Pensamiento lateral.
Campañas
electorales y las restricciones del Acuerdo 61 del INE.
Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)
Una nación sin elecciones
libres es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos.
Octavio
Paz (1914-1998) Poeta y ensayista mexicano.
¿Cuántas restricciones son necesarias para que en un proceso
electoral se garantice la legalidad? La nueva legislación electoral –discutida,
negociada y aprobada en el Congreso- establece fuertes limitantes para los
hoy servidores públicos en activo, algo que en otros países no lo estaría. No es necesario ir tan lejos, nuestro vecino
del norte, ve con toda naturalidad que el mismo Presidente de su nación haga
campaña mientras está ejerciendo el cargo.
Es cuestión de enfoques y sobre todo de un apego a los valores
democráticos y al respeto a las reglas más básicas de las contiendas
electorales. Claro que hay que tomar en
cuenta que gran parte del financiamiento que reciben para sus campañas proviene
del capital privado, mientras que en México aún se depende el erario.
En México prevalece una tradición sistémica que incentiva la
corrupción y el uso indebido de recursos públicos para favorecer a un candidato
en los procesos electorales.
Normalmente, el partido que detenta el poder de un gobierno, es quien
hace uso de la gama de recursos para inclinar la balanza a su favor.
Con un árbitro electoral limitado, puesto que
la integración de sus miembros depende del Congreso, las irregularidades,
desvíos y violaciones a la ley son parte del menú obligatorio de cada
proceso. Para muestra, varios
botones. En el presente proceso
electoral, 17 entidades renovarán a más de 600 diputados locales, mil
ayuntamientos y habrá la renovación de 9 gubernaturas. A la par, se renovarán los 500 espacios de la
Cámara de diputados. Todo ello llevará a
los poco más de 83 millones de electores a participar en las urnas el próximo 7
de junio.
Para tener un panorama más claro de la situación, es preciso
primero saber cómo inician los partidos la contienda o quién se perfila como
favorito. Dos casas encuestadoras,
Reforma y BGC-Excélsior, dieron a conocer, previo al inicio de las campañas la
intención de voto entre los ciudadanos.
Ambas ponen en primer lugar al PRI pero con márgenes no muy cómodos de
distancia para que puedan navegar con tranquilidad. Los escándalos de la Casa Blanca, los actos
de corrupción de funcionarios ligados al PRI y el costo político de la reforma fiscal
han golpeado la imagen de este partido frente a la opinión pública.
A pesar que se les da un porcentaje superior a los 30 puntos
–Reforma 32% y BGC-Excélsior 36%- ningún estudio ofrece una ventaja con 40
puntos como sucedió en agosto de 2014.
Encuentro muy difícil que el PRI pueda incrementar su intención de voto
porque habrá que medir el impacto que haya tenido el escándalo del Director de
CONAGUA y la vinculación que se ha generado contra el gobierno federal por la
salida de Carmen Aristegui de MVS.
Deberán hacer una campaña que reposicione su imagen ante la opinión
pública pues tan sólo en un período de 7 meses perdieron 8 puntos, según
Reforma.
Fuente:
Diario Reforma.
El PAN, su más cercano competidor, ambas casas encuestadoras
lo ubican con 22%, una distancia de entre 10 y 14 puntos. Su preferencia prácticamente no ha subido
pero tampoco bajado en los últimos 7 meses.
Ello puede ser tanto una preocupación pero también una oportunidad para
ganarse puntos a favor. Su reciente
campaña contra la corrupción puede tener importantes beneficios pero los
escándalos -precisamente por casos de corrupción- de algunos de sus funcionarios podrán mermar ese
trabajo político.
En un tercer lugar más lejano está el PRD, que fluctúa entre
un 14% y 15% de las preferencias, según Reforma y BGC-Excélsior,
respectivamente. Más lejos aún pero
asegurando el registro llegan MORENA y el PVEM con 8 y 7 puntos porcentuales,
respectivamente. El restante tendrá como
principal prioridad mantenerse vivos.
Llama la atención el crecimiento del PVEM en los últimos
meses que incluso llegó a considerarse como tercera opción de entre las
preferencias electorales. Hoy, tras las
múltiples sanciones recibidas por el Instituto Nacional Electoral (INE), su
simpatía empezó a caer: spots televisivos y en radio, cineminutos en Cinépolis y Cinemex, Vales de medicinas, papel para
envolver tortillas, lentes graduados gratuitos, tarjetas de descuento premia platino, calendarios y propaganda
en revistas, son parte del conjunto de denuncias que se presentaron en su
contra y que juntas han acumulado más de 150 millones de pesos en
sanciones. Lo peor de todo ello es que
ese pago será producto de las participaciones que recibe dicho partido por
concepto de financiamiento público, es decir, de nuestros impuestos.
Pero no solamente los partidos están sujetos a cometer
violaciones, también los gobiernos. Con
la nueva legislación electoral, los candados impuestos no sólo se limitan a los
partidos sino también a los servidores públicos. Con base en el acuerdo INE/CG61/2015
emitido por el Consejo General del INE, denominado ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE EMITEN NORMAS REGLAMENTARIAS SOBRE LA
PROPAGANDA GUBERNAMENTAL A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 41, BASE III, APARTADO C
DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL PROCESO
ELECTORAL FEDERAL 2014-2015, LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES COINCIDENTES CON
EL FEDERAL, ASÍ COMO PARA LOS PROCESOS LOCALES ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS QUE
SE CELEBREN EN 2015 establece disposiciones que son de llamar la atención.
La nueva legislación electoral dictamina que toda la
propaganda gubernamental que difundan los poderes públicos y dependencias de la
administración pública federal y local durante los procesos electorales deberá
tener carácter institucional y únicamente con fines informativos, educativos y
de orientación social. No podrán
incluirse frases, imágenes, voces o símbolos que pudieran significar algún tipo
de propaganda o promoción de algún servidor público.
Pero lo que más atiende mi atención es que el acuerdo del INE
indica que el contenido de la información que difunda todo gobierno –aquella
que le sea permitida- debe limitarse a identificar el nombre de la institución,
excluyendo frases, imágenes, voces o símbolos que sean constitutivos de
propaganda electoral o política. Es
decir, que como indica el texto, la
mencionada propaganda no podrá contener
logotipos, slogans o cualquier otro tipo de referencias al gobierno federal o a
algún otro gobierno o administración, o a sus campañas institucionales, ni
incluir elementos de propaganda personalizada de servidor público alguno.
Lo anterior merece analizar a fondo la interpretación
que hizo el INE sobre el uso de la propaganda gubernamental. En el análisis de las restricciones que marca
el artículo 41 constitucional, el órgano electoral señala que ninguna
dependencia podrá hacer uso de logotipos o slogans
que identifiquen o señalen a un gobierno: podrá
incluir el nombre de la dependencia y su escudo oficial como medio
identificativo, siempre y cuando éstos no se relacionen de manera directa con
la gestión de algún gobierno o administración federal o local.
De lo anterior, resulta claro que ningún gobierno
puede hacer uso de toda aquella imagen que denote o relacione a su
administración. Cada gobernante busca
identificar su mandato a través de alguna imagen o frase para que la gente los
vincule. Fox, siendo presidente, usó un
slogan denominado Contigo es posible;
Calderón usó Vivir Mejor, y Peña
Nieto usa Mover México. A nivel local hemos visto varias frases que
incluso a nivel nacional se han identificado: ¿Quién dice que no se puede?, fue la frase que saltó a la opinión
pública nacional y que hizo aspirante presidencial a Roberto Madrazo. Acciones
que transforman es el que identifica al gobierno de Puebla; Chiapas nos une al del polémico
Gobernador Velasco; Comprometidos con tu
bienestar, al de Yucatán y; Comprometido
contigo, al de Quintana Roo.
Todos los portales de estos gobiernos señalados han
retirado toda aquella publicidad que identifique sus administraciones, al menos
en medios electrónicos. Pero, ¿y qué
pasa con aquella que está en vehículos, edificios, escuelas e incluso papelería
y uniformes? ¿Cuál es el alcance del acuerdo emitido por el INE sobre el 41
constitucional? ¿No es una forma de propaganda todas aquellas obras, domos,
edificios, carreteras, etc., que llevan hoy en cualquier dimensión el slogan
del gobierno que restringe el acuerdo?
Habrá que discutir a fondo hasta dónde llega o abarca la
disposición que el INE plasmó en el Acuerdo 61.
Mientras tanto, el Tribunal Electoral Federal validó la entrega de
televisiones de pantalla plana en cajas que lleven el slogan del gobierno federal
durante las campañas. Es evidente que
los criterios discrepan entre ambos órganos.
El tintero.
Existen los vecinos
incómodos, si no, pregúntele a David Korenfeld, ahora ex Director de CONAGUA. Las fotos tomadas por un ciudadano y
denunciadas en redes sociales causaron tal escándalo que obligaron a dimitir al
entonces titular de la dependencia federal.
Una mala
noticia nos dieron los medios esta semana.
El fallecimiento de uno de los escritores más representativos que, a
través de sus palabras, logró compartirle al mundo una porción de la historia
de América Latina. Apasionado de las
letras como del fútbol, recordaremos al gran Eduardo Galeano.
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