Pensamiento lateral.
Intereses
universitarios frustrados.
Por: Miguel Á. Martínez Castillo. (*)
El mundo no está en peligro
por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad.
Albert
Einstein (1879-1955) Científico alemán nacionalizado estadounidense.
Comienza el año 2015 y éste
nos recibe con una serie de complicadas noticias: incremento al precio de la
gasolina –y en consecuencia de los productos de consumo principalmente-,
precampañas, sobornos de alcaldes, depreciación del peso mexicano, televisiones
sin acceso a internet, homicidios, autodefensas recargadas y, más
manifestaciones por los casos de los estudiantes desaparecidos y por los
derechos de las enfermeras.
El año no comienza bien para
la administración federal y muy probablemente en las entidades la situación sea
muy similar. El costo político por
aprobar incrementos al precio de la gasolina, el nulo crecimiento económico,
sumado a los escándalos políticos de propiedades de alto valor que pertenecen a
la familia del Presidente de la República, seguramente cobrarán un costo levado
en más de un distrito en las próximas elecciones.
Pero dejo a un lado dichas
temáticas que han sido ampliamente comentadas y debatidas para enfocar mi
atención en lo local, particularmente en el sector educativo: la Universidad de
Quintana Roo. En diciembre del año
pasado tuve la oportunidad de entrevistarme con académicos de esa casa de
estudios para conocer a fondo la crisis interna que atraviesa una de las
Universidades que tuvo uno de sus mejores niveles competitivos a finales de la
década de los noventa del siglo pasado y el primer lustro del actual siglo.
Como se ha hecho de dominio
público, la Universidad procedió contra tres académicos que poseen estudios de
doctorado (René Lozano Cortés, Maribel Lozano Cortés y Fernando Cabrera
Castellanos) y miembros del Sistema Nacional de Investigadores con nivel
1. El argumento tiene que ver con una
demanda presentada por un ciudadano de nombre José Enrique Álvarez Yepes, quien
presentó una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y la Procuraduría General de la
República (PGR) bajo el argumento de no contar con los documentos que acrediten
sus grados académicos.
Ante esto, la Rectora de la
Universidad convocó a una sesión del Consejo Universitario el pasado 8 de
diciembre para analizar y resolver el caso, a pesar que la demanda no había
sido presentada ante la propia Casa de estudios de la entidad. Una semana después de la sesión, el Consejo
determinó sancionar a los académicos imponiéndoles una sanción que derivaba en
el despido y una multa económica superior a los 10 millones de pesos,
entendiéndose esto último como lo devengado en el tiempo de su estancia laboral
en la Universidad.
Los profesores anteriormente
señalados ciertamente realizaron sus estudios de doctorado en el extranjero,
concluyéndolos en su totalidad.
Asimismo, es un requisito y un procedimiento natural la expedición de
sus cédulas profesionales de grado y la consecuente homologación de éstos ante
las autoridades educativas mexicanas para verificar su autenticidad.
Fuente:
http://www.uqroo.mx/nuestra-universidad/organos-institucionales/honorable-consejo-universitario/
Paralelamente a la sanción
que se les impuso a los 3 académicos posee varias inconsistencias que iré
enumerando: en primer lugar, hasta donde tuve conocimiento, la demanda no fue
interpuesta ante la propia Universidad sino en instancias gubernamentales,
mismas que hasta la fecha no han dado dictamen o resolución alguna. Luego entonces, ¿por qué la Rectora convocó a
una sesión para resolver el caso, cuando no mediaba aún sentencia?
En segundo lugar, el
Estatuto Académico de la Universidad establece que para ser
Profesor-investigador Asociado de carrera nivel A se requiere contar con el grado académico de licenciatura como mínimo,
acreditado mediante el título profesional correspondiente. En el mismo sentido se expresa el Estatuto
para aquellos profesores-investigadores de nivel B, solamente que se exige como
mínimo los estudios de Maestría.
Hago hincapié de lo anterior
puesto que dos de los académicos están en el primer supuesto y uno más en el
segundo. Si bien la legislación pide
contar con el título correspondiente, la cédula profesional no lo es, aunque es
congruente que ésta la deba poseer el egresado pero no se exige legalmente.
Aún con todos estos
elementos el Consejo Universitario cometió una grave falla que no solo atentó
contra los derechos laborales de los académicos, sino que violentó sus derechos
humanos, puesto que despedirlos sin siquiera conocer una resolución de la
autoridad, a todas luces se percibe que la presunción de la inocencia fue
rebasada. ¿Cómo pudo, pues, una
autoridad intra universitaria ejercer tal acción?
Existe una hipótesis que
puede explicar las razones de sancionar a estos profesores, que fueron más
ejemplo de lo que en el futuro podía sucederle a cualquier otro académico: la
simpatía hacia los estudiantes que el pasado 20 de noviembre se manifestaron en
apoyo a los normalistas de Guerrero resultó la clave para desatar una cacería
al interior de la Universidad. Puesto
que solo es una hipótesis, ésta no podría estar alejada de la realidad.
Posteriormente, y un día
antes de iniciar el período vacacional decembrino, académicos sostuvieron una
reunión con la Rectora para hacerle de conocimiento su inconformidad que se
había adoptado contra sus compañeros profesores. Se acordó retomar el tema en enero pero lo
más extraño fue haber notado la presencia del Secretario de Gobierno estatal
saliendo por la puerta trasera, previo a la entrevista con los académicos. Era evidente que en la Universidad las cosas
se habían salido de control.
Ahora que empieza el año, el
primer movimiento que se dio fue la salida de la Secretaria General, colocando
en su lugar a un administrativo proveniente del Colegio de Bachilleres. El siguiente paso fue que se convocó de nueva
cuenta al Consejo Universitario para reinstalar a los profesores en su trabajo,
luego de casi un mes de su injustificado despido.
Lo anterior me deja un par
de reflexiones importantes: en primer lugar, colocar a un político a dirigir
una Universidad tiene sus grandes riesgos, máxime que ésta sea originaria de un
partido; en segundo, que existe un desconocimiento de las leyes y
normatividades al interior del Consejo Universitario, puesto que tal decisión
de despedir a tres profesores no es algo que sea sencillo. Finalmente, ¿cuántos académicos se
encontrarán en la situación de legalizar sus títulos de posgrado que realizaron
en el extranjero? ¿No sería más sencillo establecer un convenio con la
autoridad educativa para agilizar los procesos de los profesores y no
encontrarse en una situación que si bien puede calificarse de una simple falta
administrativa, para la Rectora ameritó el cese inmediato?
No dudo que varios
profesores hoy se encuentren en una situación similar que los tres académicos,
pero ello no significa que éstos necesariamente estén falsificando
documentos. Se trata de una
corresponsabilidad, en donde el profesor debe ocuparse de estar actualizado en
sus trámites y, la Universidad de que su planta docente cuente con las cartas
credenciales para ejercer la libertad de cátedra que tanto hace falta a la
entidad y al país.
El tintero.
“Lástima Margarita”, dirían
por los pasillos de las oficinas del PAN en la Ciudad de México. La esposa del expresidente de México, Felipe
Calderón, quedó fuera de la lista de las primeras tres posiciones que eligió la
Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN. Como era de esperarse Gustavo Madero encabezó
la lista, seguido de otros panistas cercanos a él: Miguel Ángel Yunes Linares,
Cecilia Romero, Joaquín Díaz Mena, entre otros.
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