Pensamiento lateral.
Nuevos
esquemas en la sucesión gubernamental.
Por:
Miguel Á. Martínez Castillo. (*)
Come a gusto y placentero, y
que ayune tu heredero.
Refrán español.
Refrán español.
El PRI, después de 2000, sí
cambió. La afirmación puede resultar
debatible pero mi argumento tiene que ver con el cambio en la mecánica de la
designación de sus candidatos, en particular con aquellos que compiten en el
ámbito local. Sin embargo, es importante
aclarar que el cambio no necesariamente significa, o que sea sinónimo, de
mejoría. Los medios pueden alterarse
pero los fines –y los resultados- siguen siendo los mismos.
El presidencialismo en México ha
venido perdiendo influencia conforme pasan los años frente al fortalecimiento
del Legislativo y los gobernantes locales que han generado un interesante
equilibrio y competencia para responder a la interrogante: ¿quién designará al
sucesor? En 2016 se llevaran a cabo 14
procesos electorales de los cuales en 13 entidades se renovará la gubernatura
(la se incluye el proceso extraordinario de Colima) y el proceso en cómo se designarán
los candidatos en cada una por parte del PRI es meritorio de una
reflexión. Lo digo no por el hecho de
que sea el partido con mayor número de gobernantes en el país sino por la
cuestión que, históricamente, el PRI designaba –no elegía- a su candidato
presidencial y gobernantes locales a través de la figura del Presidente de la
República.
En la actualidad ya no se podría
afirmar –al menos de manera categórica- que en los procesos internos existe
sólo la opinión del Presidente de la República sino que, derivado de la
alternancia en el gobierno, se han agregado nuevos esquemas así como actores en
la toma de decisiones lo que, por un lado, permite un cierto grado de apertura
a otros participantes pero al mismo tiempo hace complejo el proceso de
designación del candidato.
Sin embargo, la complejidad de
designar un candidato –tratándose del PRI- depende de varios factores que a
nivel local deben darse: la voluntad política, el número de aspirantes, la
apertura del gobernante saliente, entre otros.
En algunas entidades donde se tendrá elección el siguiente año las
piezas han empezado a acomodarse de tal manera que antes de finalizar el año,
los aspirantes sepan si serán o no los candidatos. Es, pues, un método antidemocrático y
excluyente pero ese es el modus vivendi
del PRI. Así nació y así le ha resultado
durante sus largas décadas de vida partidista.
En Aguascalientes, Lorena Martínez
Rodríguez, ex titular de PROFECO, renunció al cargo para buscar la gubernatura,
Héctor Murguía (Jefe de Políticas Públicas estatal) también hizo lo propio en su
entidad Chihuahua y, Alejandro Murat (ex titular de INFONAVIT) lo hará en
Oaxaca. En Durango, por ejemplo, hay dos
aspirantes que compiten: Esteban Villegas (alcalde de la capital) y la senadora
Leticia Herrera aunque el primero es afín al mandatario estatal.
Aquí se presenta lo que he señalado
hace unas líneas: dependiendo del número de aspirantes, la voluntad política y
la apertura del mandatario local saliente a escuchar alternativas, el proceso
interno de este partido permitirá contar con candidaturas en las que los no
designados se sumen pero al mismo tiempo encuentren espacios para seguir
vigentes.
Llama pues, la atención el caso de
Quintana Roo dado que la competencia entre los aspirantes de ese partido se ha
intensificado e incluso se presume que puede haber escisión interna. Es evidente que existen aspirantes que llevan
el aval del gobernante local pero también hay quienes son impulsados por
funcionarios del círculo cercano al mandatario federal. Tampoco debe descartar la influencia del hoy
dirigente nacional priísta, Manlio Fabio Beltrones, quien no dudo que, al tener
aspiraciones presidenciales, eche mano política para colocar piezas clave en
los estados.
Según una encuesta realizada por la
casa editorial El Universal, si hoy fueran las elecciones en Quintana Roo, el
PRI ganaría prácticamente con una ventaja de 3 a 1 sobre su más cercano
competidor (que en este caso sería el PAN) y con cualquiera de los 5 aspirantes
que la encuesta contempló.
Una primera constante es que,
independientemente del candidato que el PRI ponga en el estado –con base en la
encuesta- ganaría con un margen de entre 34 y casi 37 puntos porcentuales,
mientras que el PAN fluctuaría entre el 8 y los casi 12 puntos pero sólo si fueran
en alianza con el PRD en el caso de éste último.
Otra encuesta presentada por El
Universal fue en Oaxaca. Ahí 6 son los
que aspiran a ser candidatos a Gobernador pero de ellos uno –Eviel Pérez
Magaña- tiene la mayor simpatía por encima de los demás, incluso de Alejandro
Murat, el enviado de Los Pinos.
Ambas encuestas permiten deducir
importantes puntos: en la de Quintana Roo no se pondera la preferencia hacia
alguno de los 5 aspirantes priístas, es decir, no se incluyó la pregunta
expresa ¿a quién prefiere como candidato del
PRI a la gubernatura?, mientras que en la de Oaxaca sí. Ello habría permitido conocer vis a vis quien está mejor
posicionado. Sería un filtro para
determinar al candidato.
En segundo lugar, la competencia en
términos de preferencia es abismal en Quintana Roo (3 a 1 en cualquier
escenario con cualquier aspirante, sea del PRI o de la oposición) que respecto
a Oaxaca. Se entiende lo anterior dado
que en Oaxaca gobierna la oposición. La diferencia
en puntos se acota en un escenario donde el PAN y PRD hacen alianza.
Sin embargo, ambas encuestas
muestran un alto porcentaje de indecisos, lo que implica que muy seguramente
las preferencias cambiarán en los próximos meses y dependerá en mucho de la
estrategia y las acciones que planeen los partidos para obtener el voto
ciudadano.
No pasó por alto el hecho que, en
el caso particular de Quintana Roo, la encuesta de El Universal haya sido
utilizada con fines tendenciosos, tergiversando o mal interpretando sus
resultados. El hecho de ser el más
conocido no significa que tenga que ser el favorito en las encuestas. Habría que tomar en consideración, entre
otros elementos, el desempeño de los que hoy aspiran. Cito a dos de ellos, que al mismo tiempo son
alcaldes de dos de los municipios más importantes –en términos económicos- de
la entidad: Mauricio Góngora (Solidaridad) y Paul Carrillo (Benito Juárez).
De acuerdo a un estudio realizado
por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), ambos municipios
figuran hoy de entre los 20 más endeudados del país, es decir, que de los 2,495
que existen hoy, 839 poseen una deuda conjunta cuyo monto asciende a los 54 mil
621 millones de pesos y, de esos, 20 de ellos (donde se encuentran ambas
demarcaciones de Quintana Roo) concentran el 45%, es decir, más de 24,500
millones de pesos.
Fuente: http://www.animalpolitico.com/2015/12/cada-ciudadano-paga-hasta-3-mil-pesos-por-la-deuda-en-sus-municipios/
Pero el asunto no descansa sólo
ahí. Solidaridad ocupa hoy el primer
lugar nacional en deuda per cápita. Si hoy
se decidiera pagar la totalidad de su deuda, que es de poco más de 770
millones, cada habitante del municipio tendría que desembolsar 3,378 pesos. Para el caso de Benito Juárez, éste ocupa el
sexo lugar de entre los 20 municipios más endeudados y el noveno sitio en deuda
per cápita.
El tema es grave. En los últimos 8 años, la deuda de los
municipios ha incrementado en un 83% superando los 54 mil millones de
pesos. Ello no sólo significa que hayan
comprometido administraciones futuras sino que además han sido muy opacos en
reportar lo que hacen con los empréstitos.
Fuente: http://www.animalpolitico.com/2015/12/cada-ciudadano-paga-hasta-3-mil-pesos-por-la-deuda-en-sus-municipios/
Es necesario poner especial
atención en estos factores que son medibles y que permiten conocer el desempeño
del funcionario público antes de tomar una decisión. Por lo pronto, uno puede tomar en cuenta los
datos anteriores y formarse una opinión antes de optar por quién votar en el
futuro. Ya veremos cómo se desarrollará
la tendencia en las siguientes semanas.
El tintero.
¿Cuánto cree que cuesta vestir a
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Según una nota de Excélsior, la toga usada por cada integrante de la Suprema Corte
cuesta alrededor de 17,500 pesos. Pero como
laboran muy seguido, los magistrados optaron por elegir 3 prendas cada uno, lo
que juntos hacen 33 uniformes que sumando su valor cuestan 544,500 pesos. Por lo pronto habrá que preparar el pago por
105,500 para los 6 nuevos juegos de vestimenta para los recién nombrados
ministros, Javier Laynez Potisek y Norma Lucía Piña Hernández. La justicia cuesta, sin duda.
(*)
Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones
Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/
