Pensamiento lateral.
En Quintana Roo no queremos paridades
ni independientes.
Por:
Miguel Á. Martínez Castillo. (*)
La primera igualdad es la equidad.
Víctor Hugo (1802-1885) Escritor francés.
¿Qué define a un país, una entidad
o un municipio como democrático? ¿Son
sus leyes, el papel que juegan sus ciudadanos en la toma de decisiones, el
respeto a la normatividad, su asistencia a las urnas cuando hay que elegir
autoridades? Un poco de todo, si se pretende aproximarse a una respuesta
concreta.
En múltiples ocasiones se ha
comentado en este espacio, y por otros analistas, que la llegada de El Bronco generó una reacción al interior
de los partidos políticos al grado de endurecer sus legislaciones para evitar
el nacimiento de nuevos gobiernos independientes, que sustituyeran o rompieran
con el monopolio del gobierno del sistema de partidos en México. Nuevo León puso el ejemplo de lo que puede
hacerse cuando los partidos no responden a sus demandas, pero también fue mismo
ejemplo para otros gobiernos locales de lo que no debe permitirse en el futuro.
Esta semana, el Congreso del estado
de Quintana Roo –dominado por la fracción priísta- aprobó por mayoría su
reforma político-electoral para armonizar su legislación con respecto a la
federal. Fue el último estado que lo
hizo de los 13 que tendrán proceso el siguiente año y al mismo tiempo el primer
lugar nacional –desde un punto de vista personal- con la legislación más
restrictiva para la participación de las candidaturas independientes.
En una pasada columna (Candidatos independientes ante el 2016)
realicé un comparativo de 6 entidades que poseen las leyes más complejas para
ser candidato independiente. Los obstáculos
iban desde elevar el porcentaje de firmas hasta la firma del ciudadano en las
instalaciones del órgano electoral, pasando por la solicitud de copia de la
credencial de elector.
Para la mayoría de los especialistas,
Puebla es una de las entidades, junto con Chihuahua, que endurecieron sus leyes
para evitar el paso de las candidaturas independientes, pero para el primer
caso, éste se inspiró en la quintanarroense puesto que dicha entidad fue la
primera del país en legislar en el tema.
Con la nueva legislación aprobada,
la entidad caribeña se convierte en el lugar menos propicio para aventurarse en
una candidatura independiente, y aquí están los argumentos:
PRINCIPALES
CAMBIOS A LA LEGISLACIÓN ELECTORAL DE QUINTANA ROO.
Fuente: elaboración propia con información del decreto 344
emitido por la XIV Legislatura de Quintana Roo.
De lo anterior, llama la atención
dos temáticas: la paridad de género y la complicación de las candidaturas
independientes. Sobre el primer punto,
la legislación electoral no contempló la paridad en ambos sentidos, es decir, tanto
vertical como horizontal. Ello significaría
que, por ejemplo, de los 10 ayuntamientos, la mitad tendrían que ser
encabezadas por una mujer y la otra por un varón.
Sin embargo, lo grave de esto es
que en el propio partido mayoritario –el PRI- las diputadas avalaron estos
cambios sin exigir la paridad en ambos sentidos. La disciplina impositiva de su partido estuvo
por encima de los intereses de la sociedad, en particular de su propio género.
Respecto al segundo, la nueva
legislación incrementó el número de requisitos para ser candidato independiente,
convirtiéndola así, en la entidad con mayores obstáculos para los aspirantes
que deseen ir sin el aval de un partido político. En primer lugar, incrementó de 2% a 3% el
aval de firmas ciudadanas, mantuvo la obligación al ciudadano de acudir a las
instalaciones del órgano electoral para firmar así como la entrega de la copia
de su credencial de elector y no podrá acceder a la candidatura si antes no
renuncia con por lo menos 3 años de anticipación a su militancia partidista.
Asimismo, sólo aquel aspirante que
obtenga el mayor porcentaje de respaldo ciudadano podrá acceder a la
candidatura, es decir, no podrá haber más de un candidato independiente para un
mismo cargo de elección. Finalmente, se
redujo el período para la obtención de firmas de respaldo, pues para el caso de
Gobernador se contemplaban 21 días, ahora serán 18 días; para los Ayuntamientos
pasará de 15 a 14 días y; diputados locales de mayoría quedará en 12 días, sin
cambios.
En otras entidades como Chihuahua,
Sinaloa y Veracruz, el período de obtención de firmas va de 40 a 60 días para
el caso de Gobernador y de 30 a 40 días para Ayuntamientos y diputados
locales. ¿Cómo podrá un aspirante independiente
a Gobernador obtener alrededor de 30 mil firmas en un período de 18 días? Tendría que recabar, en promedio, 1,667
firmas diarias para alcanzar la meta, ello sin contemplar si tuviera
competencia y sin la distribución del porcentaje mínimo por distrito electoral.
Las leyes, pues, son un buen
referente para medir qué tan democrática y participativa es una sociedad en su
entidad. Para el caso de Quintana Roo no
sólo parece haber desinterés en el ejercicio de la política y sus métodos de
representación, sino también parece que a quienes hoy legislan no parece
importarles otorgar justicia a las mujeres que históricamente han demandado
mayores espacios. Esa es, pues, la democracia
quintanarroense hoy día.
El tintero.
El Instituto Nacional de las
Mujeres, INMUJERES, exhortó al Congreso quintanarroense a modificar su
legislación local para garantizar la paridad vertical y horizontal en la
selección de candidaturas. Esta limitación
que marca el Congreso abona a otras que incluso marcan en lo inconstitucional,
como el hecho de sólo existir una candidatura independiente para un cargo de
elección.
Colima vivirá nuevamente una
elección local, de carácter extraordinaria. El INE destinará 2.6 millones de
pesos para que los partidos hagan campaña nuevamente y 21.8 millones más para
organizar el proceso. Por violentar la
regla electoral, el ciudadano deberá pagar, mediante el erario, alrededor de
24.4 millones de pesos. Y lo más
increíble es que no parece haber sanción contra quienes fueron responsables de que
fuera anulada la elección.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario