Pensamiento lateral
El debate energético: ¿político o técnico?
Por:
Miguel Á. Martínez Castillo (*)
Un hombre inteligente
es aquel que sabe ser tan inteligente
como para contratar gente más
inteligente que él.
John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) Político estadounidense.
El petróleo ciertamente es considerado el oro negro
entre la humanidad. Ha llevado a los
países al extremo de desatar conflictos armados, intervenciones, golpes de
Estado, etc., con tal de obtener su control y distribución. Y no es para menos pues representa hasta hoy
en día el motor principal para la economía de cualquier nación.
En las últimas décadas, principalmente en los
ochenta y noventa, varios países han hecho modificaciones a sus legislaciones
para permitir la participación del capital privado en la exploración,
extracción, procesamiento y distribución del petróleo, así como lo
correspondiente al gas natural y la electricidad. Estas reformas no son nuevas, sino que llevan
algunos años, bajo el entendido que los países no cuentan con el capital
suficiente para invertir y al mismo tiempo obtener utilidades al momento de la
compra-venta del combustible o energía.
Países como Brasil, Argentina, Chile, Venezuela,
Bolivia, Ecuador y Perú, entre otros, han llevado a cabo reformas en los
sectores de la electricidad, el gas natural y el petróleo con la finalidad
teórica de ser más competitivos a escala mundial. Un caso muy particular es Cuba, quien a pesar
de tener un modelo socialista ha permitido desde los noventa la incorporación y
asociación con la empresa petrolera canadiense Pebercan, quien hasta hace unos
días era la encargada de extraer de manera compartida el petróleo con Cuba
Petróleo (CUPET).
En México, desde el inicio de la alternancia en el
poder, a partir del 2000, se han presentado al menos dos documentos de mediana
trascendencia (puesto que ninguno de ellos ahondó en sendas reformas
constitucionales) para transformar la legislación en materia energética. Fox y Calderón en su momento hicieron de
conocimiento sus intenciones de incorporar mayor participación del capital
privado en los hidrocarburos sin llegar a consumar el éxito o resultado
esperado.
Hasta hace algunos días, Enrique Peña Nieto
presentó al Congreso federal su proyecto de reforma energética que incluye la
modificación al texto del artículo 27 y 28 constitucionales. Básicamente, el cambio se refiere al regreso
bajo el esquema de la generación de contratos con el capital privado para la
explotación del petróleo. Ante esta
propuesta, las voces que se autodenominan defensoras
del petróleo han dado un categórico no a la reforma energética sin permitir el
debate, la reflexión o la discusión a fondo del tema. Y son varios los interesados de que no se
toque ni con el pétalo de una rosa al sector en cuestión: para López Obrador
representa una bandera más para mantenerse vigente en el quehacer político;
para Cuauhtémoc Cárdenas representa salir de la inercia y sacudirse un poco la
polilla producto de lo primero, aunque de todos tal vez sea quien tenga los
argumentos más sólidos para debatir; para el sindicato petrolero, el no tocar
sus incontables privilegios, y más aún los de su dirigente, Carlos Romero
Deschamps.
Sin embargo, la gran pregunta de fondo descansa en
lo siguiente: ¿bajo qué enfoque debemos discutir la reforma energética:
político o técnico? Por supuesto que
dicha reforma conlleva un grado de connotación política porque sin duda que se
tocarán intereses muy altos. Pero no
debe omitirse el hecho de que, para tener una reforma competitiva y adecuarla a
las necesidades del país y sobre todo de PEMEX, se requiere de su discusión
técnica, misma que permitirá conocer a detalle los pormenores, los límites y alcances
de la petrolera mexicana. Creo, sin
temor a equivocarme, que la discusión no está en si se modifica o no el texto
constitucional como han señalado sus defensores,
sino en las leyes secundarias que de ella deriven, es decir, en la
interpretación que se dé del párrafo reformado.
Ahí está la clave para desatar el nudo.
Otra cuestión que debe estar presente en el inicio del
debate es si es necesaria una reforma.
Por su puesto que lo es. México
hoy en día importa la mitad de la gasolina y el 40% del gas natural que
consumimos diariamente. No tenemos la
tecnología suficiente para explorar en aguas profundas, no tenemos la capacidad
de distribuirla eficazmente al grado que somos víctimas de robo de combustible
que anualmente representan pérdidas millonarias para la petrolera, como
tampoco, y desde hace mucho tiempo atrás, somos lo suficiente competitivos para
posicionarnos en el mercado internacional.
México es un país que tiene petróleo, gas y
electricidad. La discusión de la reforma
energética viene a darse en una coyuntura compleja, complicada y cargada de
otras temáticas que sin duda generarán jaloneos al grado de llegar a un
esguince político que terminará con una reforma de poco alcance. Las reformas al IFAI, la electoral, la
hacendaria, entre otras, serán motivo de fuertes negociaciones que impactarán
sobre la energética.
Lo único nuevo de esta reforma es lo que líneas
arriba he comentado: la generación de contratos con el sector privado, pero:
¿bajo qué condiciones, qué alcances tendrá, hasta dónde llegarán dichos
contratos y a qué sectores impactará? Son solo algunas de las primeras
interrogantes que surgen tras un repaso rápido al texto. A todo ello agregaría que la reforma no debe
limitarse a la participación del sector privado y en el cómo se dará, sino
también a otros ámbitos como la transparencia en el ejercicio de los recursos
de la petrolera, que sin duda debe tocar al sindicato, pues es de llamar la
atención que su líder haya regalado a su hijo nada más que un Enzo Ferrari con
valor de 2 millones de dólares.
Reitero, la clave de la reforma energética está en
su discusión técnica. Dejar hacer su
trabajo a los que verdaderamente conocen la problemática de PEMEX y no dejarse
llevar por el discurso y la retórica política que alimenta a ese tan desgastado
nacionalismo radical en torno a la figura del petróleo. Utilizar, por ejemplo, la imagen de Lázaro
Cárdenas para convencer al ciudadano de que el petróleo no se privatizará, me
parece un absurdo argumento, pero el grueso de la sociedad desafortunadamente
no está ni le interesa ahondar en la discusión del tema. Se tendrá, pues, que analizar hasta dónde debe
llegar la incorporación del capital privado que, sostengo, sí debe de
participar pero bajo esquemas totalmente controlables por el Estado mexicano;
en qué sectores –petrolero, electricidad o gas- debe tener jugada y los
beneficios que pueda ofrecer el gobierno a quienes decidan compartir los
riesgos en su exploración y explotación así como aquellos destinados al propio
Estado mexicano.
Llevamos años de atraso en este debate como años
tiene la obsoleta infraestructura del petróleo en México. Otros países ya han
presentado reformas a sus legislaciones con resultados diferentes que bien
pueden servir como marco comparativo para no cometer los errores que ellos
tuvieron. Esperemos que los intereses de
la nación se antepongan al de los vividores del petróleo. Se vale soñar.
El tintero.
Dos noticias llamaron mi atención esta semana: la
primera referente a la continuidad del sobre endeudamiento de los municipios en
Quintana Roo y los efectos que de ésta se ha generado. El congreso local aprobó el incremento del
Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 2% al 3% sin siquiera haber hecho un análisis
del impacto sobre la economía local. También
aprobaron un refinanciamiento y crédito que juntos superan los 800 millones de
pesos para el municipio de Solidaridad.
Lo curioso es que hasta ahora se supo que el ayuntamiento ya lo había
aprobado con meses de anterioridad. Los
partidos opositores han hecho un sepulcral mutis
ante estas acciones en el estado y sus votos han estado divididos.
El segundo es la reforma al IFAI que presentó el
PRI: quieren quitarle el principio de inapelables a las decisiones de dicho
órgano, permitiendo a la PGR, la CNDH, la Consejería Jurídica del Ejecutivo
Federal y el Banco de México presentar impugnaciones ante la SCJN para apelar
sus resoluciones aduciendo “seguridad nacional”. Más grave aún es que quieren quitarle a los
partidos el concepto de ser sujetos de obligación de proporcionar información,
cuando no sólo reciben grandes cantidades de dinero público sino que hoy en día
17 legislaciones locales los tienen enmarcados como sujetos obligados. PAN y PRD han anunciado que no pasará la reforma. Veremos qué sucede.
(*) Consejero
Nacional por el PAN en Quintana Roo.