día 17 legislaciones locales los tienen enmarcados como sujetos obligados.  PAN y PRD han anunciado que no pasará la reforma.  Veremos qué sucede.


(*) Consejero Nacional por el PAN en Quintana Roo.
 


De la transparencia a la oscuridad


Pensamiento lateral
De la transparencia a la oscuridad
Por: Miguel Á. Martínez Castillo (*)



Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y muera el que no piense como yo.
Voltaire (1694-1778) Filósofo


La cultura de la transparencia en nuestro país es apenas un diminuto árbol que está en proceso de crecimiento y expansión.   En la maraña que se tiene a nivel nacional nos encontramos con una noticia que muy pocos medios están dándole la importancia que se le debería otorgar.  En recientes días, el Congreso aprobó una reforma a la Ley de transparencia.  Pero primero analicemos los antecedentes.

Lleva poco más de 10 años la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en México y su fortalecimiento está a punto de sufrir un fuerte revés.  En septiembre de 2012 el Senador Alejandro Encinas presentó una iniciativa que buscaba fortalecer las facultades y atribuciones del IFAI, a lo que posteriormente, en diciembre de ese año, tras el ascenso a la Presidencia por parte de Enrique Peña Nieto, hubo el compromiso por parte de éste de fortalecer al Instituto.  De esos compromisos asumidos por el hoy Presidente de México estaban: que toda autoridad, sindicato, persona u órgano que recibiera o ejerciera recursos públicos debía ser sometido a las mismas reglas de transparencia.  Esto obviamente incluía a los partidos políticos pues son denominados entes de interés público y por tanto ejercen recursos provenientes del erario.

Otra de las iniciativas era de que las resoluciones del IFAI fueran inatacables y definitivas, dos conceptos importantísimos en el ejercicio de las funciones del Instituto.  Con ello, cualquier petición autorizada no podría rechazarse por parte de las instancias requeridas.

Sin embargo, en su andar a la Cámara de Diputados, la iniciativa sufrió varios cambios: los priístas, con el apoyo del PVEM y algunos del PRD propusieron que las resoluciones del IFAI no fueran inatacables y definitivas y pudieran ser motivo de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  Es decir, que entidades como la PGR, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal pudieran emitir apelaciones frente las solicitudes que les señalara el órgano de transparencia.

La modificación ocasionaría que en temas de seguridad, derechos humanos y económicos del país podría darse apelaciones sobre acceso a la información.  Pero el daño no sólo se limitaría a ello, sino que buscaban también quitarle a los partidos la obligatoriedad de proporcionar información a los ciudadanos.

De igual manera, la propuesta de los diputados promotores incluía el incremento de los miembros del IFAI, al pasar de 4 a 7 y que más de la mitad (4) tuvieran la profesión de abogado.  Es decir, el perfil por encima de la pluralidad.

Al final de cuentas, debido a la presión de legisladores del PAN y otros más del PRD que se sumaron, la iniciativa se acotó únicamente a que sea la Consejería Jurídica quien pudiera presentar apelaciones ante la SCJN.  Faltará todavía la discusión que tenga el Senado sobre estos cambios que hizo la Cámara baja.

De todo esto es importante destacar las siguientes reflexiones: primero,  en febrero de 2012, la SCJN emitió un pronunciamiento acerca de las resoluciones del IFAI.  Claramente y por unanimidad determinó que quien tiene la última palabra es el órgano de transparencia, es decir, son definitivas e inatacables. 

Segundo: los intereses.  Es de llamar la atención que actores como la PGR estén muy atentos a que las resoluciones del IFAI tengan apelación, ya que esta entidad tiene más de 30 casos en litigio contra el órgano multicitado.  Tampoco habría que descartar los intereses de otros sectores como el empresarial y bancario, ya que por violaciones en el uso de datos personales se han emitido sanciones a éstos que superan los 21 millones de pesos (casos de Sport-city y Banamex).

Tercero: a pesar que la transparencia debe ser un tema al cual hay que darle importancia, parece que entre la sociedad existe poco o nulo interés por conocer e informarse.  Parametría publicó a finales de diciembre de 2012 una encuesta que refleja lo comentado: 1 de cada 5 mexicanos conoce y sabe qué es y qué hace el IFAI.  Y lo peor viene todavía: en 2011 un 72% de los encuestados no sabía qué era el IFAI, para 2012 aumentó a 77%.

Menos halagador resulta saber que el 50% de los entrevistados reconoció que la razón por la cual no están informados de estos temas es la falta de interés.  Asimismo, sólo 3 de cada 10 mexicanos piensa que la principal razón de no acceder a la información es debido a la dificultad de su procedimiento.  En México únicamente –según la encuesta- 12 de cada 100 ciudadanos conocen y saben cómo solicitar información al gobierno, dos menos que con respecto a 2011.

Sin duda que ante el escenario de un acotamiento a las facultades y alcances del IFAI, tenemos una sociedad a la que poco le importa informarse y poco conoce sobre temas de transparencia.  No dudo en pensar que las demás reformas –energética, fiscal, electoral, etc- terminen en el mismo sentido.  De mucho se queja el ciudadano de la efectividad de sus legisladores, pero por el otro lado demuestran un claro desinterés por estos temas.  Habrán muchos cambios a la forma de explotar el petróleo, a los mecanismos que rigen los procesos electorales, al servicio docente y al acceso a la información, entre otros, y pareciera que a la sociedad poco le interesa.  Poco se valora o se le reconoce al hecho de que la información es poder.


El tintero.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lleva el marcador a su favor frente al gobierno federal y el Congreso de la Unión: primero logró detener la votación que regularía el Servicio Profesional Docente y obligó al gobierno a sentarse a dialogar y buscar acuerdos.  Como segundo paso y causa del primero, tomaron avenidas y arterias de la Ciudad de México que han generado el descontento social no solo hacia ellos sino también con las autoridades encargadas de garantizar el orden.  A ello sumémosle el costo económico que han propiciado: 4.5 millones de pesos por los desórdenes en el Congreso y más de 400 millones a diversos sectores en la ciudad de México, como son restauranteros, hoteleros, aviación, pequeños comerciantes, entre otros. 

En tercer lugar, se manifestaron en las embajadas de algunos países como España y Francia, entre otros, para “exportar” su movimiento.  No le veo otra razón más que la de decirle al mundo la situación política que se vive México hoy en día. ¿Quiénes o qué intereses están detrás de este movimiento que cuesta decenas de millones de pesos su sostenimiento? Tener y mantener a más de 15 mil paristas no cualquiera lo hace.  Ahora, se aproxima un cuarto tanto al obligar al Presidente a rendir su mensaje con motivo del primer informe de gobierno en el campo Marte.  Mala señal de autoridad.

Por otro lado, se han dado a conocer más fallas de los 117 errores ortográficos detectados en los libros de texto gratuito: “Cristobal”, “Gadalajara”, “heróico”, “colegió”, “trasporte”, “distrosionan”, “codice” son solo algunos ejemplos de los pequeños detalles que se les escaparon a las autoridades educativas, como el de ubicar a Tulum en Yucatán. 



(*) Consejero Nacional por el PAN en Quintana Roo.