Pensamiento lateral
El INE: el tercer paquete de reformas
Por:
Miguel Á. Martínez Castillo (*)
Los resultados de las
elecciones dependen de los electores y
no de quién se
encuentra al frente de los organismos.
José Woldenberg Karakowsky (1952 - ¿?) Ex Presidente del IFE.
Está por apagarse la veladora de la discusión de la
Reforma Hacendaria y los partidos políticos están preparándose para entrar a un
nuevo debate: la reforma política-electoral.
Aunque se han dejado por sentado algunas de las posibles propuestas de
cambio en el ordenamiento legal para conducir los procesos electorales, un tema
acapara el debate nacional, al menos entre los interesados y afectados
directamente: la constitución del Instituto
Nacional Electoral (INE).
No entraré en más discusiones sobre el debate sordo
de la Reforma hacendaria puesto que ya existen acuerdos para que ésta pase
antes o el mismo 20 de octubre. La única
esperanza que queda para los que vivimos en zonas fronterizas, es que el Senado
impida la homologación. Una nota en
Excélsior me dejó muy claro que existe el número suficiente de votos en la
Cámara baja para aprobar tal reforma en el pleno legislativo. La negociación que recién acaban de difundir
la Secretaría de Hacienda federal y el Gobierno del DF, teniendo como testigos
a legisladores del PRI, PVEM y PRD, es un inmejorable mensaje de que el
gobierno de Peña Nieto contará con un buen número de perredistas para aprobar
la reforma hacendaria. Parte de esos acuerdos establecen que el Gobierno del DF
ingresará al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, contará con
un Fondo especial que le permitirá contar con recursos y reconocimiento por ser
la capital del país y, no menos importante, que no se gravarán los
espectáculos. Esto quiere decir en
castellano que los eventos como el fútbol, beisbol, basquetbol, toros, entre
otros, ya no se verán impactados por la reforma. Por supuesto, para el Gobierno del DF
representa un fuerte interés puesto que muchos de los eventos deportivos se
realizan en la capital.
En otro orden de ideas, y sin caer en atavismos con
alguna y otra postura sobre la reforma política-electoral, creo que es
importante presentar los argumentos principales de ambos lados, sobre todo para
crearnos una idea más completa de la realidad y al final, que cada uno valore y
emita su particular punto de vista. El
Instituto Federal Electoral lleva alrededor de dos décadas de existencia y en
su historial ha tenido altibajos. Los
órganos electorales locales tienen una edad dispersa puesto que tardaron un
poco más en ir evolucionando en lo que hoy son.
Es pues, necesario hacer un diagnóstico de la
situación, a pesar de que el tema está prácticamente acordado. El primer elemento de defensa que presentan
los órganos electorales y tribunales locales es en materia de democracia y
financiera. Hay por lo menos 25
presidentes de institutos electorales estatales que argumentan que al menos en
24 de las 32 entidades ha habido –desde 1989- alternancia política, así como en
más del 95% de los 2,400 municipios del país.
De la misma manera, argumentan que han sido los
órganos electorales locales los precursores y pioneros de diversos instrumentos
innovadores para los procesos: el uso del PREP en 1997, la urna electrónica en
Jalisco y Coahuila, y el voto en el extranjero en Zacatecas y el DF, por solo
señalar algunos ejemplos.
Otro elemento que defienden es la cuestión
presupuestal. Según su argumento, los 32
órganos electorales locales ejercen en su conjunto –para este 2013- un
presupuesto de aproximadamente 4 mil millones de pesos para organizar
elecciones para 4,000 cargos de representación, mientras que el IFE ejerce más
de 7 mil millones para 600 cargos. Eso sin
contar los adicionales en períodos de campaña.
De la misma manera, desaparecerlos atentaría contra la democracia, el
pacto federal y la autonomía de los estados.
Agreguémosle la desaparición de varios empleos y el desperdicio de no
aprovechar la experiencia que tienen algunos funcionarios electorales en la
materia.
En el otro sentido, aquellos que favorecen la
desaparición de los órganos locales y la centralización de los procesos
mediante el INE, señalan que resulta costoso financiar tanto a los 32
institutos como al IFE, puesto que existen, entre otros elementos, varias
funciones en las cuales los órganos locales recurren al órgano federal para
llevar a cabo sus procesos. Aunado a
esto, existe la queja de que la composición de los institutos electorales
locales está fuertemente influenciada por los gobiernos estatales, además de
que en procesos electorales, los consejos distritales no son permanentes como
los del IFE y por tanto, es imposible profesionalizar los cargos. Más allá de esto último, la selección
discrecional de los consejeros municipales o distritales es otro de los vicios
por los cuales se pide su desaparición.
Los contratos, arreglos, convenios y demás acuerdos económicos que
puedan hacer los Consejos Generales electorales locales prácticamente no
tendrían más duración.
Hasta aquí dejaré los argumentos esgrimidos por
quienes están a favor y en contra de la desaparición del IFE y los órganos
locales. Es de destacar que uno de los
principales defensores de la permanencia del IFE es José Woldenberg quien,
siendo congruente, fue uno de los pioneros de su creación.
De todo lo que he podido investigar, me queda claro
que el impacto que pueda tener esta reforma sin duda que tendrá grandes
costos. Y aquí expongo algunas
reflexiones: en primer lugar, el costo económico en las entidades no es tan
bajo como se piensa. Los argumentos de
que se erogan alrededor de 4 mil millones frente a los 7 mil millones del IFE
no son del todo ciertos. Una investigación
publicada en el portal sin embargo
(www.sinembargo.com), señala que el costo para este año fue de 7 mil millones
de pesos para los órganos locales. A ello
sumémosle los gastos adicionales o las extensiones presupuestales que suelen
darse, sea por motivos de alguna nueva distritación, la creación de algún nuevo
municipio, partido político, etc.
PRESUPUESTO
PARA ÓRGANOS ELECTORALES ESTATALES 2013
Fuente: http://www.sinembargo.mx/opinion/10-10-2013/18105
El que paga manda. Sin duda que la intervención de los gobiernos
estatales en el nombramiento que va desde los consejeros electorales, hasta los
funcionarios de casilla, pasando por los capacitadores y consejeros distritales,
es evidente, un secreto a voces. Su nombramiento
de los primeros depende directamente del Congreso estatal y si éste tiene
mayoría de un partido político, ergo,
las designaciones estarán acorde a la defensa de los intereses del gobierno en
turno y no de la institucionalidad, imparcialidad e independencia que debe
tener un órgano electoral. Prueba de lo
anterior es que hoy puede verse a ex consejeros electorales trabajando en
diversas áreas del gobierno del estado de Quintana Roo. Con estos antecedentes, creo que está de más
hablar del desempeño de los funcionarios.
Otro elemento representativo es la
profesionalización de los funcionarios o servidores electorales. Los consejos distritales y municipales
locales no son permanentes, a diferencia de los federales que sí lo son y por
tanto, permiten la aplicación de sistemas como el servicio electoral de
carrera. Además, los consejos pro témpore son más bien espacios
idóneos para aquellos ex funcionarios o interesados en obtener un ingreso
adicional que nada mal les vendría. Si a
ello agregamos que los nombramientos de éstos son manipulados, pues qué se
puede esperar sobre su desempeño.
Hay que recordar también que los órganos
electorales locales dependen en varios sentidos de la información que genere el
IFE. Un ejemplo claro es el padrón
electoral del cual recurren para organizar las elecciones. Sin duda que la desaparición de los
institutos y los tribunales locales representarán un cambio radical en la
organización y operación de las elecciones.
Los tribunales locales hoy prácticamente son instancias a las que se
acuden más por cuestión de normatividad que por el hecho de que resuelvan de
manera imparcial las impugnaciones. Su conformación
tampoco está ajena a la influencia gubernamental.
Me es difícil establecer un criterio para estar a
favor o en contra de la desaparición de los institutos locales, sobre todo si
el mismo IFE ha sido cuestionado en su actuar.
Lo que sí es un hecho es el gran reto que tendría que asumir el INE: de
entrada el de garantizar procesos imparciales. Seguidamente, el de asumir la capacidad
operativa de organizar y llevar a buen destino 333 campañas federales, más de 2,457 municipales, 32 de gobernador y
1,100 diputaciones locales. ¿Podrá
fiscalizar y lograr que todas ellas se ajusten al marco de la legalidad? Dudo realmente que el INE logre superar esta
primera prueba de fuego. El espectro centralizador
de la toma de decisiones amenaza que sea en el centro del país donde se
determine el destino de los procesos locales y no por los actores propia y
directamente involucrados.
Creo que faltó debate en la materia. Analizar la viabilidad, por ejemplo, de pensar
en cómo fortalecer a los órganos locales y limitar la influencia de los actores
políticos locales en la designación de sus integrantes. Bien podría empezarse por establecer mayorías
calificadas para tener consenso de las fuerzas políticas, que actores de la
sociedad civil organizada participen o tengan oportunidad de designar a los
integrantes y que sobre todo se privilegie la experiencia y el perfil de los servidores
públicos, pero más importante es que se evalúe su desempeño. Algo similar puede hacerse con los consejos
distritales y con aquellos encargados de construir las estructuras electorales
(funcionarios de casilla).
Sin embargo, el INE es un hecho. Se creará un gigante de la burocracia
electoral con tanto poder que limitarlo o dirigirlo tendrá un alto costo, y no
precisamente económico.
El tintero.
Comparto con ustedes qué piensa la gente sobre
desaparecer el IFE. Una encuesta de Parametría señala que un 44% está a
favor de un solo órgano electoral nacional.
Sorprende el hecho que 82% de los mexicanos relacione al IFE como el
encargado de organizar los procesos de Presidente, Senadores y Diputados
Federales, pero solo el 52% relaciona a los órganos locales como los responsables
de los procesos de Gobernador, Diputados locales y Ayuntamientos.
No menos importante es el grado de confianza. Más de la mitad de los encuestados (52%) no
confía en los órganos locales, frente a un 60% que le da más crédito al IFE.
Tras escribir esta columna, la Comisión de Hacienda
de la Cámara de Diputados aprobó lo que se venía anunciando: IVA homologado al
16% para zonas fronterizas. También se
gravarán los refrescos y los alimentos para mascotas, pero se dejan exentos a
las colegiaturas, espectáculos y créditos hipotecarios. Duro golpe para la economía quintanarroense
que no encontró apoyo en sus representantes ante el Congreso.
(*) Internacionalista,
analista político y comentarista en el programa radiofónico SIPSE Café del 95.3
de FM.
Visita www.columnapensamiento.blogspot.mx
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