Pensamiento lateral.
Golpe
bajo a la transparencia.
Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)
El verdadero valor consiste en
hacer, sin testigos, lo que uno sería capaz de hacer ante todo el mundo.
François de La Rochefoucauld
(1613-1680) escritor y milita francés.
Reflexione por un instante e
imagine que el gobierno de su entidad ha creado un fideicomiso para llevar a
cabo una serie de proyectos de inversión, que derivó de un empréstito que,
entre otros efectos, contribuye a aumentar la deuda pública. Ahora suponga que tiene interés en conocer
cómo, cuándo, en qué y hacia dónde se destinó ese recurso público pero la
respuesta de la autoridad le dice que no puede proporcionar los datos porque,
entre otros aspectos, no está obligado por ley.
Pues bien, de esa magnitud
se quiere modificar el proyecto de ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública (LGTAIP) que se está discutiendo en el Senado. Ley que por cierto, los propios legisladores
incumplieron en aprobar en el plazo que se había convenido tras las reformas
aprobadas el año pasado y que hasta el 7 de febrero era la fecha límite.
De hecho, son 80
observaciones que hicieron, entre otros actores y posibles sujetos obligados
por la citada ley, como el Banco de México, el gobierno federal, el PRI, el
PVEM, la Consejería Jurídica de la Presidencia, entre otros. Una de ellas, y muy importante promovida por
el PRI y el PVEM fue el artículo 23, relacionado con los fideicomisos. El texto básicamente pretende exentar de
responsabilidades y obligaciones a los fideicomisos y fonos públicos que no
cuenten con estructura orgánica y que no sean, en consecuencia, considerados entidades
paraestatales (Una mejor consulta está en: Proceso, número 1998, 15 de febrero
de 2015, página 32).
De acuerdo a información que
proporcionó La Secretaría de Hacienda, en el último cuatrimestre de 2014,
existían 352 fideicomisos que manejaban alrededor de 452,454 millones de pesos. Su acceso es restringido excepto para los
usuarios autorizados por la dependencia a cargo. De ese total, un 21.7% (46 fideicomisos que
representan 98,365 millones de pesos) corresponden a infraestructura pública; un
21.2% (120 fideicomisos que equivalen a 96,089 millones de pesos) que son de
apoyos financieros; 20.7% (6 fideicomisos que representan 93,573 millones de
pesos) destinados a estabilización financiera y; 17.2% (24 fideicomisos que son
77,681 millones de pesos) para pensiones.
Hay, por consiguiente, un
fideicomiso más y mucho mayor que, de proceder esta iniciativa, la sociedad no
sabría en qué y cómo se aplicaría: el Fondo Mexicano del Petróleo.
Propuestas de cambios a la LGTAIP
Artículo
de la LGTAIP
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Observaciones
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Artículo 23
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Pretende exentar a fideicomisos y fondos públicos
como sujetos obligados de ofrecer acceso a la información.
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Artículo 42
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Se pretende establecer excepciones en la conformación de
comités de transparencia en áreas como el Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (CISEN), Centro Nacional de Planeación, el Estado Mayor
Presidencial, el Estado Mayor de la Armada, entre otros.
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Artículo70
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Se pretende limitar las declaraciones patrimoniales
al querer establecer una línea que indique a los servidores públicos que así lo determinen, es decir, dejarlo
sin obligación de cumplir.
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Artículo 101
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Se pretende establecer reservas a información que pueda
dañar la estabilidad financiera, económica y monetaria.
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Artículo 113
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Se pretende mantener como información reservada
aquella que comprometa la seguridad nacional, la seguridad pública o la
defensa nacional
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Artículos 207 y 210
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Se pretende eliminar la propuesta de imponer sanciones
cuando se declare la inexistencia de la información en los términos en que el
sujeto obligado deba generarla o cuando se clasifique como información
reservada siempre y cuando no se cumplan con las características señaladas en
la Ley.
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Fuente: Elaboración propia
con datos de Revista Proceso, No. 1998, 15 de febrero de 2015.
Es indudable que existe una
evidente intención de hacer de la LGTAIP un documento regresivo, acotado e
imposibilitado de otorgar una herramienta tan importante al ciudadano. En lo personal, y ya lo he afirmado
anteriormente, el actual gobierno federal no tiene intención de fortalecer la
transparencia ni mucho menos combatir la corrupción.
Pero quienes hoy discuten y deciden el futuro de
esta ley son omisos en señalar los gastos discrecionales que se asignan a cada
uno de sus Grupos Parlamentarios. Tan
solo en lo que va del período de septiembre de 2012 a diciembre de 2014, los
diputados se entregaron un aproximado de más de 2,841 millones de pesos para
subvenciones y gastos que cada Grupo Parlamentario necesite. De ese total, el PRI fue el partido que más
recurso obtuvo –por tener la bancada más numerosa- con poco más de 1,127
millones de pesos, seguida por el PAN con poco más de 659 millones de pesos y
el PRD con 559 millones, aproximadamente.
Además de esta partida, existe otra que se denomina
subvenciones extraordinarias, un
recurso que tuvo su origen en 2009 y que podía invocarse por una sola vez en
casos excepcionales, siempre y cuando existiera la disponibilidad presupuestal
para ello. En la actual Legislatura, tal
subvención se ha convertido en una tradición.
Sólo de 2012 a 2014 los partidos se auto entregaron un total de 489
millones 464 mil pesos, siendo el PAN y
PRI los que mayor recurso obtuvieron, con 136 millones 136 mil pesos y 135
millones 256 mil pesos, respectivamente.
Si
hoy quienes pretenden reformar y fortalecer el marco legal de la transparencia
y acceso a la información no coadyuvan en la práctica, muy poco se puede
esperar sobre una legislación que represente una verdadera herramienta
ciudadana frente al gobierno. Lo más
lamentable de todo esto es que de ambas partidas presupuestales que se
aprobaron los diputados, sencillamente no le rinden cuentas a nadie como nadie
sabe cuál es el destino de los más de 3,200 millones de pesos que desde el 2012
llevan erogando.
El tintero.
La izquierda en México
tendrá una severa caída no sólo por los últimos resultados insatisfactorios que
ha dado a la sociedad sino por la lucha y división interna que tienen hoy. La exclusión de cuadros políticos como
Marcelo Ebrard de la lista de candidatos a diputados federales por la vía de la
representación proporcional habla de las irreconciliables posturas de sus hoy
líderes de sector. La amenaza de MORENA
en el Distrito Federal, aunada a su de por sí tradicional división y la mala
imagen del hoy Jefe de Gobierno no ofrecen un panorama positivo al PRD. Necesitan con urgencia una medicina que los
coloque en la pelea nuevamente.
La Auditoría Superior de la
Federación informó que en la cuenta pública de 2013, el Congreso de la Unión
destinó 500 millones de pesos para la conservación de la propia sede, pero
resulta que la mitad de ese presupuesto se fue a otros conceptos como
comunicación social, telefonía, eventos y hasta alta peluquería. ¿Quién los detiene?
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