De la transparencia a la oscuridad

Pensamiento lateral

De la transparencia a la oscuridad

Por: Miguel Á. Martínez Castillo (*)

Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento y muera el que no piense como yo.

Voltaire (1694-1778) Filósofo

La cultura de la transparencia en nuestro país es apenas un diminuto árbol que está en proceso de crecimiento y expansión.   En la maraña que se tiene a nivel nacional nos encontramos con una noticia que muy pocos medios están dándole la importancia que se le debería otorgar.  En recientes días, el Congreso aprobó una reforma a la Ley de transparencia.  Pero primero analicemos los antecedentes.

Lleva poco más de 10 años la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) en México y su fortalecimiento está a punto de sufrir un fuerte revés.  En septiembre de 2012 el Senador Alejandro Encinas presentó una iniciativa que buscaba fortalecer las facultades y atribuciones del IFAI, a lo que posteriormente, en diciembre de ese año, tras el ascenso a la Presidencia por parte de Enrique Peña Nieto, hubo el compromiso por parte de éste de fortalecer al Instituto.  De esos compromisos asumidos por el hoy Presidente de México estaban: que toda autoridad, sindicato, persona u órgano que recibiera o ejerciera recursos públicos debía ser sometido a las mismas reglas de transparencia.  Esto obviamente incluía a los partidos políticos pues son denominados entes de interés público y por tanto ejercen recursos provenientes del erario.

Otra de las iniciativas era de que las resoluciones del IFAI fueran inatacables y definitivas, dos conceptos importantísimos en el ejercicio de las funciones del Instituto.  Con ello, cualquier petición autorizada no podría rechazarse por parte de las instancias requeridas.

Sin embargo, en su andar a la Cámara de Diputados, la iniciativa sufrió varios cambios: los priístas, con el apoyo del PVEM y algunos del PRD propusieron que las resoluciones del IFAI no fueran inatacables y definitivas y pudieran ser motivo de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).  Es decir, que entidades como la PGR, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal pudieran emitir apelaciones frente las solicitudes que les señalara el órgano de transparencia.

La modificación ocasionaría que en temas de seguridad, derechos humanos y económicos del país podría darse apelaciones sobre acceso a la información.  Pero el daño no sólo se limitaría a ello, sino que buscaban también quitarle a los partidos la obligatoriedad de proporcionar información a los ciudadanos.

De igual manera, la propuesta de los diputados promotores incluía el incremento de los miembros del IFAI, al pasar de 4 a 7 y que más de la mitad (4) tuvieran la profesión de abogado.  Es decir, el perfil por encima de la pluralidad.

Al final de cuentas, debido a la presión de legisladores del PAN y otros más del PRD que se sumaron, la iniciativa se acotó únicamente a que sea la Consejería Jurídica quien pudiera presentar apelaciones ante la SCJN.  Faltará todavía la discusión que tenga el Senado sobre estos cambios que hizo la Cámara baja.

De todo esto es importante destacar las siguientes reflexiones: primero,  en febrero de 2012, la SCJN emitió un pronunciamiento acerca de las resoluciones del IFAI.  Claramente y por unanimidad determinó que quien tiene la última palabra es el órgano de transparencia, es decir, son definitivas e inatacables. 

Segundo: los intereses.  Es de llamar la atención que actores como la PGR estén muy atentos a que las resoluciones del IFAI tengan apelación, ya que esta entidad tiene más de 30 casos en litigio contra el órgano multicitado.  Tampoco habría que descartar los intereses de otros sectores como el empresarial y bancario, ya que por violaciones en el uso de datos personales se han emitido sanciones a éstos que superan los 21 millones de pesos (casos de Sport-city y Banamex).

Tercero: a pesar que la transparencia debe ser un tema al cual hay que darle importancia, parece que entre la sociedad existe poco o nulo interés por conocer e informarse.  Parametría publicó a finales de diciembre de 2012 una encuesta que refleja lo comentado: 1 de cada 5 mexicanos conoce y sabe qué es y qué hace el IFAI.  Y lo peor viene todavía: en 2011 un 72% de los encuestados no sabía qué era el IFAI, para 2012 aumentó a 77%.

Menos halagador resulta saber que el 50% de los entrevistados reconoció que la razón por la cual no están informados de estos temas es la falta de interés.  Asimismo, sólo 3 de cada 10 mexicanos piensa que la principal razón de no acceder a la información es debido a la dificultad de su procedimiento.  En México únicamente –según la encuesta- 12 de cada 100 ciudadanos conocen y saben cómo solicitar información al gobierno, dos menos que con respecto a 2011.

Sin duda que ante el escenario de un acotamiento a las facultades y alcances del IFAI, tenemos una sociedad a la que poco le importa informarse y poco conoce sobre temas de transparencia.  No dudo en pensar que las demás reformas –energética, fiscal, electoral, etc- terminen en el mismo sentido.  De mucho se queja el ciudadano de la efectividad de sus legisladores, pero por el otro lado demuestran un claro desinterés por estos temas.  Habrán muchos cambios a la forma de explotar el petróleo, a los mecanismos que rigen los procesos electorales, al servicio docente y al acceso a la información, entre otros, y pareciera que a la sociedad poco le interesa.  Poco se valora o se le reconoce al hecho de que la información es poder.

El tintero.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lleva el marcador a su favor frente al gobierno federal y el Congreso de la Unión: primero logró detener la votación que regularía el Servicio Profesional Docente y obligó al gobierno a sentarse a dialogar y buscar acuerdos.  Como segundo paso y causa del primero, tomaron avenidas y arterias de la Ciudad de México que han generado el descontento social no solo hacia ellos sino también con las autoridades encargadas de garantizar el orden.  A ello sumémosle el costo económico que han propiciado: 4.5 millones de pesos por los desórdenes en el Congreso y más de 400 millones a diversos sectores en la ciudad de México, como son restauranteros, hoteleros, aviación, pequeños comerciantes, entre otros. 

En tercer lugar, se manifestaron en las embajadas de algunos países como España y Francia, entre otros, para “exportar” su movimiento.  No le veo otra razón más que la de decirle al mundo la situación política que se vive México hoy en día. ¿Quiénes o qué intereses están detrás de este movimiento que cuesta decenas de millones de pesos su sostenimiento? Tener y mantener a más de 15 mil paristas no cualquiera lo hace.  Ahora, se aproxima un cuarto tanto al obligar al Presidente a rendir su mensaje con motivo del primer informe de gobierno en el campo Marte.  Mala señal de autoridad.

Por otro lado, se han dado a conocer más fallas de los 117 errores ortográficos detectados en los libros de texto gratuito: “Cristobal”, “Gadalajara”, “heróico”, “colegió”, “trasporte”, “distrosionan”, “codice” son solo algunos ejemplos de los pequeños detalles que se les escaparon a las autoridades educativas, como el de ubicar a Tulum en Yucatán. 

(*) Consejero Nacional por el PAN en Quintana Roo.