El debate energético: ¿político o técnico?

Pensamiento lateral

El debate energético: ¿político o técnico?

Por: Miguel Á. Martínez Castillo (*)

Un hombre inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente

como para contratar gente más inteligente que él.

John Fitzgerald Kennedy (1917-1963) Político estadounidense.

El petróleo ciertamente es considerado el oro negro entre la humanidad.  Ha llevado a los países al extremo de desatar conflictos armados, intervenciones, golpes de Estado, etc., con tal de obtener su control y distribución.  Y no es para menos pues representa hasta hoy en día el motor principal para la economía de cualquier nación.

En las últimas décadas, principalmente en los ochenta y noventa, varios países han hecho modificaciones a sus legislaciones para permitir la participación del capital privado en la exploración, extracción, procesamiento y distribución del petróleo, así como lo correspondiente al gas natural y la electricidad.  Estas reformas no son nuevas, sino que llevan algunos años, bajo el entendido que los países no cuentan con el capital suficiente para invertir y al mismo tiempo obtener utilidades al momento de la compra-venta del combustible o energía.

Países como Brasil, Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú, entre otros, han llevado a cabo reformas en los sectores de la electricidad, el gas natural y el petróleo con la finalidad teórica de ser más competitivos a escala mundial.  Un caso muy particular es Cuba, quien a pesar de tener un modelo socialista ha permitido desde los noventa la incorporación y asociación con la empresa petrolera canadiense Pebercan, quien hasta hace unos días era la encargada de extraer de manera compartida el petróleo con Cuba Petróleo (CUPET).

En México, desde el inicio de la alternancia en el poder, a partir del 2000, se han presentado al menos dos documentos de mediana trascendencia (puesto que ninguno de ellos ahondó en sendas reformas constitucionales) para transformar la legislación en materia energética.  Fox y Calderón en su momento hicieron de conocimiento sus intenciones de incorporar mayor participación del capital privado en los hidrocarburos sin llegar a consumar el éxito o resultado esperado.

Hasta hace algunos días, Enrique Peña Nieto presentó al Congreso federal su proyecto de reforma energética que incluye la modificación al texto del artículo 27 y 28 constitucionales.  Básicamente, el cambio se refiere al regreso bajo el esquema de la generación de contratos con el capital privado para la explotación del petróleo.  Ante esta propuesta, las voces que se autodenominan defensoras del petróleo han dado un categórico no a la reforma energética sin permitir el debate, la reflexión o la discusión a fondo del tema.  Y son varios los interesados de que no se toque ni con el pétalo de una rosa al sector en cuestión: para López Obrador representa una bandera más para mantenerse vigente en el quehacer político; para Cuauhtémoc Cárdenas representa salir de la inercia y sacudirse un poco la polilla producto de lo primero, aunque de todos tal vez sea quien tenga los argumentos más sólidos para debatir; para el sindicato petrolero, el no tocar sus incontables privilegios, y más aún los de su dirigente, Carlos Romero Deschamps.

Sin embargo, la gran pregunta de fondo descansa en lo siguiente: ¿bajo qué enfoque debemos discutir la reforma energética: político o técnico?  Por supuesto que dicha reforma conlleva un grado de connotación política porque sin duda que se tocarán intereses muy altos.  Pero no debe omitirse el hecho de que, para tener una reforma competitiva y adecuarla a las necesidades del país y sobre todo de PEMEX, se requiere de su discusión técnica, misma que permitirá conocer a detalle los pormenores, los límites y alcances de la petrolera mexicana.  Creo, sin temor a equivocarme, que la discusión no está en si se modifica o no el texto constitucional como han señalado sus defensores, sino en las leyes secundarias que de ella deriven, es decir, en la interpretación que se dé del párrafo reformado.  Ahí está la clave para desatar el nudo.

Otra cuestión que debe estar presente en el inicio del debate es si es necesaria una reforma.  Por su puesto que lo es.  México hoy en día importa la mitad de la gasolina y el 40% del gas natural que consumimos diariamente.  No tenemos la tecnología suficiente para explorar en aguas profundas, no tenemos la capacidad de distribuirla eficazmente al grado que somos víctimas de robo de combustible que anualmente representan pérdidas millonarias para la petrolera, como tampoco, y desde hace mucho tiempo atrás, somos lo suficiente competitivos para posicionarnos en el mercado internacional.

México es un país que tiene petróleo, gas y electricidad.  La discusión de la reforma energética viene a darse en una coyuntura compleja, complicada y cargada de otras temáticas que sin duda generarán jaloneos al grado de llegar a un esguince político que terminará con una reforma de poco alcance.  Las reformas al IFAI, la electoral, la hacendaria, entre otras, serán motivo de fuertes negociaciones que impactarán sobre la energética.

Lo único nuevo de esta reforma es lo que líneas arriba he comentado: la generación de contratos con el sector privado, pero: ¿bajo qué condiciones, qué alcances tendrá, hasta dónde llegarán dichos contratos y a qué sectores impactará? Son solo algunas de las primeras interrogantes que surgen tras un repaso rápido al texto.  A todo ello agregaría que la reforma no debe limitarse a la participación del sector privado y en el cómo se dará, sino también a otros ámbitos como la transparencia en el ejercicio de los recursos de la petrolera, que sin duda debe tocar al sindicato, pues es de llamar la atención que su líder haya regalado a su hijo nada más que un Enzo Ferrari con valor de 2 millones de dólares.

Reitero, la clave de la reforma energética está en su discusión técnica.  Dejar hacer su trabajo a los que verdaderamente conocen la problemática de PEMEX y no dejarse llevar por el discurso y la retórica política que alimenta a ese tan desgastado nacionalismo radical en torno a la figura del petróleo.  Utilizar, por ejemplo, la imagen de Lázaro Cárdenas para convencer al ciudadano de que el petróleo no se privatizará, me parece un absurdo argumento, pero el grueso de la sociedad desafortunadamente no está ni le interesa ahondar en la discusión del tema.  Se tendrá, pues, que analizar hasta dónde debe llegar la incorporación del capital privado que, sostengo, sí debe de participar pero bajo esquemas totalmente controlables por el Estado mexicano; en qué sectores –petrolero, electricidad o gas- debe tener jugada y los beneficios que pueda ofrecer el gobierno a quienes decidan compartir los riesgos en su exploración y explotación así como aquellos destinados al propio Estado mexicano.

Llevamos años de atraso en este debate como años tiene la obsoleta infraestructura del petróleo en México. Otros países ya han presentado reformas a sus legislaciones con resultados diferentes que bien pueden servir como marco comparativo para no cometer los errores que ellos tuvieron.  Esperemos que los intereses de la nación se antepongan al de los vividores del petróleo.  Se vale soñar.

El tintero.

Dos noticias llamaron mi atención esta semana: la primera referente a la continuidad del sobre endeudamiento de los municipios en Quintana Roo y los efectos que de ésta se ha generado.  El congreso local aprobó el incremento del Impuesto Sobre Nómina (ISN) del 2% al 3% sin siquiera haber hecho un análisis del impacto sobre la economía local.  También aprobaron un refinanciamiento y crédito que juntos superan los 800 millones de pesos para el municipio de Solidaridad.  Lo curioso es que hasta ahora se supo que el ayuntamiento ya lo había aprobado con meses de anterioridad.  Los partidos opositores han hecho un sepulcral mutis ante estas acciones en el estado y sus votos han estado divididos.

El segundo es la reforma al IFAI que presentó el PRI: quieren quitarle el principio de inapelables a las decisiones de dicho órgano, permitiendo a la PGR, la CNDH, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y el Banco de México presentar impugnaciones ante la SCJN para apelar sus resoluciones aduciendo “seguridad nacional”.  Más grave aún es que quieren quitarle a los partidos el concepto de ser sujetos de obligación de proporcionar información, cuando no sólo reciben grandes cantidades de dinero público sino que hoy en día 17 legislaciones locales los tienen enmarcados como sujetos obligados.  PAN y PRD han anunciado que no pasará la reforma.  Veremos qué sucede.

(*) Consejero Nacional por el PAN en Quintana Roo.