Pensamiento lateral.
Inseguridad
y pobreza (primera parte).
Por:
Miguel Á. Martínez Castillo. (*)
La desconfianza es madre de la seguridad.
Aristófanes (444-385 AC) Dramaturgo griego.
México atraviesa por una crisis que no sólo abarca lo político, sino
social y principalmente económico. Hoy
existen dos elementos que se encuentran asociados indiscutiblemente y que están
afectando severamente no sólo la calidad de vida de los mexicanos sino su
propio desarrollo como nación. Dado lo
extensivo de la información, dividiré en dos partes para abarcar el mayor
contenido y haces un análisis más claro.
La inseguridad y la pobreza representan signos de
preocupación para la opinión pública y no es para menos. La asociación de la pobreza con la
inseguridad radica que, a falta de empleo y opciones de un ingreso mayor, se
recurre a actos de robo, principalmente a casa-habitación y otros que están
vinculados.
Según un estudio presentado por la organización Causa en Común, denominado ¿tenemos
la policía que merecemos?, ofrece datos que no sólo son dignos de un buen
análisis sino preocupantes para los habitantes.
La situación de los cuerpos de seguridad locales –estatales y
municipales- luego de la aplicación de los exámenes y filtros de confianza
está, en resumen, así:
Fuente: elaboración propia con datos del estudio ¿Tenemos la policía que merecemos? El
documento puede verse en: http://aristeguinoticias.com/2807/mexico/policias-en-mexico-con-bajo-salario-escasa-seguridad-y-sin-capacitacion-causa-en-comun/
De acuerdo con el estudio, del total de elementos locales existentes en
el país que ya fueron evaluados -332,928 entre estatales y municipales- hay un
20% que obtuvo su certificación pero ésta necesita ser renovada. Es decir, al día de hoy, 64,000 elementos
requieren volver a presentar sus evaluaciones para continuar, en teoría,
ejerciendo su función.
Apenas en noviembre pasado, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional
de Seguridad Pública detalló que se había logrado evaluar al total de los
policías del país, el cual tuvo un retraso de 4 años para cumplirse. Sin
embargo, el círculo no fue cerrado puesto que hacía falta depurar al
sector. Únicamente, 6 entidades lograron
esa meta –Campeche, Coahuila, Nuevo León, Puebla, Querétaro y Tamaulipas- las
restantes no y otras más, como Quintana Roo, ni siquiera ofrecieron información.
Lo anterior llama la atención puesto que de las entidades más inseguras
del país, únicamente Tamaulipas aparece en la lista de los que cumplieron con depurar
sus elementos policíacos. Otras como
Jalisco, Michoacán, Chihuahua, Guerrero, donde los niveles de inseguridad son
muy altos, no se hicieron. Pero también
surge una interrogante: ¿qué se hará con los policías que sean dados de baja
por no aprobar los exámenes? Aquí hay dos vertientes: una, que de no ofrecerles
alternativas, paradójicamente se estaría robusteciendo el sector de la
informalidad y, por ende, de la inseguridad.
La otra, de mantenerlos a pesar de no haber aprobado, lo que representa
también un riesgo para los habitantes. Un
ejemplo de esto último es Veracruz, que cuenta no sólo con el mayor número de
policías no aptos, luego de habérseles aplicado la evaluación, sino también con
el menor número de elementos depurados.
Según el estudio, 41% de los elementos que reprobaron las evaluaciones
aún siguen en activo, es decir, unos 4,907 policías (estatales y
municipales).
Al esquema de policías no aptos le sigue Sinaloa, que tiene a un 34.4% de
sus elementos que no aprobaron y siguen en las calles. Baja California Sur es tercero con 34.3% y de
ahí se contabilizan a Nayarit, San Luis Potosí, Guerrero y Quintana Roo, que
cuentan con un 20%. Lo anterior ocasiona
otro problema relacionado al porcentaje de elementos con respecto al número de
habitantes. De acuerdo a la ONU, se debe
contar con por lo menos 2.8 agentes por cada 1,000 habitantes. En México el promedio es de 2.2 por cada
1,000 habitantes, es decir, que existen en nuestro país alrededor de 267,853
policías -132,715 estatales y 135,138 municipales- para salvaguardar a los poco
más de 119 millones de habitantes.
Solamente hay 3 entidades que superan la media nacional: Chihuahua con
10.36 agentes, Morelos con 4.98 y el Distrito Federal con 4.88, mientras que en
el otro extremo se encuentran Colima, que cuenta con apenas 0.45 agentes,
Coahuila con 0.63 y Tamaulipas con 0.89.
Éstas últimas obedecen al proceso de depuración pero en otros casos,
como Veracruz que ocupa el cuarto lugar con apenas 1 policía por cada mil habitantes,
no puede afirmarse que sea por esa razón dado que es la entidad que menos
limpieza ha hecho de sus elementos.
Para cerrar el círculo de las grandes limitaciones que tienen los cuerpos
policíacos en México, están las condiciones laborales. Actualmente, sólo en 7 entidades se han ajustado
los salarios. A nivel regional, los
estados del norte del país son lo que mejor pagan a sus policías: Baja
California, por ejemplo, paga alrededor de 19 mil pesos mensuales a sus
elementos y ocupa el primer lugar nacional.
En el sur del país, por el contrario, se encuentran los salarios más
bajos: Chiapas es la entidad que menos paga a sus policías con 4,473.12 pesos
mensuales. Le siguen Puebla, con 7,200
pesos y; Yucatán, con 8,105 pesos; Oaxaca y Tlaxcala con 8,400 pesos. A ello agreguémosle las jornadas laborales,
donde en por lo menos 12 entidades –entre ellas el Distrito Federal- persisten
los horarios de 24 horas de servicio por 24 de descanso. Solamente Baja California, Baja California
Sur y Querétaro respetan la jornada de 8 horas.
Las demás entidades manejan otros sistemas.
Finalmente, existen pocas entidades que ofrecen oportunidades de superación
y crecimiento al interior de las corporaciones, es decir, de un servicio
profesional para la policía. Guanajuato,
Nuevo León y Querétaro son los únicos que ofrecen un sistema profesional para
los elemento de seguridad pública.
¿Qué es lo que nos explica esta situación interna que viven hoy los
policías? En primer lugar, permite identificar
un primer problema: si bien se busca evaluar y depurar las fuerzas de seguridad
pública locales, no se contempla un plan alternativo que resuelva otro
problema: ¿qué hacer con los policías reprobados? No es casual encontrar, en
consecuencia, ex policías involucrados en el crimen organizado. Se atiende un problema pero paradójicamente
genera otro que no se resuelve.
Aunado a lo anterior, no es suficiente con evaluar sino dar seguimiento. La calidad es sinónimo de mejora
continua. Hoy el 20% de los aprobados no
han sido evaluados nuevamente, lo que habla de que los gobiernos únicamente han
cumplido –y a medias- con evaluar mas no de dar seguimiento.
En segundo lugar, tanto la depuración de las fuerzas de seguridad pública
como la falta de seguimiento en su evaluación merman la presencia en número de
éstas. Hoy hay entidades que tienen
menos de 1 policía por cada 1,000 habitantes y a nivel nacional ni siquiera se
llega a la media que propone la ONU.
En tercer lugar, los pésimos salarios y las jornadas laborales extendidas
hablan de condiciones de trabajo deficientes que motivan a ingresar a los actos
de corrupción, que pueden ir desde un soborno hasta la colaboración con grupos
delictivos. No contar con mecanismos de
promoción y ascensos al interior impide la competencia y formación constante de
los elementos para acceder a mejores condiciones de vida.
Estos problemas explican en gran parte por qué la seguridad pública es
deficiente en nuestro país. Los estados son
exigentes en demandar cada año mayores recursos para combatir la inseguridad
pero muy reticentes en aplicar cambios de fondo en sus corporaciones locales y
más aún en informar sus avances. De nada
sirve destinar grandes cantidades de recurso para uniformes, armas, vehículos e
infraestructura si quienes se encargan de garantizar la seguridad pública no cuentan
con condiciones laborales adecuadas.
El tintero.
Un nuevo vídeo que involucra a Francisco Rojas Toledo, candidato por el
PAN a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez, recibiendo presuntamente 1.4 millones de
pesos. Ello indica dos elementos muy
importantes: la corrupción en que está vinculado el candidato panista al
aceptar dinero en efectivo de empresarios a cambio de asignarles obra pública
y; dos, que existe un claro emisor interesado en que se desista de su
impugnación contra el PRI-PVEM que ganó la elección por apenas 745 votos. ¿Seguirán apoyándolo el PAN y PRD con esta
nueva información?
Periodistas de Quintana Roo impugnaron la iniciativa de ley de protección
a periodistas, presentada por el Ejecutivo local, porque ésta no pretende
proteger sino limitar el ejercicio periodístico. No se hace referencia a la protección ante el
hostigamiento de servidores públicos ni de campañas de ataque y desprestigio
contra los periodistas y sus familias.
¿Qué harán los diputados en consecuencia?
(*)
Internacionalista, Maestro en Ciencias en Estudios en Relaciones
Internacionales, investigador independiente y analista político. http://columnapensamiento.blogspot.mx/
